[Con gran satisfacción para el equipo de Dossier geopolitico -DG-, publicamos la entrevista: “Fin de Ciclo para el Neoliberalismo en Perú”, realizada por Leonardo Frieiro de la Revista Espartaco, al colega y amigo Prof. Dr. Anthony Medina Rivas Plata -con quien tuve el Honor en enero de este 2020, en el Castillo del Real Felipe del Callao, Perú. Que fuéramos condecorados por el Instituto de Historia del Ejercito del Peru-. La descripción y el análisis profundo de la crisis política, social y económica del Neoliberalismo que ha estallado en Perú por parte de Medina Rivas Plata, es de lectura obligatoria para entender el génesis y el derrotero de la misma hasta llegar a estos momentos agónicos de un modelo, que ya no puede ocultarse ni en Perú ni en todo nuestro subcontinente suramericano. Carlos Pereyra Mele director de -DG-]

“Fin de Ciclo para el Neoliberalismo en Perú”

América Latina está en movimiento. Hace poco más de un año, la cuna del neoliberalismo hispano era tomada por asalto por una marea de gente que desafió el peso de su propia historia. En Colombia, la organización espontánea de un movimiento nacional huelguístico cruzó el cerco de las élites en un país donde ser de izquierdas está penado con la muerte. En Ecuador, el peso de una traición se tradujo en ira popular y obligó a su presidente a escapar de la capital del país. En una sucesión de acontecimientos, la región andina del continente dejó de ser una salvaguarda del statu quo.

Perú, sin embargo, se mantenía como una incógnita. En un país desangrado por el extractivismo, las crisis de las instituciones políticas no conformaron un movimiento de oposición al régimen político, económico y social.  Las cifras de crecimiento económico -celebradas por las derechas del planeta- fueron solamente disfrutadas por un pequeño grupo de empresas de origen canadiense y chino, pero mantenían en la más llana miseria a las mayorías.

De tanto jugar con fuego, la clase política peruana terminó por quemarse. El 9 de noviembre, el Congreso del Perú destituyó a Martín Vizcarra, presidente del país gracias a la renuncia de Pedro Kuczynski. Su reemplazo, Manuel Merino, duró menos de 5 días en el poder. Su breve interinato fue barrido por la efervescencia de la gente en las calles. Hoy, con Francisco Sagasti como nuevo presidente del Perú, quien intentará gobernar hasta las elecciones de abril de 2021. Perú está en una encrucijada: entre la estabilización del régimen de las élites y la posibilidad, aún en gestación, de un nuevo horizonte.

Hablamos con Anthony Medina Rivas Plata, investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos y profesor de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), sobre la crisis peruana, el movimiento de la sociedad en las calles y las posibilidades de la izquierda en la lucha de un nuevo Perú, en el año de su bicentenario.

LF | Desde las elecciones de 2016, Perú vive una severa crisis institucional. La conformación de un gobierno dividido entre el poder ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el Congreso controlado por el fujimorismo (Fuerza Popular) generó una puja entre poderes. Esa crisis escaló con los escándalos de corrupción que llevaron a la renuncia de PPK y, luego con el cierre del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, se dio paso a una crisis de representación que tuvo como resultado la reconfiguración del precario sistema de partidos peruano. Cuando Vizcarra apenas empezaba a lograr cierta estabilidad, estalló una crisis sanitaria colosal debido a la pandemia del COVID-19. Hoy tanto la vacancia contra Vizcarra como la renuncia de Merino y la explosión de las calles parecen haber desatado una crisis general del régimen. ¿Cómo podemos explicar estas múltiples crisis que se viven en Perú?

AR | Primero, a diferencia de los países que ingresaron en la «ola bolivariana» de la década de los 2000, en el Perú no se concretó un momento constituyente. En Venezuela, Hugo Chávez logró cerrar la crisis producto del desgaste de cuarenta años del “Pacto de Punto Fijo” entre adecos y copeyanos; Rafael Correa cerró el ciclo de inestabilidad política que se abrió con la caída de Abdalá Bucaram en 1997; mientras que en Bolivia Evo Morales logró cerrar la crisis política iniciada por las “Guerras del Agua” del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada.

En Perú, en cambio, con la caída de Alberto Fujimori la transición política fue dirigida por un consenso general logrado entre las élites políticas y élites económicas, con una presencia importante de los partidos históricos que aún llevaban sobre sí el peso de haber sido derrotados por el fujimorismo en 1990, a excepción del partido de Alejando Toledo (Perú Posible), que lideró la llamada “Marcha de los Cuatro Suyos” que condujo al fin del régimen en el año 2000. Se convino entonces de que no era necesario cambiar la Constitución de 1993, ya que esta en buena parte había sido garantía del proceso de apertura comercial y crecimiento macroeconómico del país desde inicios de los 90. Entonces, ahí tenemos un punto de partida que diferencia al Perú de buena parte de los países sudamericanos que pasaron por experiencias similares.

Por otro lado, los partidos políticos que llevaron adelante la transición se encontraban igual de comprometidos en un esquema particular de relaciones entre Estado y Empresa. En la forma estructural en que la corrupción se enraizó en el sistema político peruano se puede ver algo de eso. Usualmente cuando vemos el caso de Odebrecht pareciera que fuese una cuestión muy particular relacionada a Toledo, García o Humala, pero no es así. En realidad, Odebrecht llegó al Perú en 1979, durante el gobierno del Gral. Francisco Morales Bermúdez; lo que significa que todos los presidentes del Perú desde ese momento han, como mínimo, generado algún tipo de acuerdo (o como mínimo, un ‘entendimiento’) que puede extrapolarse a otros grupos de interés menos conocidos, lo cual refleja la extrema debilidad del Estado Peruano frente a presiones de este tipo. Ese acuerdo general de la clase política con los sectores empresariales generó un tipo particular de «pacto político» que también dirigió las pretensiones de los diferentes gobiernos. Alan García durante su segundo gobierno buscó por todos los medios encarcelar a Alejandro Toledo; así como posteriormente Ollanta Humala lo intentaría con el mismo García, y luego PPK con Humala; pero dado que todos ellos estaban incapacitados para denunciar algo sustantivo sin destruirse mutualmente, al final todo quedaba en nada. Así funcionaba el esquema de captura del Estado de Odebrecht, no sólo en Perú, sino en muchos otros países de América Latina.

Además de esto, el «pacto político» de la transición peruana también tenía otra arista: no producir ningún tipo de disrupción que pudiera generar un escenario del tipo «que se vayan todos», que tenga la más mínima chance de poner en cuestión al modelo económico neoliberal-corporativista instituido por la Constitución de 1993. Es ese pacto el que justamente se quiebra como producto de la vacancia de Vizcarra. Su destitución, impulsada por congresistas igual o más insertos en el esquema generalizado de corrupción que él, desató un escenario de revuelta popular. Vizcarra es vacado del poder bajo una figura legal endeble en términos constitucionales: una «incapacidad moral permanente» que originalmente hace más referencia a contar con las condiciones mentales o psicológicas para ejercer el poder y no por cuestiones éticas. Al final, las razones para la vacancia de Vizcarra fueron bastante flojas si consideramos que, de un lado, éstas se remiten a actos de corrupción que supuestamente habrían ocurrido durante su período como Gobernador de la Región Moquegua (2011-2014); mientras que del otro lado el Tribunal Constitucional recientemente se abstuvo de clarificar la figura de “incapacidad moral permanente” con el argumento de “no provocar mayores tensiones políticas en el país”. Guardando las notorias distancias políticas e ideológicas, este parece ser un caso más similar al impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil.

Como digo, con la vacancia de Vizcarra se termina de romper el pacto político y se abre la Caja de Pandora, principalmente porque nadie parecía tener el aval para formar un gobierno de transición sin afrontar una fuerte oposición en las calles. En ese sentido, el breve interinato de Merino fue la peor respuesta posible del sistema. Se notó su improvisación desde el principio, demoró tres días para conformar gobierno y luego sus propios aliados se retiraron a los dos días, dejándolo sin gabinete de ministros. Ni siquiera pudo consolidar un gabinete operativo y la movilización popular ya lo había expulsado del poder.

La revuelta popular contra Merino, aunque efectiva, tenía varias banderas, algunas de ellas bastante contradictorias entre sí: había quienes pedían la restitución de Vizcarra, otros pedían «que se vayan todos» (sin explicar lo que pueda significar eso), y otros por la apertura de un proceso constituyente. Esto es también un síntoma de la situación política en el Perú. Desde la caída del fujimorismo, la protesta popular se ha vuelto amorfa. En la última década, han emergido algunas protestas populares importantes, pero por lo general son reactivas, con agendas muy localistas y casi siempre sin objetivos políticos de fondo (Marcha contra la Reparija, Ley Pulpin, Ley Bartra, etc.). Esta vez, Merino logró funcionar como catalizador de múltiples demandas, y ese carácter catalítico fue lo que hizo que las protestas tuvieran éxito.

Después de la caída de Merino, el Congreso trató de alargar la elección de la nueva Mesa Directiva de la que saldría el nuevo Presidente interino, pero finalmente logró colocar a una persona que no tiene investigaciones abiertas, lo cual, aunque parezca sorprendente, ya es algo bastante difícil de encontrar en la política peruana. Haciendo una lista, sólo nueve de los 130 congresistas se encontraban sin procesos penales abiertos; por lo que naturalmente el nuevo Presidente interino tenía que salir de ese grupo.

El nuevo Presidente, Francisco Sagasti, es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Pennsylvania, ex Jefe de Planeamiento del Banco Mundial y en general es un investigador social con un mayor registro como académico que como político. En general, Sagasti representa un ala ‘modernizadora’ dentro del sector neoliberal, lo que lo acerca bastante a lo que quiso representar PPK en su momento. Dado que Sagasti fue designado para completar el mandato popular electo para el período 2016-2021, no se esperan grandes cambios ni reformas y lo mejor que podemos esperar de su gobierno es que culmine el proceso electoral de 2021 sin mayores sobresaltos. Si Sagasti se sale de este guión y elige seguir el consejo de los ideólogos del ‘destrabe’, la ‘tramitología’ y la ‘flexibilización’ neoliberal, que se prepare para nuevas marchas porque la gente no se lo va a permitir, y el Congreso no va a desaprovechar la menor oportunidad para cosechar a río revuelto.

LF | Desde 2018, varios observadores de la situación en Perú esperan un estallido social similar a lo que ha ocurrido en Chile y -con diferente intensidad- también en Ecuador y Colombia. Si analizamos la historia reciente del Perú con un poco de rigurosidad, podemos ver que sí han existido amplios procesos de movilización popular, pero que suelen caer ante lo que en un análisis anterior describiste como «olvido progresivo», ¿Cómo definirías ese proceso? ¿Por qué pensás que ha sido tan recurrente en las últimas décadas?

AR | Una vez Rafael Correa dijo que «si creían que la prensa ecuatoriana era mala, era porque no habían visto a los medios del Perú», y ciertamente la prensa peruana es muy mala. Creo que hay en el Perú un dispositivo muy poderoso de desinformación, donde el principal objetivo ya no es informal mal, sino directamente dejar de informar. En Perú -y creo que en varios lugares del continente- el entretenimiento (realities, programas ‘de farándula’, y notas policiales intrascendentes) se ha fusionado con la actividad periodística, dando lugar a un amarillismo que no se ha visto ni en los peores días del Fujimorismo. La prensa peruana está gobernada por grandes corporaciones anónimas sin ningún tipo de accountability por parte del público. En las noticias internacionales, apenas aparecen algunas historias sobre Venezuela y Nicolás Maduro, y no mucho más que eso, como una especie de recordatorio constante sobre lo peligroso que puede resultar intentar hacer siquiera el menor cambio al modelo económico o la Constitución. En parte, creo que eso tiene una fuerte incidencia dentro del imaginario de la gente.

Segundo, hay un fenómeno más profundo que llamo la «feudalización del poder», que se expresa en la falta de un punto común de referencia frente al que la gente pueda hacer responsable cuando ocurren cosas malas en el país. En el Perú de hoy, el poder no está en el gobierno. El gobierno de Alberto Fujimori fue el último gobierno en nuestra historia que concentró el poder político y el poder económico bajo una estructura jerárquica y eficiente en donde la crisis económica podía explicarse como producto del agotamiento de un tipo de relacionamiento político en donde el bróker común a todos era el Gobierno. Desde los 2000 hasta esta parte, el poder económico se ha venido autonomizado del poder político de tal manera que los negocios de las grandes corporaciones pueden operar dentro del marco de los actuales Tratados de Libre Comercio firmados por el Estado durante la década pasada, lo cual sumado a la ‘autonomía’ del Banco Central y a una Política Económica dictada aisladamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, termina haciendo irrelevante al inquilino que circunstancialmente ocupe Palacio de Gobierno. Políticamente, vivimos en el Perú lo que Tariq Alí ha llamado «el extremo centro», es decir, un conjunto de ideas fuerza y sentidos comunes de obligatorio cumplimiento que deben respetarse por todos aquellos quienes en algún momento quieran ejercer el gobierno en un país; haciendo indiferentes las identidades políticas tradicionales de izquierda o de derecha.

Por esto, creo que en el Perú estamos entrando en un momento constituyente. Los partidos que hicieron la Constitución de 1993 o ya no existen o ya no tienen la importancia política que tuvieron en ese momento. Y se torna cada vez más notorio que el país necesita de un nuevo pacto entre Estado, Economía y la Sociedad. Ese nuevo pacto debería estar orientado a deshacer el consenso de ‘extremo centro’ que consciente o inconscientemente se ha venido creando en los últimos veinte años, siendo reto actual el de politizar el modelo económico para poner las cifras macroeconómicas al servicio de la gente. Sin embargo, ese proceso de construcción de sentido colectivo es un desafío muy complejo. En Perú todavía se impone una narrativa antipolítica. La principal tarea del movimiento social debe ser el de (re)politizar a la sociedad, para que ésta tome noción de que nuestros problemas radican en el tipo de relaciones existentes entre el aparato del Estado, el gobierno de la economía y la lógica de la sociedad; y que, usualmente, esas relaciones se pueden reconfigurar mediante un proceso constituyente. Si no se alcanza una confluencia política capaz de dinamizar ese proceso, entonces es posible que las protestas continúen el ciclo de movilización y desmovilización que caracterizaron a las propuestas populares desde la caída del fujimorismo, abriendo una ventana para la recomposición del régimen en los mismos términos que hasta ahora.

LF | Hablemos sobre la situación de las izquierdas. Álvaro Campana Ocampo (líder de Nuevo Perú) habló de que en Perú se vive una «megacrisis», pero de la misma manera fue muy duro con la experiencia del Frente Amplio, que terminó por dividirse y no logró enfrentar a las derechas en un momento de crisis institucional. ¿Es posible pensar en una articulación de izquierdas lo suficientemente unificada para dar pelea a las diferentes variables de las derechas -desde el neoliberalismo a ultranza hasta el autoritarismo fujimorista- en las elecciones de 2021?

AR | En la izquierda peruana sigue imponiéndose una lógica en la que se ponderan mucho más las diferencias que los puntos de acuerdo. Por dar un ejemplo algo esquemático: la izquierda más ligada a las tradiciones clásicas critica a las nuevas izquierdas por no oponerse frontalmente al modelo económico de la Constitución del 93; mientras que las nuevas izquierdas critican a éstos por no ser lo suficientemente ‘post-modernos’. Debido a que en el camino olvidan la serie importante de puntos en los que coinciden, la sociedad peruana no termina de sintonizar dentro de los debates que hoy mueven a la izquierda. Paralelo a ambos sectores, se encuentran los «liberales progresistas» (también llamados ‘caviares’) que, si bien no son de izquierda, promueven importantes demandas institucionales y anticorrupción desde la sociedad civil; pero al mismo tiempo, y debido a ciertas inevitables lealtades de clase, no proponen ninguna reforma importante en materia económica. Dado que este sector se siente mucho más cómodo operando desde los márgenes del Estado y la Política (principalmente la academia, los medios de comunicación o la consultoría), veo bastante difícil que ellos se interesen en liderar algún tipo de proceso de «unificación» para la construcción de un proyecto popular de izquierda. Si a todo esto le sumas los avances que se han venido dando desde la derecha antiliberal (evangélicos, libertarianos, teóricos de la conspiración y ultraconservadores de todo pelaje); el campo popular está más dividido y lleno de contradicciones que nunca.

LF | Desde afuera del Perú, vemos a Verónika Mendoza como la persona capaz de llevar adelante un «momento populista», es decir, agrupar a los sectores progresistas que se oponen al statu quo. ¿Crees que esto es correcto? ¿Cuáles pensás que son sus perspectivas para 2021?

AR | Verónika es sin dudas una de las figuras principales de la izquierda en Perú, pero yo no me atrevería todavía a dar nombres sobre qué figura en particular podría llegar a capitalizar desde la izquierda la crisis de régimen que estamos viviendo. Por ejemplo, Verónika estuvo en Cusco hace unos días, y fue abucheada, entre acusaciones de oportunismo. Este tipo de eventos muestran el grado de despolitización de la sociedad peruana, algo que debemos tener siempre presente cuando hablamos de la política en el Perú. El rechazo social de la política -principalmente dirigido contra toda la representación política- golpea también a los liderazgos de la izquierda que emergieron en los últimos años. Es por eso que no creo ni que Verónika ni que ninguna otra figura individual pueda por sí sola encabezar el descontento popular. Mucho dependerá de que las diferentes izquierdas entiendan que estamos en un momento excepcional, y que si no se logra construir una alternativa viable serán otros sectores quienes tomen la iniciativa y recompongan la legitimidad del régimen; incluso mediante un proceso constituyente ‘formal’ que preserve intacto el statu quo.

LF | De igual manera, a diferencia de otros países andinos, parece no haber un vínculo de contacto directo entre los pueblos indígenas y la izquierda, pese a haber protagonizado procesos muy poderosos de movilización, como por ejemplo la crisis de Bagua en el 2009. Pero, pasado el tiempo, ni la izquierda se ha acercado a los movimientos indígenas ni los movimientos indígenas parecen haber logrado organizarse políticamente más allá de sus comunidades. ¿Podría esta crisis transformar esa relación entre los pueblos indígenas y las izquierdas?

AR | El problema es que en Perú no hay un movimiento indígena con la potencia que puede existir en Ecuador y en Bolivia, donde son un factor de veto permanente para los presidentes. En Perú no hay nada ni siquiera similar a la CONAIE ecuatoriana; y esto se debe principalmente a que Perú es un país hiperurbanizado e hipertrofiado: menos del 20% de toda la población peruana vive en el campo, generando una capacidad de agencia política muy limitada. Asimismo, la diferencia demográfica entre Lima y las regiones es muy grande, ya que solo en Lima Metropolitana se concentra la misma población que en todo el territorio de Bolivia, alrededor de 12 millones de personas, en un país de 30 millones de habitantes. La hiperconcentración en Lima es categórica, mientras que la mayor parte del país, principalmente la selva, está despoblada. El efecto político de esa estructura demográfica es claro: quién controla Lima, controla el Perú. El movimiento indígena fue efectivo en algunos episodios de la lucha contra el extractivismo, pero su movilización política más allá de eso no ha generado respuestas sostenidas en los últimos años. Dentro del movimiento indígena tampoco hay liderazgos claros, por lo cual se dificulta que se generen los interlocutores que pudieran llegar a las vincular las demandas indígenas con las de la izquierda. A diferencia de lo que ocurre en Ecuador, aquí las organizaciones indígenas no se suelen proclamar políticamente a favor o en contra de uno u otro candidato a las elecciones presidenciales.

LF | El 28 de julio próximo será el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Cómo esperas que el país se enfrente al simbolismo de esta fecha?

AR | Perú, como buena parte de América Latina, sigue siendo un país dependiente de las materias primas, bajo el régimen de las empresas de capital extranjero que controlan la estructura productiva del país. Creo que la llamada «Generación del Bicentenario» ha sido la mayor novedad de las últimas semanas, en donde se vio como parte del campo popular y clasemediero urbano logró romper con la inercia neoliberal que criminalizaba la protesta social como elemento de estabilización del régimen. En estos días aprendimos que la calle no solo puede sacar presidentes, sino también ponerlos. Que Francisco Sagasti sea Presidente del Perú hoy, refleja una juventud y una calle capaz de vetar alternativas distintas que hubieran provenido, por ejemplo, de entre los congresistas que promovieron la vacancia. Es un cambio pequeño, pero importante, en comparación con la ‘normalidad’ neoliberal de los últimos veinte años. Lo que sigue ahora es lograr canalizar esas energías hacia un movimiento coherente, que, vistas las posibilidades para una Asamblea Constituyente, ofrezcan un camino claro hacia el Perú que queremos.

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