“No hay presente histórico sin recuerdos y sin presentimientos”
Raymond Aron
Desde el retorno de la democracia en 1983 la dirigencia política argentina ha mantenido y profundizado dos consensos respecto de la política de defensa. El primero de ellos ha sido un notable acierto y consiste en la diferenciación conceptual entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Ambas habían sido mezcladas y confundidas desde los 60 en la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada por los EEUU y asumida como legitimación de las dictaduras militares latinoamericanas. En el contexto de la Guerra Fría la tarea pregonada por el Pentágono para nuestras fuerzas armadas era la defensa de las fronteras ideológicas y la represión interior. Entonces la Ley de Defensa (Ley N° 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (Ley Nº 24.059) plasmaron legalmente la superación política y conceptual de aquella Doctrina de Seguridad Nacional. Ambas leyes convirtieron en excepcionales los casos en que las FFAA argentinas pueden realizar tareas internas. Desde fines de los 80 hasta hoy, no existe cambio alguno que haya modificado la naturaleza de las amenazas posibles a nuestra Defensa Nacional. O mejor dicho, el único cambio real es que sin Guerra Fría el Pentágono pregona a los latinoamericanos una reconversión de sus FFAA en la doctrina de “las nuevas amenazas” (narcotráfico y terrorismo). Ninguno de los países latinoamericanos que la adoptaron ha tenido buenos resultados y en general han empeorado sus problemas.
El otro consenso es uno negativo sobre el rol de las FFAA que viene desde 1983. Es de orden práctico, de ejecución de políticas públicas y podemos sintetizarlo en la idea de indefensión soberana. Me refiero a la constante degradación presupuestaria y material de las FFAA desde la guerra de Malvinas hasta la desaparición del ARA San Juan. Más allá de algunos parches, nuestras fuerzas armadas vienen perdiendo capacidades para afrontar cualquier conflicto convencional, y por lo tanto, para cumplir con las funciones que le asigna la Ley de Defensa. Sin aviones de combate, sin blindados modernos, sin misiles de todo tipo y perdiendo buques de alta mar por efecto de las propias decisiones y omisiones soberanas de nuestros gobiernos nos hemos puestoen una situación de indefensión. Indefensión soberana dado que no hemos firmado un Tratado de Versalles que nos obligue al desarme después de haber perdido una guerra. Las compras de material que anunció el gobierno y que ejecuta dudosamente van en el mismo sentido de darle a nuestras FFAA un perfil centroamericano, es decir, sin el armamento pesado y avanzado que exige la disuasión frente a un posible conflicto convencional con otro Estado. Aquí suelen aparecer los planteos sobre la falta de hipótesis de conflicto. El senador Pino Solanas, que no puede ser sospechado de militarista, ha señalado en estos días por televisión lo evidente, la cuestión Malvinas. Un territorio ocupado por una potencia colonial extranjera que realiza ejercicios militares continuamente pese a la continuidad de nuestra política de indefensión soberana. Los británicos también enfrentan restricciones presupuestarias militares pero mantienen y renuevan su capacidad disuasiva en las islas. ¿Son irracionales? No, no lo son. Simplemente entienden desde hace siglos que la guerra es parte de la realidad política del mundo y que su suerte en un conflicto no puede quedar meramente librada a la voluntad del enemigo. No olvidan que el otro también juega. De hecho, en 1982 casi lo habian olvidado y la irracionalidad de la Junta los despertó. Entonces el otro no solo juega sino que también puede jugar irracionalmente.
«EL OTRO CONSENSO ES UNO NEGATIVO SOBRE EL ROL DE LAS FFAA QUE VIENE DESDE 1983. ES DE ORDEN PRÁCTICO, DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PODEMOS SINTETIZARLO EN LA IDEA DE INDEFENSIÓN SOBERANA. «
La geopolítica, disciplina maldita para liberales y progresistas argentinos, nos recuerda que las Malvinas, el Mar Argentino y la Antártida son un mismo combo que puede verse alterado por los efectos inesperados del cambio climático y el cambio tecnológico. El cambio tecnológico ya permite explorar y extraer recursos naturales en un territorio virgen de formas que no estaban disponibles en la época en que se firmó el Tratado Antártico. Y aca otra vez lo mismo, lo único que hace respetar ese tratado es la falta de voluntad de romperlo por sus signatarios más fuertes. Es decir, el equilibrio de fuerzas políticas, económicas y militares. Vivimos tiempos de alteración en de equilibrios de poder y redefinición geopolítica, como recientemente han experimentado en carne propia muchas zonas del mundo que antes eran consideradas relativamente estables (Siria, Libia y Ucrania, por ejemplo). Nuestras Fuerzas Armadas deberían poder tener la capacidad de defender nuestra soberanía y disuadir cualquier amenaza sobre nuestros derechos en el Mar Argentino y la Antártida y ser parte inteligente de una política pacífica de recuperación de la soberanía efectiva sobre Malvinas. A ello hay que agregarle la defensa del vacío desprotegido de la Patagonia, reserva de materias primas, y del Acuífero Guaraní, tercer reservorio mundial de agua dulce. Perón decía en los 70 sobre las reservas de materias primas que “la historia prueba que cuando los grandes y fuertes han necesitado de ellas, las han ido a tomar por las buenas o por las malas. (…) Solamente si podemos defendernos -y estamos en condiciones de hacerlo- podremos, si no sacar ventaja, por lo menos obtener justicia en ese proceso de universalización que será la organización de la tierra. (…) porque en momentos de crisis de materia prima y comida, las vendran a tomar aquí y, si no nos preparamos, las tomarán incluso por teléfono”.
Un argumento,en alguna medida sobreentendido o dicho por lo bajo por algunos y que racionaliza este consenso negativo es que la debilidad del FFAA funciona como una especie de garantía para su subordinación al orden constitucional. Si bien ese argumento podía sonarle racional a muchos en la época de las sublevaciones carapintadas, sostenerlo en la actualidad equivale a reconocer la impotencia de la política y la justificación retroactiva del desguace del neoliberal del Estado. En el actual contexto internacional es un ejercicio ideológico de antimilitarismo suicida que desemboca en el desarme unilateral y la indefensión soberana.
«UN ARGUMENTO,EN ALGUNA MEDIDA SOBREENTENDIDO O DICHO POR LO BAJO POR ALGUNOS Y QUE RACIONALIZA ESTE CONSENSO NEGATIVO ES QUE LA DEBILIDAD DEL FFAA FUNCIONA COMO UNA ESPECIE DE GARANTÍA PARA SU SUBORDINACIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL.»
A esta altura resulta bastante evidente que pensar y ejecutar una política de Defensa que no sea más de lo mismo requiere de algo parecido a estadista. Una dirigencia capaz de mirar más allá de lo inmediato y de los argumentos enlatados de las consultoras. Una dirigencia capaz de afrontar la realidad de un mundo que no se ajusta a los marcos ideológicos de un experimento de optimismo globalista como el que actualmente dirige al país.
El actual decreto del gobierno (Decreto 683/2018), que motiva la polémica pública, tiene el grave problema de querer modificar la Ley de Defensa sin pasar por el Congreso Nacional. En su artículo 5 le asigna funciones al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de custodia de objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley de Defensa que en esa ley solo corresponden a la Prefectura y a la Gendarmería. Tanto la Ley de Defensa como la Seguridad Interior establecen mecanismos excepcionales (Comité de crisis, estado de sitio) para la utilización de las FFAA en el ámbito interno. Estamos en presencia de otro intento de avance del consenso negativo de la indefensión soberana por sobre el consenso positivo establecido por la Ley de Defensa. En esto el gobierno cambiemita es una continuidad y profundización de la lógica previa del deslizamiento constante en la indefensión soberana que es convergente con la doctrina del Pentágono. El deterioro de las fuerzas las va convirtiendo de hecho en algo residual y facilita las presiones por abandonar los parámetros de la Ley de Defensa.
En la coyuntura inmediata, el planteo del gobierno apunta a liberar gendarmes para afrontar un posible aumento de la conflictividad social producto del plan de ajuste pactado con el FMI. Con el bonus de ser un gesto que le permita de recuperar imagen frente su electorado más sensible a las cuestiones de orden público y seguridad. Esto sintoniza con el perfil centroamericano de fuerzas armadas, cuya principal tarea es la represión interna disfrazada y justificada por la doctrina de las “nuevas amenazas”. Se promueve así la conversión de las FFAA en suerte de policía militarizada orientada a la seguridad interior incompatible con la defensa del interés nacional y la integridad territorial del Estado argentino.
«SE PROMUEVE ASÍ LA CONVERSIÓN DE LAS FFAA EN SUERTE DE POLICÍA MILITARIZADA ORIENTADA A LA SEGURIDAD INTERIOR INCOMPATIBLE CON LA DEFENSA DEL INTERÉS NACIONAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO ARGENTINO.»
Por último, pero no menos importante, la cobertura de los anuncios hechos por el gobierno incluyen versiones sobre la relocalización y fusión de bases militares, lo cual permite sospechar que tras la excusa del ajuste, la austeridad, la eficiencia y la modernización, opere la intención de vender terrenos e instalaciones para negocios inmobiliarios o el uso de bases al estilo Flybondi. Nada puede sorprendernos en este sentido de un gobierno de derecha posmoderna cuya imprevisión ya hemos visto fracasar en el área económica. En su momento todos los llamados a la prudencia respecto de la vulnerabilidad de su política de endeudamiento externo se estrellaron contra el muro de optimismo babieca al que después le “pasaron cosas”. Poco se le puede pedir a una mentalidad deshistorizada y deshistorizante que carece de percepción y profundidad sobre las condiciones de posibilidad necesarias para la viabilidad de sus políticas y del propio Estado Nacional.
Facundo Álvarez
Peronista y federal. Politólogo, docente universitario. Me quedé en el 45. Vivo en la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ayres.
