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El pasado 25 de febrero la Corte Internacional de Justicia a requerimiento de la Asamblea General de la ONU emitió una opinión jurídica que sin ser una cuestión de política internacional tendrá inevitablemente incidencias políticas en el mediano plazo y que tendrán incidencia sobre el secular reclamo argentino sobre los archipiélagos atlánticos australes, concretamente MALVINAS. Trataremos de acercarnos a un tema que en su apariencia exótica no está desvinculado de nosotros y sin embargo parece haber tenido poca difusión de parte del actual gobierno argentino.

El Archipiélago de Chagos forma parte de la antigua colonia británica de Islas MAURICIO y está en el centro del Océano ÍNDICO, independizada en 1968 del Reino Unido. Pero a la que tres años antes este desmembró políticamente de Isla Mauricio autorizando la instalación de una base aeronaval de los EEUU en él. Y que hoy es un enclave denominado DIEGO GARCÍA, el que durante toda la Guerra Fría fue estratégicamente importante y que en los presentes despliegues y arribos de potencias emergentes al Océano Índico ha cobrado una importancia mucho mayor. Es conveniente sopesar las implicancias geopolíticas para entender sus alcances.

Este enclave tiene proyecciones hacia África por el oeste, hacia India, Indonesia y Australia por el noreste. Y hacia el norte hacia el denominado Polígono de los Cinco Mares (Mar Rojo, Mediterráneo Oriental, Mar Negro, Caspio y obviamente el Índico) Este espacio enmarca Cercano Oriente y Asia Central la zona más conflictiva del planeta. Donde inevitablemente se rozan los intereses de casi todas las potencias mundiales, varias de ellas en capacidad nuclear ostensible.

La Corte Internacional decidió por unanimidad casi total de trece miembros a uno que la separación del Archipiélago de CHAGOS de Islas Mauricio carece de legalidad. Siendo responsabilidad del Reino Unido finalizar dicha separación como parte de la descolonización de Islas Mauricio de hace más de cincuenta años, exhortando a todos los Estados a cooperar en ese proceso.

Abordando ahora a la problemática que nos implica, cuál es la reivindicación argentina de Malvinas, que tiene carácter de irrenunciable para el Estado Argentino por mandato constitucional. Conviene recordar que desde 1965 por la resolución de la ONU se exhortó al Reino Unido y a la República Argentina a negociar el tema de la soberanía sobre nuestro archipiélago, ya que el tema de Malvinas debía insertarse en la descolonización de las mismas. Una cuestión que las Naciones Unidas consideran ineludible. Y que el REINO Unido jamás aceptó.

Hay que recordar también que las Naciones Unidas tampoco aceptaban un eventual desmembramiento de los territorios a descolonizar, que es justamente lo que ha ocurrido con Islas Mauricio y el Archipiélago de Chagos por parte del Reino Unido. La República ARGENTINA acompañó el pedido de consulta a la Corte Internacional la que no solo se expresó en tal sentido sino que además recordó su carácter de cumplimiento obligatorio para todos los Estados Miembros.  

Es sabido históricamente que el imperio talasocrático británico construyó su predominio como potencia ultramarina a partir del control en todos los océanos del mundo de enclaves marítimos en pasos centrales o interoceánicos. Y que esa experiencia transferida a tiempos modernos es uno de los aportes más importantes de su participación en la OTAN, volcada no solo al Atlántico Norte sino a todos los mares del mundo. Constituyendo el único caso en el mundo de una alianza militar constituida durante la Guerra Fría para contención de la Unión Soviética y que, desaparecida está, la sobrevivió para actuar de reaseguro armado a los intereses de sus miembros en el lugar del planeta en que fuere necesario.

En resumidas cuentas la púa de su compás, bien afirmada insularmente es el cimiento desde donde se proyecta el otro brazo del mismo, marcando hasta dónde llega su pretendida área de influencia.

Pero este no es el único punto a analizar de la actuación del Reino Unido en el caso del diferendo del Archipiélago de Chagos y la reclamación argentina sobre Malvinas. EN 1965 fuerzas de marinería británica expulsaron manu militari de las islas del primero a la población originaria allí existente, para posibilitar la construcción de la base aeronaval norteamericana de DIEGO GARCÍA.

Y en ese mismo año el Reino Unido que desoía la resolución de la ONU de tratar el tema de la descolonización de MALVINAS con la Argentina mantenía a la gran mayoría de la población malvinera residente de ascendencia inglesa con rango de ciudadanos de segunda. Y todos sus problemas debían canalizarse por un organismo por entonces de rango inferior denominado oficina de asuntos coloniales, pero no precisamente por el Foreing Office. Desde 1976 los “kelpers” venían reclamando otro trato infructuosamente, aun con la intercesión de Lord Shackleton|. Pero recién en diciembre de 1982 el gobierno Thatcher les otorgó el rango de ciudadanos de primera a posteriori del conflicto con la Argentina de aquel año.

Es bastante habitual, por parte de algunos Estados, para disimular la apetencia de un interés geopolítico esgrimir razones de humanidad, de salvaguarda de principios jurídicos o de preservación del medio ambiente. Y cuando los acontecimientos se precipitan o se actúa por la fuerza alegando que se está frente a un “hecho consumado”. O se invoca una irreversibilidad que siempre será mucho más difícil o costosa que el dejar las cosas como están.

En el caso del Archipiélago de CHAGOS en el debate en la Asamblea General de la ONU sobre un total más de 170 Estados presentes 94 votaron por el reintegro a Isla Mauricio, a favor del Reino Unido votaron 15 y por la abstención colectiva los restantes miembros presentes. A raíz de ello se resolvió en 2017 la remisión en consulta del caso a la Corte Internacional de La Haya con el resultado antes expuesto, también negativo para el Reino Unido.

En términos legales el caso es de un cumplimiento muy complicado para Inglaterra y por extensión para EEUU. Para concretar la cesión y poder construir la base aeronaval hace más de cincuenta años fue necesario expulsar a la totalidad de la población autóctona, sin importar su nacionalidad. Los expulsados que hoy reclaman su retorno, frente al hecho consumado tienen que hacer valer un derecho para lograrlo. Y estos nuevos “kelpers” no parecen querer optar por otra cosa que no sea lisa y llanamente la vuelta a la heredad de la que fueron desalojados por los ingleses.

Volviendo al inexorable realismo del análisis geopolítico debe observarse  a cada uno de los implicados en este diferendo por ahora jurídico diplomático. Comenzando por los EEUU asentados militarmente en DIEGO GARCÍA. La base allí creada tiene grandes dimensiones incluyendo aeropuerto con una pista de 3500 ms, un embarcadero naval mediano, una red de excavaciones subterráneas secretas de protección antinuclear y un gran número de instalaciones de seguimiento satelital. Un verdadero punto clave de la OTAN en el centro del Índico. Abarcando todo ello la casi totalidad de la superficie insular demográficamente aprovechable del archipiélago de CHAGOS. Superiores en dimensiones a Guantánamo en Cuba y casi igual a Guam y Tinian en las islas Marianas del Océano Pacífico. Es oportuno recordar que estas últimas fueron tomadas a sangre y fuego a Japón durante la IIGM. Y también desde entonces fueron ocupadas en su totalidad geográfica por instalaciones militares. Habiendo migrado por ello la casi totalidad de su población autóctona. Teniendo el privilegio sui generis de haber sido el punto de partida de los primeros ataques nucleares de la historia.

La actual República Mauricio reivindicadora en derecho del Archipiélago de Chagos está físicamente separada del mismo por unas 2000 millas náuticas. Carece de una flota comercial o de guerra y su potencial económico se nutre de la venta de especies como en los tiempos de Vasco Da Gama y actualmente de un incipiente turismo. Es también la más superpoblada de las islas circundantes a Madagascar. Es evidente que su peso político económico es ínfimo, siendo su principal baza tan solo la argumentación jurídica y diplomática.

Difícil situación en una época en que los estados nacionales tienden a ser desvalorizados por los superpoderes agrupados en bloques políticos, económicos y militares en la contienda por el predominio planetario.

Y por otra parte el Océano Índico al presente ha dejado de ser un mar de paso para convertirse en uno de los escenarios de las pujas de supremacía del poder mundial. Durante la GUERRA FRÍA la tensión estaba reducida al Bloque anglosajón y la URSS de entonces. Al presente los actores van desde el mismo bloque anglosajón hasta la emergente República China convertida en potencia naval hasta India e Irán ambas empeñadas en crecer como potencias navales y aéreas.

Hace treinta y siete años el Reino Unido, con el apoyo explícito de los EEUU, fue a la guerra del Atlántico Sur para rescatar a un puñado de “kelpers” que se sentían británicos retenidos por un Estado al que consideraban “agresor”. Hoy un puñado de expulsados originarios de Chagos reclaman en calles de Londres para retornar a su tierra ocupada. No quieren ser británicos, sino vivir en su lugar de origen hoy convertido en una fortaleza. Buen interrogante el que al presente podemos plantearnos desde el Atlántico Sur sobre la situación presente y futura del Océano Índico nosotros los argentinos que vivimos una guerra para conservar una heredad propia ocupada por la fuerza un siglo antes: las ISLAS MALVINAS. ( Continuará )

                                                     Dr. Carlos Alberto Moreno

                                Responsable zona sur del Instituto Superior Arturo JAURETCHE

                                            Colaborador del Equipo Dossier Geopolítico

El pasado 2 de Abril de 2019; la prensa nacional informa que el Gobierno del impopular Presidente de Argentina Ing. Mauricio Macri, NO utilizara los contundentes argumentos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Gran Bretaña por el Tema MALVINAS; una decisión que afecta los intereses permanentes de la Nación y la proyección Geopolítica de la República Argentina y que deberá ser considerada por las Cámaras Legislativas de la Argentina y la Justicia Federal, sino no nos encontramos ante una flagrante accion de no cumplimiento de de los deberes de funcionario Público y otros artículos del Código Penal Argentino.

Prof. Lic. Carlos Pereyra Mele Director de DG

Diario Clarín –  Fallo por Chagos

Pese a un reciente caso testigo, el Gobierno no llevará Malvinas a la corte de La Haya

La Corte de la Haya decidió que Chagos, un archipiélago en el Océano Índico, debe dejar de ser administrado por Gran Bretaña. El caso tiene similitud con Malvinas.

Fuente: https://www.clarin.com/politica/pese-reciente-caso-testigo-gobierno-llevara-malvinas-corte_0_CakkA3IV_.html?fbclid=IwAR1xrAYVwclKHYxku-cPBclcRL-IkauSGgZLrLLH3jhWnDGcB7zsgt0m3ig

A 37 años de la guerra

Documentos históricos prueban la soberanía sobre Malvinas antes de la ocupación británica de 1833

Fuente: https://www.clarin.com/politica/documentos-historicos-prueban-soberania-malvinas-ocupacion-britanica-1833_0_LLo89qJAM.html

EL OSCURO TRATADO DE MADRID A PROPÓSITO DEL 2 DE ABRIL DE 1982-2019

Cuando el 2 abril de 1982 la Argentina recuperó Malvinas debió conocer los riesgos de semejante decisión. Era más fácil imaginar que ese General, ex comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes y, afecto al whisky, podía ser elegido presidente de facto de la Argentina, que suponer que el Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.), con su historia y frente al resto de las potencias, aceptaría sin más, abandonar las Islas. Oficiales, suboficiales y soldados argentinos cumplieron la consigna de tomar Malvinas en forma incruenta y, luego, combatieron heroicamente, pese a la incapacidad de la conducción general, una estrategia errónea y, la falta de armamento suficiente y moderno, para enfrentar con éxito a una de las armadas más importantes del mundo. Muertos y heridos fueron un pago lacerante y excesivo de la lucha y, sin embargo, ya nada hacía suponer que algo peor podría suceder (materialmente hablando) que aquel 14 de junio de 1982; pero, la recuperación legítima de 11.410 km2 de territorio argentino, nos llevó -por el pésimo desempeño del Poder Ejecutivo, la diplomacia y los legisladores- a perder gran parte del Atlántico Sur y el Océano Antártico.

Algunos argentinos dicen, que hubiera sido mejor ser colonizados por los ingleses que por los españoles. Todavía no se dieron cuenta, que sí, que -mal que nos pese- nos colonizaron los británicos, los mismos que se quedaron con Malvinas en 1833 y tienen a tiro de misil la Patagonia y la Antártida. Cuando el 12 de agosto de 1806 echamos (o, mejor dicho, los orientales y españoles) a los ingleses de Buenos Aires, comenzó un largo y silencioso derrotero de ocupación inglesa, con la complicidad de gobernantes y la tolerancia o interés de los ciudadanos informados. Nosotros podemos ser amigos del “simpático” Mark Kent, incluso hacerlo de Racing, porque a los ingleses nos une la tradición futbolera e hípica, pero, tenemos memoria.

«De los esfuerzos de este día, depende la suerte de la América del Sud», diría el Gral. Antonio José de Sucre a sus soldados, al iniciarse el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, que terminaría con los realistas españoles en América. No sabía, que dos meses después, el 2 de febrero de 1825, se firmaría el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación» entre el R.U. y las Provincias Unidas del Río de la Plata, tratado, que luego repetiría Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, transfiriendo la conducción económica y financiera a los británicos y, ello, no impidió, que entre 1857 y 1955 más de 2 millones de españoles emigraran a Argentina, en su gran mayoría gallegos, de ahí la forma genérica con la que solíamos nombrar, a quienes fueron un importante motor del desarrollo nacional incipiente.

En ese Tratado se estableció una “Perpetua Amistad”, pero no frenó al R.U. que, en forma oscura y traidora, invadió Las Malvinas en 1833 y, estableció, una serie de privilegios, como transformar en inembargables sus posesiones, la libre navegación en mares y ríos, la aplicación de la “cláusula de Nación más favorecida” en todos los negocios, incluso, más que las que pudieran recibir las empresas argentinas. Se ratificó en el Tratado Roca-Runciman suscripto en Londres el 1 de mayo de 1933 y, en las Declaraciones Conjuntas del 19 de octubre de 1989 y, 18/19 de diciembre de 1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14/15 de febrero de 1990, comúnmente llamado Acuerdo de Madrid y, en el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones” en Londres el 11 de diciembre de 1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley del Congreso de la Nación Nº 24.184.  

El Dr. Julio C. González (Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, 1998), a quién aprovecho para rendirle mi más justo reconocimiento, por ser el primero, que en sus artículos de “La Prensa” (15/3/1990) y en “El Informador Público” (1993), desenmascaró con valentía y dignidad ciudadana este ruin Tratado, quien oportunamente entendió que, «el vocablo “declaración” es inapropiado e improcedente, ya que, cuando tal manifestación genera obligaciones recíprocas para los Estados que la suscriben y para terceras organizaciones jurídicas internacionales, el término que debe usarse es “Tratado”, y, por lo tanto, si no media aprobación del Congreso no habrá de ser obligatorio para la República ni tendrá el carácter de ley suprema de la Nación».

El promotor de estos últimos Tratados fue el entonces Canciller y luego Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, con el apoyo de gran parte del arco político nacional.

Estos Tratados terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos y, la devolvieron, a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio y defensa de la Ley 17.094 (Roberto Roth) a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos. Un país colonizado, que, pese a tener ocupado por los ingleses 1.639.000 km2 de su territorio marítimo, declara no tener hipótesis de conflicto y desarma sus fuerzas armadas. Un lugar, donde bajo pretexto de la globalización, se extranjeriza el idioma y los hábitos culturales y alimentarios.

La inducción británica es tal, que nadie, a costa de ser calificado “de cabotaje” se anima a denunciar estos Tratados y, muy especialmente el de “Madrid”, aunque sea ignominioso y, hayan transcurrido ya casi treinta años. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en él, para firmar declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.

Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley Nº 23.968 (10/9/1991) de los “espacios marítimos” que determinó las líneas de base y la Ley Nº 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR,  a cuya sanción -modestamente- nos opusimos sin éxito con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que le permitieron al R.U. considerarse -en forma ilegal- como un país ribereño en Malvinas y, promover, en la actualidad, la multilateralidad regional del control de las pesquerías, para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino; motivo por el cual, hoy insistimos en oponernos a la ratificación del Acuerdo de Nueva York y al Convenio del Atún.      

Casi todos hacen silencio. Hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. Los que solo se enervan cuando se trata de alentar a los connacionales en las competencias deportivas o en las discusiones políticas inconducentes.

Para iniciar las negociaciones que derivarían en el Tratado de Madrid, la Cancillería le encargó al Embajador jubilado Lucio García del Solar, las tratativas con el Encargado británico ante la ONU Sir Crispín Tickell y éste se reunió a solas el 16/17 de agosto de 1989 en Nueva York. El Embajador inglés le dijo al argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que existe, en la práctica, una FICZ (una zona de exclusión pesquera). No le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García del Solar respondió: «…El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ». Ello significó la extracción de recursos pesqueros argentinos, desde 1976 a la fecha, por un valor comercial final de hasta 148 mil millones de dólares, motivo por el cual, los habitantes de Malvinas tienen uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y, como veremos, el control militar británico lejos de reducirse se amplió. Su intervención en el Tratado de Madrid opacó, lamentablemente, su trabajo en la redacción de la Res. de la O.N.U. Nº 2065.

Argentina y el R.U. acordaron, en primer lugar, aplicar “la fórmula inglesa del paraguas”, con la cual, ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significara reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Las consecuencias están a la vista, en 1982 los británicos ocupaban Malvinas y tres millas alrededor, hoy, invaden y explotan las Islas y doscientas millas, crearon una reserva de 1 millón de km2, reivindican derechos sobre la plataforma continental y la Antártida Argentina. Quiebran todas las Res. de la O.N.U. Nº 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73 y 3175/73 y, nosotros permanecemos congelados, declamando ante los foros internacionales.          

Dejaron sin efecto la Zona de Protección Militar (FIPZ) alrededor de Malvinas, pero establecieron un «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca», y otros, que de transitorio no tienen nada, que obliga a la Armada Nacional y, a la Fuerza Área Argentina (al Ejército no se lo incluyó) a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, cedimos nuestra soberanía territorial, de defensa nacional y autodeterminación, en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino a los británicos, frente, a la misma Patagonia y Antártida Argentina. ¿Hay algún argentino informado que se crea que nuestro país tiene solo ocupada Malvinas, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y, que el gobierno de turno le diga, graciosamente, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto?

Se estableció también, que ambos gobiernos se intercambien información sobre todo el movimiento pesquero entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas ilegalmente alrededor de Malvinas por los británicos; además, evaluar en forma conjunta esa información y, buscar formas de cooperación, aún a sabiendas, que el R.U. no tenía capacidad alguna para investigar y conservar los recursos y, por el contrario, la Argentina, a través del INIDEP aportaría sus científicos y buques para hacerlo y, ahora, en este mismo, momento, lo está haciendo.

No es casual que, en ambos casos, los británicos determinaran el límite sur en el paralelo 60º S, ya que es el límite norte del Océano Antártico y el Área de aplicación del Tratado Antártico y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), donde no se puede realizar ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico, están prohibidas, entre otras, todas las medidas de carácter militar e interesa preservar el Continente Antártico y las aguas que lo rodean, exclusivamente, para fines pacíficos.

Por otra parte, se pactó la posibilidad de que los isleños puedan tener relaciones comerciales con el continente, lo que es muy razonable, en atención a que, si es un territorio argentino, es lógico entender que las islas puedan efectuar intercambios con esta parte del país, pero, es un absurdo que los visitantes del continente deban sellar sus pasaportes como si ingresaran a otro país o no puedan adquirir propiedades o realizar negocios en Malvinas.     

También se acordó comenzar las negociaciones de promoción y protección de las inversiones inglesas en la Argentina y de nuestro país en Gran Bretaña, esta última, de aplicación imposible, pero destinada a dar la sensación de un acuerdo equitativo, donde se estableció, que los inversionistas tendrían la libre disponibilidad de sus bienes; se les otorgaría la condición más favorable que a cualquier otro Estado; se los indemnizaría por la pérdidas; no se podría expropiar o nacionalizar a las empresas británicas; se les garantizará la trasferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias a los países de origen; el sometimiento de las controversias a los Tribunales Internacionales y al CIADI; pudiendo extenderse las disposiciones de este Tratado a Malvinas y otros territorios de Ultramar.  

Acordaron la factibilidad de un Acuerdo de Cooperación, que la Argentina rápidamente efectivizó, facilitándole vuelos a y desde Chile y San Pablo a Malvinas; aceptando la puesta en marcha de una Comisión Conjunta de Pesca que les permite a los isleños conocer la biología de los recursos que migran a Malvinas y en el área donde las empresas extranjeras licenciadas por el gobierno ilegal de Malvinas pescan; acordó un área de reserva al este de Malvinas para impedir la pesca ilegal y fortalecer el otorgamiento de licencias pesqueras en Malvinas; aceptó sin queja alguna, la ocupación de facto de 1.900 km2 en un espacio denominado GAP al norte de Malvinas y por fuera de las 200 millas de las islas donde se concentran grandes contingentes de calamar; vedó la captura del calamar a los buques argentinos para asegurar la llegada de esta especie a Malvinas para que pudiesen ser capturados por los buques extranjeros con licencia británica. Una sostenida “colaboración unilateral” de Argentina que nunca tuvo contrapartida británica y, sirvió para consolidar la ocupación inglesa en Malvinas.

Casi nadie está exento de responsabilidades. El recientemente fallecido Dante Caputo fue el gestor inicial del Tratado de Madrid y, no pudo concluirlo porque se aceleró el fin del gobierno en 1989, pero luego, como Diputado, dio su voto afirmativo al Protocolo de Garantías de Inversión en 1992. Los Tratados los terminó concretando Cavallo y, casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones partidarias transformaron en Ley el proyecto elevado (Mensaje Nº 203) por Carlos Menem, Guido Di Tella, Domingo Cavallo y León Arslanián, que, según Julio C. González «fue redactado por el Foreign Office» (Ob. Cit pág. 129).

A todo esto, nuestra debilidad es creciente, el Proceso echó a “Isabelita” Martinez de Perón y, adujo, que «el país estaba al borde de la disolución nacional» con una deuda externa de siete mil ochocientos millones de dólares y, hoy debemos 327.167 millones de dólares, que representan el 77% del PBI.

En 2016, los Cancilleres Malcorra y Faurie ratificaron el Tratado de Madrid para llevar adelante el pacto Foradori-Duncan y seguir entregando nuestros recursos a cambio de absolutamente nada.

¿Diplomáticos probritánicos? No necesariamente. Política, estratégica, educación y, resultados probritánicos. Nuestros maestros debieran enseñar a sus alumnos, que en 1806 en las “Invasiones Inglesas” no los echamos a los ingleses con aceite, al contrario, ellos se dieron cuenta y volvieron, porque en este gran país, hay muchos recursos naturales para explotar y los argentinos pareciera que seguimos sin darnos cuenta de ello. Mientras tanto, Malvinas, son como el unicornio azul, son nuestras y las queremos.     

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Dr. César Augusto Lerena

Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

2 de abril de 2019


Entrevista realizada al Prof. Lic. Carlos Pereyra Mele Director de Dossier Geopolitico por el Periodista Guruceta para el Programa con Sentido Común que se transmitió para Canal «C» y la Tv Cooperativa Argentina en 2 parte

Parte 1


Parte 2
Bases Inglesas

“No hay presente histórico sin recuerdos y sin presentimientos”

                                                                                                        Raymond Aron

Desde el retorno de la democracia en 1983 la dirigencia política argentina ha mantenido y profundizado dos consensos respecto de la política de defensa. El primero de ellos ha sido un notable acierto y consiste en la diferenciación conceptual entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Ambas habían sido mezcladas y confundidas desde los 60 en la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada por los EEUU y asumida como legitimación de las dictaduras militares latinoamericanas. En el contexto de la Guerra Fría la tarea pregonada por el Pentágono para nuestras fuerzas armadas era la defensa de las fronteras ideológicas y la represión interior. Entonces la Ley de Defensa  (Ley N° 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (Ley Nº 24.059) plasmaron legalmente la superación política y conceptual de aquella Doctrina de Seguridad Nacional. Ambas leyes convirtieron en excepcionales los casos en que las FFAA argentinas pueden realizar tareas internas. Desde fines de los 80 hasta hoy, no existe cambio alguno que haya modificado la naturaleza de las amenazas posibles a nuestra Defensa Nacional. O mejor dicho, el único cambio real es que sin Guerra Fría el Pentágono pregona a los latinoamericanos una reconversión de sus FFAA en la doctrina de “las nuevas amenazas” (narcotráfico y terrorismo). Ninguno de los países latinoamericanos que la adoptaron ha tenido buenos resultados y en general han empeorado sus problemas.

El otro consenso es uno negativo sobre el rol de las FFAA que viene desde 1983. Es de orden práctico, de ejecución de políticas públicas y podemos sintetizarlo en la idea de indefensión soberana. Me refiero a la constante degradación presupuestaria y material de las FFAA desde la guerra de Malvinas hasta la desaparición del ARA San Juan. Más allá de algunos parches, nuestras fuerzas armadas vienen perdiendo capacidades para afrontar cualquier conflicto convencional, y por lo tanto, para cumplir con las funciones que le asigna la Ley de Defensa. Sin aviones de combate, sin blindados modernos, sin misiles de todo tipo y perdiendo buques de alta mar por efecto de las propias decisiones y omisiones soberanas de nuestros gobiernos nos hemos puestoen una situación de indefensión. Indefensión soberana dado que no hemos firmado un Tratado de Versalles que nos obligue al desarme después de haber perdido una guerra. Las compras de material que anunció el gobierno y que ejecuta dudosamente van en el mismo sentido de darle a nuestras FFAA un perfil centroamericano, es decir, sin el armamento pesado y avanzado que exige la disuasión frente a un posible conflicto convencional con otro Estado. Aquí suelen aparecer los planteos sobre la falta de hipótesis de conflicto. El senador Pino Solanas, que no puede ser sospechado de militarista, ha señalado en estos días por televisión lo evidente, la cuestión Malvinas. Un territorio ocupado por una potencia colonial extranjera que realiza ejercicios militares continuamente pese a la continuidad de nuestra política de indefensión soberana. Los británicos también enfrentan restricciones presupuestarias militares pero mantienen y renuevan su capacidad disuasiva en las islas. ¿Son irracionales? No, no lo son. Simplemente entienden desde hace siglos que la guerra es parte de la realidad política del mundo y que su suerte en un conflicto no puede quedar meramente librada a la voluntad del enemigo. No olvidan que el otro también juega. De hecho, en 1982 casi lo habian olvidado y la irracionalidad de la Junta los despertó. Entonces el otro no solo juega sino que también puede jugar irracionalmente.

«EL OTRO CONSENSO ES UNO NEGATIVO SOBRE EL ROL DE LAS FFAA QUE VIENE DESDE 1983. ES DE ORDEN PRÁCTICO, DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PODEMOS SINTETIZARLO EN LA IDEA DE INDEFENSIÓN SOBERANA. «

La geopolítica, disciplina maldita para liberales y progresistas argentinos, nos recuerda que las Malvinas, el Mar Argentino y la Antártida son un mismo combo que puede verse alterado por los efectos inesperados del cambio climático y el cambio tecnológico. El cambio tecnológico ya permite explorar y extraer recursos naturales en un territorio virgen de formas que no estaban disponibles en la época en que se firmó el Tratado Antártico. Y aca otra vez lo mismo, lo único que hace respetar ese tratado es la falta de voluntad de romperlo por sus signatarios más fuertes. Es decir, el equilibrio de fuerzas políticas, económicas y militares. Vivimos tiempos de alteración en de equilibrios de poder y redefinición geopolítica, como recientemente han experimentado en carne propia muchas zonas del mundo que antes eran consideradas relativamente estables (Siria, Libia y Ucrania, por ejemplo). Nuestras Fuerzas Armadas deberían poder tener la capacidad de defender nuestra soberanía y disuadir cualquier amenaza sobre nuestros derechos en el Mar Argentino y la Antártida y ser parte inteligente de una política pacífica de recuperación de la soberanía efectiva sobre Malvinas. A ello hay que agregarle la defensa del vacío desprotegido de la Patagonia, reserva de materias primas, y del Acuífero Guaraní, tercer reservorio mundial de agua dulce. Perón decía en los 70 sobre las reservas de materias primas que “la historia prueba que cuando los grandes y fuertes han necesitado de ellas, las han ido a tomar por las buenas o por las malas. (…) Solamente si podemos defendernos -y estamos en condiciones de hacerlo- podremos, si no sacar ventaja, por lo menos obtener justicia en ese proceso de universalización que será la organización de la tierra. (…) porque en momentos de crisis de materia prima y comida, las vendran a tomar aquí y, si no nos preparamos, las tomarán incluso por teléfono”.

Un argumento,en alguna medida sobreentendido o dicho por lo bajo por algunos y que racionaliza este consenso negativo es que la debilidad del FFAA funciona como una especie de garantía para su subordinación al orden constitucional. Si bien ese argumento podía sonarle racional a muchos en la época de las sublevaciones carapintadas, sostenerlo en la actualidad equivale a reconocer la impotencia de la política y la justificación retroactiva del desguace del neoliberal del Estado. En el actual contexto internacional es un ejercicio ideológico de antimilitarismo suicida que desemboca en el desarme unilateral y la indefensión soberana.

«UN ARGUMENTO,EN ALGUNA MEDIDA SOBREENTENDIDO O DICHO POR LO BAJO POR ALGUNOS Y QUE RACIONALIZA ESTE CONSENSO NEGATIVO ES QUE LA DEBILIDAD DEL FFAA FUNCIONA COMO UNA ESPECIE DE GARANTÍA PARA SU SUBORDINACIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL.»

A esta altura resulta bastante evidente que pensar y ejecutar una política de Defensa que no sea más de lo mismo requiere de algo parecido a estadista. Una dirigencia capaz de mirar más allá de lo inmediato y de los argumentos enlatados de las consultoras. Una dirigencia capaz de afrontar la realidad de un mundo que no se ajusta a los marcos ideológicos de un experimento de optimismo globalista como el que actualmente dirige al país.  

El actual decreto del gobierno (Decreto 683/2018), que motiva la polémica pública, tiene el grave problema de querer modificar la Ley de Defensa sin pasar por el Congreso Nacional. En su artículo 5 le asigna funciones al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de custodia de objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley de Defensa que en esa ley solo corresponden a la Prefectura y a la Gendarmería. Tanto la Ley de Defensa como la Seguridad Interior establecen mecanismos excepcionales (Comité de crisis, estado de sitio) para la utilización de las FFAA en el ámbito interno. Estamos en presencia de otro intento de avance del consenso negativo de la indefensión soberana por sobre el consenso positivo establecido por la Ley de Defensa. En esto el gobierno cambiemita es una continuidad y profundización de la lógica previa del deslizamiento constante en la indefensión soberana que es convergente con la doctrina del Pentágono. El deterioro de las fuerzas las va convirtiendo de hecho en algo residual y facilita las presiones por abandonar los parámetros de la Ley de Defensa.

En la coyuntura inmediata, el planteo del gobierno apunta a liberar gendarmes para afrontar un posible aumento de la conflictividad social producto del plan de ajuste pactado con el FMI. Con el bonus de ser un gesto que le permita de recuperar imagen frente su electorado más sensible a las cuestiones de orden público y seguridad. Esto sintoniza con el perfil centroamericano de fuerzas armadas, cuya principal tarea es la represión interna disfrazada y justificada por la doctrina de las “nuevas amenazas”. Se promueve así la conversión de las FFAA en suerte de policía militarizada orientada a la seguridad interior incompatible con la defensa del interés nacional y la integridad territorial del Estado argentino.

«SE PROMUEVE ASÍ LA CONVERSIÓN DE LAS FFAA EN SUERTE DE POLICÍA MILITARIZADA ORIENTADA A LA SEGURIDAD INTERIOR INCOMPATIBLE CON LA DEFENSA DEL INTERÉS NACIONAL Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO ARGENTINO.»

Por último, pero no menos importante, la cobertura de los anuncios hechos por el gobierno incluyen versiones sobre la relocalización y fusión de bases militares, lo cual permite sospechar que tras la excusa del ajuste, la austeridad, la eficiencia y la modernización, opere la intención de vender terrenos e instalaciones para negocios inmobiliarios o el uso de bases al estilo Flybondi. Nada puede sorprendernos en este sentido de un gobierno de derecha posmoderna cuya imprevisión ya hemos visto fracasar en el área económica. En su momento todos los llamados a la prudencia respecto de la vulnerabilidad de su política de endeudamiento externo se estrellaron contra el muro de optimismo babieca al que después le “pasaron cosas”. Poco se le puede pedir a una mentalidad deshistorizada y deshistorizante que carece de percepción y profundidad sobre las condiciones de posibilidad necesarias para la viabilidad de sus políticas y del propio Estado Nacional.

Facundo Álvarez
Peronista y federal. Politólogo, docente universitario. Me quedé en el 45. Vivo en la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ayres.