COLONIALISMO MENTAL, DESINFORMACIÓN, MEDIOS DE DIFUSIÓN Y DEUDA EXTERNA EN ARGENTINA

Por Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe∙

[Dossier Geopolitico DG tiene el agrado de difundir este trabajo del Constitucionalista Argentino Dr. Miguel J. Rodríguez Villafañe, que gentilmente aporto a nuestro sitio Web para aportar otro gran debate que se debe la argentina y en general toda latinoamérica sobre cómo se debe enfrentar la problemática del control  comunicacional de la Población por parte de los Medios Masivos de Comunicación concentrados y bajo el poder del sistema financiero occidental. Carlos Pereyra Mele Director de DG]

El plan de colonización mental mediática

El endeudamiento externo ilegítimo en América Latina, y especialmente en Argentina, estuvo acompañado con acciones que facilitaron la trampa y lo indebido y permitieron que se ocultara la información relevante a la sociedad sobre dicha problemática. La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación cultural, estaba asentada en diversas modalidades de manejos de medios de difusión, funcionales al objetivo querido, llevadas a cabo, especialmente, en los últimos 50 años. 

Para el referido fin, entre las dinámicas desarrolladas, se puede señalar la cooptación o la compra de medios de difusión, en especial por los bancos intermediarios de colocación de deuda externa de los gobiernos y/o prestamistas externos y/o por sus representantes y/o vinculados a ellos. Éstos se hicieron dueños, total o parcialmente, de empresas de medios de difusión o las condicionaron de diversas formas, directa e indirectamente. Entre estas últimas modalidades, se desplegó una estrategia de inducción a tomar créditos, que después terminaba cercando económicamente a las empresas dueñas de medios de difusión, por la inestabilidad económica en la que se sumía al país por ciclos.

Otra forma de seducir por parte de los Bancos, para condicionar la información sobre aspectos del funcionamiento de la banca y sus créditos, consistía en invertir una cantidad significativa de dinero en publicidad en los medios de difusión. Esto a muchos los hizo dependientes de dicho ingreso y por ende, actuaban con temor de perder esa pauta publicitaria, si se decía algo que pudiera no gustar a quienes, desde el mundo de las finanzas les pautaban propaganda valiosa. 

O sea, por un lado o por el otro, se condicionaba a los medios de difusión para que no digan nada negativo o presenten una visión determinada del accionar, especialmente de las entidades financieras locales e internacionales y las acciones gubernamentales que las favorecían.

A su vez, a esos medios de difusión cooptados o condicionados, el Estado les facilitó una dinámica por la cual se permitió una importante concentración de la propiedad de los mismos que, en muchos casos, llevó conformar grupos monopólicos y/u oligopólicos muy fuertes. Éstos, a su vez, lograban de esta manera administrar, más fácilmente, el discurso único en el tema de endeudamiento externo y competir deslealmente con quienes no estaban cerca de los fines queridos por dichos grupos. Para ello también se garantizó, en algunas prestaciones de radiodifusión, un mercado cautivo a las estructuras operantes sobre la opinión pública. De esta forma éstos se apoderaron de los principales y más influyentes medios de comunicación masivos. 

En Argentina, por otra parte, no se permitió el ingreso de nuevos titulares de licencias para radio y televisión con el uso, abuso y manipulación inconstitucional de la Ley de Radiodifusión 22.285 de 1980 dictada en el Proceso Militar de Facto, (1976-1983). Luego, por la Ley 23.696 llamada de “Reforma del Estado”, de 1989, se amplió aún más la concentración, cuando autorizó que los medios gráficos más importantes, mucho de ellos dueños de la empresa “Papel Prensa S. A.”, -empresa que produce el papel para diarios-, pudieran ampliar su influencia, grandemente, en medios de radiodifusión, lo que, en principio, no les estaba permitido. 

Mientras tanto, particularmente, a las instituciones de la economía solidaria no comerciales, como es el caso de las cooperativas, mutuales, gremios y demás organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, se las excluyó de la posibilidad de contar con medios de radiodifusión o de los llamados servicios complementarios (servicio de TV por cable, antena comunitaria y bandas de UHF y MMDS), (art. 45 de la ley 22.285). Por lo que resultaba dificultoso difundir otra visión alternativa de la realidad, y el discurso único reinaba en los grandes medios de difusión.

Asimismo, a los medios gráficos que no necesitaban autorización estatal para funcionar, se los condicionó con el precio y acceso al papel de diario, porque la productora nacional más importante de dicho insumo, era la empresa Papel Prensa S. A., que estaba en manos de un pequeño grupo de medios, ya referido -de particular envergadura económica Clarín, diario La Nación- y del Estado. Y este último, actuó de manera funcional a los intereses de los que detentaban el poder económico en la empresa y entre ambos podian invisibilizar la problemática de las deudas externas. 

Con lo referido, la información, en materia de créditos o deudas externas, era acotada o invisibilizada, por los diarios, radios y televisión cooptados o condicionados por las entidades financieras vinculadas a las obligaciones crediticias que se asumían por el Estado.  

En el objetivo buscado, también se manipuló la visión sobre las deudas externas que se asumían, hasta en el uso del lenguaje cotidiano. Se utilizaban y utiliza para ello palabras o frases inductoras y tramposas, que favorecían y favorecen a una visión edulcorada de la problemática o distoricionada, con sometimiento económico, jurídico, cultural y sicológico, en una verdadera colonización cultural semántica en la materia, (sobre lo que se ampliará más adelante en este trabajo). 

En otras ocasiones, como parte de la misma lógica de ocultamiento, se apeló a un lenguaje complejo, -casi críptico- y de difícil comprensión para las personas en general, dejándose la sensación que sólo algunos elegidos eran y son los que podían y pueden evaluar y tratar la temática, con capacidad reconocida sólo por los interesados. Y todo aquel que no perteneciera a ese grupo de elegidos, (“debidamente formado” -o adoctrinado- en los centros del poder económico y sus universidades), no se les reconocía autoridad técnica para hablar sobre el tema. A estos últimos además, se los presentaba como “subversivos” que no merecían ni merecen respeto, ni consideración, ya que, podían empujar al país al abismo de la indiferencia de los sectores crediticios multilaterales. La descalificación y el miedo siempre se dejó traslucir, para operar como método paralizante de cualquier acción o reacción ante los latrocinios financieros a los que se nos sometió y se nos somete. Siempre se dejaba en claro que, en un “mundo civilizado” del lucro financiero, con modalidades globalizadas, no se puede discutir el cumplimiento irrestricto de las obligaciones contraídas, sin importar si las mismas fueron legítimas o ilegítimas y sus efectos fueran injustos y denigrantes, bajo pena de desaparecer del mundo. 

Lo referido, como se ha dicho, estuvo y está acompañado de una bien instrumentada manipulación de la información a la opinión pública por los medios de difusión, sobre la conformación de la deuda externa de Argentina, montado en una desinformación estructural de las obligaciones dinerarias asumidas por el país y la falta de trasparencia en los acuerdos. Baste referir que los contratos por los que se tomaba y toma deuda, por lo general tienen, como regla, cláusulas de secretismo. A lo que hay que sumar que en dichos convenios de deuda se obliga a resignar la jurisdicción nacional soberana, para el análisis de las cuestines que se sucitaran. Aún más, ello permitió que jueces de menor cuantía de Nueva York, del fuero federal de primera instancia, como Thomas Poole Griesa, pusieran en vilo el futuro del país, antre las acciones deducidas por “fondos buitres” en contra del país y que los problemas se trataran como si fueran cuestiones entre simple particulares.

A su vez, los medios de difusión ayudaron al desarrollo e incentivo de actitudes culturales negativas, que colaboraron a gestar conductas y humores sociales tolerante, a los verdaderos latrocinios a los que se sometió y se somete al país, en materia de endeudamiento interno y externo.

Después, en Argentina la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de octubre de 2009 que derogó ley 22.285 mencionada, abrió puentes para democratizar la comunicación, fijó pautas en contra de los monopolios mediaticos y permitió acceder a medios de difusión a las entidades sin fines de lucro. La norma pretendió poner un tope a la sobre presencia de determinados medios, en particular, al llamado grupo Clarín, entre otros. Se buscaba desinversiones que permitieran una competencia real de todos y que en ello se garantizara la democratización de la palabra. Costó avanzar por los planteos judiciales formulados por los detentadores de medios monopólicos u oligopólicos. Dicha norma contó con la máxima legitimación democrática. Ella fue analizada y discutida en todo el país con la participación de Universidades y entidades de diverso tipo. Luego, fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo la promulgó. Después, el grupo Clarín hizo un juicio de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional a la ley. Proceso en este último que tuve la posibilidad de participar como “amicus curiae” en la audiencia llevada a cabo en el máximo tribunal del país en la defensa de la constitucionalidad de la norma. 

Más, al llegar al gobierno del presidente Mauricio Macri, en diciembre del año 2015, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, a los pocos días de su asunción, por el que prácticamente se sacaron los topes importantes a la tenencia de medios y en materia de cables no se puso límite a la cantidad de propiedad de los mismos. En ese proceso de entrega a grupos concentrados de la comunicación, el gobierno terminó de permitir, por ejemplo, en el año 2016, la conformación de una mega empresa de medios, autorizando la fusión y operación de la empresa telefónica Telecom asociada a Cablevisión Holding S.A. Este último grupo empresarial, es una desmembración del grupo Clarín, que a estos fines se dividió en dos. Empresas ellas que, también poseen una concentración de medios de difusión de diversos tipos y de sus insumos básicos como el papel para la prensa, la publicidad y otros, y a las que se le suma ahora el manejo de la telefonía, (la conectividad), Internet y de los mensajes de texto, whatsapp y/o twitter, etc. Todo ello, en manos de un solo grupo empresario que, como tal, no sería autorizado en países como México, Brasil, Francia, Alemania o Estados Unidos. A su vez, conforme a la fusión autorizada la nueva empresa podrá ofrecer lo que se conoce como “cuádruple play” (4G), que es una combinación de telecomunicaciones fijas y móviles, distribución de video e internet. Dicho grupo empresario, prácticamente, pasó a tener el control de las  industrias del entretenimiento, el manejo central de las comunicaciones telefónicas y en definitiva, de la construcción de la opinión pública, siendo voceros centrales del discurso hegemónico del gobierno. Además, la fusión autorizada consolidó una lógica unitaria en materia de información como nunca había sucedido en el país de estructura federal. A su vez, el periodismo pensante del interior del extenso país no tuvo, ni tiene espacio, y en ello hay que tener presente que Argentina tiene una estructura federal.

El contexto antes referido permitió generar el ambiente propicio para autorizar negociar con “fondo buitres” en condiciones insultantes para el país y luego de ello, constituir una deuda externa, como no había sucedido nunca en Argentina. Así, sólo en el gobierno de Macri se emitió deuda por casi u$s 188.000 millones de dólares y en la que nos encontramos sumidos en este momento, incluso con créditos tomados a 100 años y con intereses leoninos. 

Además, la fuga de capitalesalcanza los u$s 94.274 millones de dólares en la actual gestión del gobierno macrista y los seguros contra un default argentino subieron casi un 250% en los últimos doce meses, alcanzando un máximo de 914 puntos, todo esto según el informe del Observatorio de Deuda Externa (ODE).

Los dueños de la información

La conjunción de intereses que se adueñaron, directa o indirectamente, de la política informativa de muchos medios importantes de Argentina estaban claros y actuaron conforme a la estrategia necesaria para cada momento, como se ha dicho. 

El mensaje uniforme estaba y está asegurado en Argentina, no solo con lógicas monopólicas y oligopólicas horizontales, sino también verticales. Se abarcó todo el territorio Argentino en su influencia y se manejaba toda la cadena de producción, distribución y emisión de la información.

Si bien cabe dejar a salvo a periodismo valioso y medios que trataron y tratan de ser fieles a la noticia debida en la temática, lo cierto es que, como se ve, y como muestra basta un botón, todo se tocaba y toca con intereses condicionantes de los medios. Los bancos como el Goldman Sachs, Citibank y J.P. Morgan-Chace, prestamistas; gestores de créditos externos; vendedores de influencia; comisionistas; inventores y fijadores del llamado “riesgo país”; cómplices necesarios de operaciones fraudulentas y usurarias en contra de países, pueblos y personas; desinformadores confesos y reincidentes, multados por las autoridades norteamericanas y europeas por mentir en lo que informaban o no informar debidamente, como se referirá más adelante. Esos bancos, además, de diversas maneras han manejado y manejan, directa e indirectamente, la información “en” y “de” Argentina. Ellos de alguna manera, nos dicen que somos y lo que debemos hacer en materia de inversión financiera y en el manejo económico del país.

En el caso del gobierno de Mauricio Macri, ahora también, desde mayo 2018, con la particular incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que es quién determina como se manejan los dineros argentinos destinados a la deuda y dispone respecto del uso de los dineros prestados al país. Dicha entidad le ha llegado a prestar a la Argentina la suma de u$s  57.100 millones de dólares.

Manipulación semántica, palabras y frases inductoras y tramposas

En el objetivo buscado, cabe detenerse más específicamente, en el uso del lenguaje cotidiano los medios de difusión, que también de esa manera se pudo manipular la visión sobre el tema de deuda externa. En ello se usaron palabras o frases inductoras y tramposas, que favorecían una mirada edulcorada, con sometimiento sicológico y cultural que producían una verdadera colonización semántica. Y en otras ocasiones, como se ha referido, se usó un lenguaje complejo y de difícil comprensión para las personas en general, dejándose la sensación que sólo algunos elegidos eran los que podían evaluar y tratar la temática, con capacidad reconocida.

Asimismo, en el manejo mediático sobre el tema de la deuda externa argentina se ha llevado y lleva a cabo un trabajo sutil sobre la conciencia social. 

Las palabras que referían al tema de la deuda externa, en muchos casos, fueron presentadas endulzadas y con un bien trabajado sentido semántico, para desactivar las defensas e inducir actitudes favorables a lo querido. Se buscó y busca condicionar y permitir colonizar mentalmente, con el uso de un lenguaje tramposo y escenográfico.

Los gestores de opinión pública enseñaron y enseñan, didácticamente, por todos los medios, que siempre se deben “honrar las deudas externas”, sin cuestionar, si son legítimas, indignas, odiosas o irritas. La inducción a “honrar” era elegida a propósito, ya que implica conceptualizar que las deudas, en si mismas merecen ser “enaltecidas o se debe valorar su mérito”. Conceptos estos últimos de la definición del verbo “honrar”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. O sea, se pretende que las deudas sean alabadas y consideradas como de gran mérito. Actitudes estas que se dispensan sólo a Dioses que se honran o sea a algo superior a uno. A su vez, cabe señalar que a los Dioses no se les habla en condiciones de igualdad, siempre se presupone un respeto reverencial a lo que se tiene como honrable. En definitiva, se nos obliga a mirar para arriba, ya que no se nos supone al mismo nivel. De esa manera, se nos prepara para no exigir derechos y responsabilidades a los supuestos acreedores, porque a los Dioses no se les reclama nada y menos derechos. A ellos sólo se los alaba y enaltece y se les rinde cuenta de los deberes que se hicieron y se les implora perdones, por lo que el ser superior puede entender como no cumplido. Esta actitud de sumisión se trabajó como básica para condicionar la discusión sobre las deudas externas de Argentina. Con el agravante, que ello permitió que, cada vez que se negociaban las deudas, se resignaran más derechos y se aumentaban los deberes. Esto último, haciéndonos creer que se nos concedían beneficios que debíamos agradecer.  

Nunca se habla de los “prestamistas externos”, se los denomina los “acreedores externos”, lo que implica asumirnos, en todo momento, como “deudores”, ante cualquier reclamo de ellos, con independencia de analizar si realmente se debe lo que se nos reclama. Esto último es fundamental dirimirlo, ya que, en muchos casos, se pretenden pagos de supuestas deudas de origen ilegítimo, usurario y producto de diversas situaciones en las que, incluso, los llamados acreedores serían realmente deudores, porque lo que se busca cobrar, ya se ha pagado más de una vez o no corresponde abonarse por ilegítimo o indebido.

Por su parte, siempre los supuestos acreedores son anónimos, y en muchos casos sin estructura institucional. No aparecen nombres de quienes nos reclaman y se habla de países acreedores de manera genérica, sin distinguir si son préstamos directos de Estado a Estado o por Bancos o Entidades Financieras. A su vez, estos últimos, no necesariamente son de un país en concreto. En el mejor de los casos se los denomina con genéricos. Es el caso del llamado “Club de París”. En realidad, no es un club, ni un organismo, ni una persona jurídica propiamente dicha, ya que es un ámbito informal de acreedores, que se arroga la función de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países deudores con las instituciones de préstamo. Paradójicamente, fue creado en el año 1956, cuando Argentina efectuó un encuentro con sus acreedores públicos, para refinanciar su deuda externa ante otros gobiernos. 

Además, cuando se discute el presupuesto nacional y se hacen las previsiones de pago de deudas externas se denomina a dichos montos, como pagos de los “servicios de la deuda”. “¡Servicios!”, los que son duras cantidades a pagar en concepto de capital e intereses, se los conceptúa “servicio” y no como simples pagos de deudas, como se llama a los pagos que se hacen a cualquier otro acreedor del Estado. Resulta inaceptable el concepto usado, repárese que algunos de los significados que tiene la palabra “servicio”, según el Diccionario de la Real Academia Española es la “Acción y efecto de servir”; o “Favor que se hace a alguien” o el “Conjunto de criados o sirvientes” o “Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales”. Cuesta pensar que debamos “servir a una deuda pesada e injusta” y menos entender que ello es producto de un “favor” que se nos hace. Peor que ello, aunque con dosis de realidad, se nos transforme en “criados o sirvientes de ella” o que se pueda entender que simbólicamente implique la “satisfacción de una necesidad social que no produce bienes materiales”. Esto último, si bien el pago de la deuda, no consiste en la producción de bienes materiales, se lleva el ahorro y el esfuerzo de las personas, pueblos y naciones, muchas veces, desde lógicas usurarias e ilegítimas, en especial por sus intereses. La deuda no nos hace ningún “servicio”. Algunos, con un pudor realista cambian el “de” por “a la” y se habla de “servicio a la deuda”. Aún así, es inaceptable que pueblos y naciones tengan que aceptar, incluso desde la palabra, que se debe “servir”, al capital e intereses de la deuda. Son las nuevas esclavitudes semánticas asumidas sin reflexión. Nunca se debe “servir” a la deuda, solo se debe pagar lo que corresponda, preservando la dignidad humana, lo que se debe y repudiar lo ilegítimo, indigno o irrito, pero de ninguna manera en actitud servil. Desde este condicionamiento idiomático también se nos ha preparado y prepara, especialmente desde los medios de difusión, para la sumisión irreflexiva en el tema.

También se enseñó que el país se volvía riesgoso si no cumplía, sin condicionamientos, lo que se le exigía que se abonara por los bancos prestamistas. Hubo momentos en los que se nos degradó como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima dependía sólo del índice llamado “riesgo país”, que brindaban diariamente los medios de difusión de manera destacada, por la influencia de los bancos. Era un fantasma que las personas sólo podían temer, aunque no se les permitía saber las razones en virtud de las cuales los que nos endeudaron nos responsabilizaban y pretendían que nos volviéramos “creíbles” ante el mundo sólo pagando, sin discutir lo que se nos decía que debíamos. Como se ha dicho, se transmitía la sensación de que, para reingresar al mundo civilizado, no correspondía preguntar y se tenía y tiene que pagar, para no ser unos castigados y poder bajar la temperatura del “riesgo país”. Más no se explicaba que el concepto de “riesgo país”, en principio, lo calcula un banco estadounidense JP Morgan-Chase. Aunque también el Banco Goldman Sachs usa un modelo para la estimación del que llama “riesgo soberano”. Bancos estos que fueron multados por brindar información indebida a sus clientes o por actividades ilegales. Y los medios de difusión vinculados a ellos, no han hecho conocer, adecuadamente, dichas circunstancias. Esto hubiera llevado a determinar un alto “riesgo” a la información brindada por dichas entidades bancarias.

En este aspecto, se puede referir que el Goldman Sachs, era un banco que de su seno salían muchos de los hombres que decidían los aspectos centrales de la política económica y financiera  de los Estados Unidos. Tal fue el caso de Henry Paulson, que era socio y secretario general de Goldman Sachs y pasó a ser Secretario del Tesoro, en la administración del presidente George W. Bush, el 30 de mayo de 2006.

Más, no puede dejar de mencionar que, ya a fines del año 2002, Eliot Spitzer, fiscal general del estado de Nueva York, dirigió la investigación de las autoridades estatales y federales en contra de defraudaciones efectuadas por diversas entidades bancarias que engañaron a los inversores con informes de investigación tendenciosos. Se logró así  que fueran multados, el Banco Goldman Sachs Group Inc. con 110 millones de dólares, el Banco J.P. Morgan con 80 millones de dólares y el Citigroup con 400 millones de dólares.

Mientras tanto, el 16 de abril de 2010, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission- SEC) acusó a Goldman Sachs de fraude. Se sostuvo que tenía responsabilidad de haber creado y vendido productos vinculados al negocio de hipotecas, que causaron pérdidas por más de mil millones de dólares a inversores tentados por ganancias especulativas, en base a “información distorsionada”. Fueron esos derivados los que, precisamente, dispararon el problema de la llamada «burbuja inmobiliaria», que llevó a una crisis financiera global. Los intereses del grupo movieron influencias tremendas para no quedar incriminado, no obstante ello, en julio del año 2010, el banco Goldman Sachs debió pagar quinientos cincuenta millones de dólares (U$S 550.000.000) de multa, para poner fin a la demanda en su contra, presentada por la SEC. Se trató de la mayor multa cobrada a una entidad financiera por parte de la SEC en su historia. A su vez, Goldman Sachs tuvo que reconocer en el acuerdo al que se arribó,  formalmente, que dio “información incompleta” a sus clientes. 

En consecuencia, ¿Qué tipo de confiabilidad se podía o puede tener en la información que dicho banco brindaba y brinda, en los medios que le pertenecían y pertenecen, en distintas proporciones, respecto de las operaciones en las que tenía o tiene intereses en Argentina?

Mientras tanto y como una dádiva, los acreedores, exclusivamente, nos autorizaban a pedir un refinanciamiento, sin cuestionar la legitimidad de las acreencias, ni importar si ello llevaba a graves violaciones de derechos humanos que afectan la dignidad de nuestro pueblo y ello implica graves anatocismos por los que se capitalizan intereses usurarios y la convalidación de graves ratioferusismos. 

A lo sostenido hay que sumar que, con motivo del triunfo de la oposición a Mauricio Macri, por parte de Alberto Fernández en las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), llevadas a cabo en Argentina el 11 de agosto de esta año 2019, lo primero que salió a decir el gobierno fue que el aumento desmesurado del dólar, era “la culpa del pueblo que vota mal”. O sea, se explicó que lo sucedido no fue responsabilidad del gobierno en su desmanejo económico, sino por la expresión democrática del pueblo. Lo que opera también, como una extorsión de los grupos financieros y de mercados, por sobre la voluntad popular expresada. Todo ello inaceptable en una República Democrática.

Asimismo, cabe también detenerse en la palabra “mercado” que, como bien dice Héctor Giulliano, “El Mercado – esa entelequia que enmascara el accionar de pocos grandes operadores financiero-cambiarios (fundamentalmente Bancos, Compañías de Seguros y Fondos de Inversión) – no es una entidad abstracta ni se mueve siguiendo reglas teóricas de Oferta y Demanda sino que, por el contrario, es el conjunto de pesados actores que determinan e inducen los movimientos de la plaza a modo de profecía auto-cumplida”.

Desinformación estructural

La información, que es central para el análisis del tema, se ha retaceado en aspectos esenciales. Comunicadores de larga trayectoria y los gobiernos de turno no informan con claridad las condiciones y objetivos que motivaron contraer la deuda, ya que, en muchos casos, como bien refiere Miguel A. Espeche Gil, fueron contraídas con fraude y falsedad instrumental de los contratos. 

A su vez, no se ha transparentado el destino dado a los créditos recibidos, ni las razones, injustificables, por las que se convalidó el aumento unilateral de los intereses de la deuda externa, con lógica usuraria, (por ejemplo, en 1980, en pocos meses, los acreedores elevaron, por su sola decisión, el interés de la deuda del 6% anual, a más del 20% por año). 

Tampoco se informa, adecuadamente, el monto de lo pagado en honorarios y comisiones por las renegociaciones de la deuda; los motivos por los que se aceptó la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y se permitió capitalizar intereses en anatosismos inaceptables; o las razones por las que no se ejecutaron los seguros por riesgo de default, en favor de Argentina, cuando se dieron las condiciones para ello, con motivo del default de 2001 y tantas otras dudas existentes. 

También, en este momento, siguiendo a Héctor Giulliano, el gobierno de Macri, “debiera dar a conocer: a) quiénes son los grandes grupos que estuvieron y siguen comprando dólares que provocan la caída de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), b) quiénes son los principales Bancos tenedores de Leliq y Pases Pasivos, y c) quiénes son los principales suscriptores de Contratos de Dólar a Futuro y por qué valores”.

La usura edulcorada

La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero, la capitalización del mismo (anatocismo -intereses sobre intereses-) y el ratioferusismo . Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo e injusto empobrecimiento para quien debe pagar los montos abusivos resultantes.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina (art. 75 inc. 22 C.N.), dispone que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21,  inc. 3).

A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria desmedida fue aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los abusadores. Además, se ha destrozado la brújula moral en ese aspecto. En este momento los bancos aplican a las tarjetas de crédito un interés de hasta el 260% anual.

La llamada “bicicleta financiera”, se trataba y trata, básicamente, en aprovechar el diferencial que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. Atento a ello, el negocio se basa en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés, Letras de Liquidez a siete días de plazo (Leliq), a una tasa promedio de corte emitidas por el Banco Central de  la República Argentina, que ha alcanzado a fijarse en 85 %, por siete días y luego,se reconvertían esos pesos nuevamente en divisas, con un dólar garantizado de diversas forma, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A lo que se agrega, la garnatía extra de la llamada venta de “dólar a futuro”, de modo que, si se produjera cualquier devaluación del peso los acreedores quedan a cubierto de tales variaciones. Aunque estas operaciones se hacen en secreto sin que se pueda saber quienes son los que realizan dichas operaciones y como se benefician.

Héctor Giuliano reiere al respecto, que“no sabemos con quiénes nos está endeudando la administración Macrista: no se conoce quiénes son los Bancos tenedores de las Leliq y Pases Pasivos ni mucho menos el monto de los títulos que están en poder de cada uno de ellos, no se conoce la identificación y monto de los capitales financieros internacionales ingresados y operantes en el país a través del negocio de carry trade o bicicleta financiera – que se realiza a través de la intermediación bancaria – ni se conoce la correlación que existe entre dichos fondos especulativos y las entidades financieras respectivas. Ni se conoce tampoco con quienes el BCRA suscribe sus contratos de Dólar a Futuro, que refuerzan el compromiso de garantía a los acreedores financieros del Banco. Estrictamente hablando, este problema no es nuevo: la regla tradicional del Poder Financiero es que todo lo verdaderamente importante en esta materia permanezca en secreto. Y la Deuda es lo más secreto, en la Argentina y en el Mundo, precisamente porque es lo más importante”.

Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente, situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria. Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta adecuado para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.

Luego, con el discurso que pagando sin discutir se dijo que nos integrábamos al mundo, la Ley de pago a los fondos buitres fue rendición incondicional de Argentina y no se hizo conocer el acuerdo, como se ha dicho. 

En este momento, luego del gran edeudamiento que el gobierno de Macri produjo, nos encontramos que se está pagando Intereses por pesos $ 7.500.000.000 millones por día (Tesorería $ 2.000.000.000 millones Bco. Central de la Rep. Arg. -BCRA-$ 5.500.000.000) o sea, pesos $ 312.500.000 por hora (U$S 5.296.610,17 dólares, calculando el dólar a $ 59 pesos aunque ya supera los $ 60 pesos).

A su vez, la economía a quedado al borde del abismo del default, aunque muchos economistas ya dicen que técnicamente ya estamos en default. Y todo lo sucedido en el país, con una gran complicidad de una prensa hegemónica que ha desinformado a la sociedad sobre los efectos de una duplicación de la deuda externa argentina. Incluso, se han contraido deuda a 100 años.

A su vez, como se ha dicho, se cayó en manos del Fondo Monetario Internacional (FMI), con fuerte respaldo de U.S.A., que ha buscado de muchas formas salvar a un gobierno que se ha subordinado a defender cada uno de sus intereses geopolíticos en la región. 

Una vez más, tampoco se han cumplido, como en otras ocasiones, todos ls requisitos legales y administrativos propios del endeudamiento al que se sometió al país. Incluso no se respetó el propio estatuto del F.M.I. 

Deuda perpétua

Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada, especialmente, por el Gobierno Nacional actual y algunos gobiernos provinciales y municipales, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo, con el aval del FMI. Se han dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer grandemente la deuda ininterrumpidamente, sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, con intereses exhorbinates, lo que se transforma en una deuda a perpetuidad. En realidad, ante la necesidad inexorable de contar nuevamente con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más desproporcionadas. Aún más, con un índice de riesgo país que ha superado los dos mil puntos.

Situación esta última que se agrava en este momento, si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los desequilibrios, tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza desmedida del dólar. Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada. Fondos estos que compraron a precio vil los bonos de la deuda y esquilmaron a la Argentina.

Asimismo, a los delitos que implicaban responsabilidad penal de los manejos financieros indebidos se hicieron desaparecer de la conciencia colectiva, como algo criminoso. Así el delito de “usura” desarrolló una verdadera tolerancia social y el Fondo Monetario Internacional condicionó cualquier acuerdo con la Argentina, luego de la crisis del año 2001, a la derogación de la Ley 20.840 de Subversión Económica. La que se derogó por la ley 25.602 del año 2002, sin mayor oposición. De esa manera se consagró la impunidad de financistas y banqueros procesados o condenados, en causas penales por graves desfalcos económicos que generaron quebrantos y vaciamientos de instituciones bancarias o financieras y ayudaron a acrecentar la deuda externa ficticia. 

Tampoco se ha trabajado y difundido lo que bien han venido sosteniendo por las iglesias. Hay que reparar que la mayoría de las religiones se han opuesto al cobro de intereses usurarios. 

Así, bien se ha dicho por la Pontificia Comisión “Iustitia et Pax”, de la Iglesia Católica, en su su documento denomiando “Al servicio de la Comunidad Humana: una consideración ética de la deuda internacional”, de fecha 27 de diciembre de 1986, en el que se expresó que el pago de la deuda externa “no puede ser satisfecho al precio de una asfixia de la economía de un país. Ningún gobierno puede exigir moralmente de su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad de las personas…, la Iglesia incita de nuevo a todas las partes en causa a que examinen las implicaciones éticas de la cuestión de la deuda exterior de los países en desarrollo con el fin de llegar a soluciones justas y respetuosas de la dignidad de quienes padecen más duramente sus consecuencias”. Lo planteado es fundamental, por lo que ahora los acreedores externos manejan el criterio que se tratan de deuda entre particulares y por tanto no se trata de un gobierno propiamente dicho que presione. Así se manejaron los planteos efectuados por los “Fondos Buitres”, ante el juez Griesa de New York en contra de Argentina.

De igual manera tuvo particular preocupación por la poblemática, la Federación Luterana Mundial (FLM), que con otras iglesias como la Calvinista, han realizado una invalorable tarea para obligar a reflexionar sobre la problemáticas de las deudas externas. Aún más, agregaron, que “Las iglesias conocen el significado que la Deuda Externa tiene para las personas en las bancas de los templos, en la sociedad entera y particularmente en los sectores de la sociedad (por ejemplo: la ausencia de servicios sociales debido a la priorización del pago de la deuda)”.

Acostumbramiento a discutir discutir cosas superficiales

A lo sostenido, cabe agregar que los medios de difusión, principalmente en manos bancarias financieras o influenciados directa o indirectamente por dichas entidades, se encargaron de acostumbrar a la sociedad a discutir cosas superficiales e intrascendentes, porque el mercado neoliberal busca despolitizar la realidad y de esa forma se disuadía y disuade a la verdadera participación ciudadana y se desactivaba el juicio crítico esencial, sobre cuestiones básicas del Estado.

Todo lo cual también llevó a un empobrecimiento cívico y por ende, a una degradación de la calidad de la democracia que se forjaba y forja. Esto en un contexto de una lógica de mercado impuesta como único mecanismo a respetar, por sobre interés general o el bien común. Ignacio Ramonet, ex-director del diario “Le Monde Diplomatique”, ha sostenido que, “en una atmósfera de feroz competencia, ¿Cómo podemos estar seguros de que la información aportada por un medio no estará orientada a defender directa o indirectamente los intereses de su grupo, antes que los del ciudadano?”.

Los medios de difusión, en especial radio y televisión han desarrollado, en general, una política de aturdimiento a la ciudadanía buscando “vender”, mas que “convencer”; “aturdir” más que “reflexionar”; imponer frases mas que discutir “ideas”; “jugar con imágenes” más que apelar al “juicio crítico”. Todo lo cual llevó a un empobrecimiento cívico y, por ende, a una degradación de la calidad de la Democracia. En la gran escenografía mediática motada se convenció y se logró llevar adelante cambios negativos profundos en el país, sin el análisis debido y sin adoptar los recaudos necesarios. Así se convenció y se logró llevar adelante nuevos endeudamientos externos y la convalidación de las deudas anteriores. 

Informar y formar, un compromiso de todos 

Lo referido no es un repaso exhaustivo de todo lo que fue contribuyendo a tapar y hacer invisible al pueblo argentino la problemática de la deuda externa ilegítima o irritante, pero ayuda a que se vea parte del mecanismo por el cual se la ha sacado de la agenda de la discusión social y política. 

Urgente debemos abocarnos al problema y hacer los cambios necesarios, para lograr informar y formar sobre el tema y generar la actitud que ayude a encarar los caminos jurídicos adecuados. Hay que evitar que, una vez más, se termine pagando lo ilegítimo, de espalda a la sociedad, a costa de los más débiles y con impunidad de los responsables.

Hay que hacer, en consecuencia, una gran convocatoria a toda la sociedad civil, para que, junto al Estado -sin corrupción-, se recompongan los canales que permitan que éste pueda afirmarse y fortalecerse, desde la ética democrática. Será la manera legítima y eficaz de no quedar a merced de humores cambiantes de grupos o mercados. De lo contrario, estaremos encerrados ante dictaduras virtuales, sin nombres, ni rostros, pero tan crueles e inhumanas, como cualquier dictadura.

Desde una sociedad adulta y participativa, en un Estado democrático potenciado por la misma, hace a la moral del momento, entre otros aspectos, replantear jurídicamente el análisis de la deuda externa ilegítima, odiosa e irrita. 

Corresponde asumir esa responsabilidad histórica sobre la base de la transparencia y la rendición de cuentas. También consolidando nuevos medios de comunicación, masivos alternativos, redes sociales por Internet para una sociedad plural e informada, sin condicionamientos de bancas internacionales interesadas y con una vocación de verdad y justicia, en aras de la dignidad de las personas y de los pueblos. 

Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe: es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Abogado y Notario, grado académico y títulos otorgados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información. Periodista Columnista de opinión y Ensayista. Juez Federal Nº 1 de Córdoba, entre 1984 hasta 1990. Como magistrado detuvo personalmente en Huerta Grande, el 13/11/1987, al criminal nazi Josef Franz Leo Schwammberger, uno de los cinco criminales de guerra más buscados de ese momento. Luego, Schwammberger fue extraditado a Alemania, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua por los hechos atroces que había cometido. También fue el único juez que, al integrar la Cámara Federal de Córdoba, a fines de 1989, declaró la inconstitucionalidad de oficio el indulto dictados por el entonces presidente Carlos Menem, que favorecía a los responsables de graves delitos de lesa humanidad. Luego, dado que la mayoría de los otros magistrados del país convalidaron los indultos, renunció al cargo de Juez, por entender que la impunidad que se consagraba, hería gravemente la conciencia moral de la justicia. Premio “Abogacía Argentina”, otorgado en tres oportunidades, en los años 1997, 2001 y 2006, por la Asociación Argentina de Entidades Periodísticas Argentinas (A.D.E.P.A.) y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), a sus trabajos publicados en favor de la comprensión de los valores de libertad, justicia, democracia, federalismo, derechos humanos y libre expresión de ideas. En el año 2011, se le otorgó el Premio B´Nai B´Rith de “Derechos Humanos”, a través de la filial Córdoba “Menajen Begin”, de la B´Nai B´Rith Argentina. Tiene diversas publicaciones en materia de derechos humanos, medios de difusión y periodismo, como los libros: “La Libertad de Expresión y el periodismo en el siglo XXI – Derechos, garantías, responsabilidades y secreto profesional periodístico”, editado por la Universidad Nacional de Córdoba, en 2015; «Crimen de Crímenes -genocidios entre 1904 y 2005- Memoria con Verdad y Justicia – Derechos Humanos, Principios a respetar y Educación para la Paz”, Editado por “El Emporio del Libro”, en septiembre de 2017, Córdoba, Argentina y otros. El trabajo fue presentado en el Congreso Internacional organizado por la «Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública» (RICDP) y otras instituciones (UFMG, Sindicatos, Tribunal de Trabalho, Ministerio Público), que se celebró en Brasil, Estado de Minas Gerais, Ciudad de BELO HORIZONTE, los días 4 a 6 de setiembre de 2019.

Referencias:

La Ley de Radiodifusión 22.285, publicada en el Boletín Oficial de fecha 19/09/1980, en el art. 45 inciso “e”, establecía que para tener una licencia de radiodifusión no se podía: “Ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión. No tener vinculación jurídica o económica con empresas periodísticas extranjeras. Tampoco con empresas periodísticas nacionales…”. Inciso que la Ley 23.696 de Reforma del Estado, artículo 65, publicada en el Boletín Oficial de fecha 23/08/1989, sustituyó el artículo 45 autorizando a los medios gráficos a contar con licencias.

Ver Diario Ambito Financiero de fecha 15/04/ en: https://www.ambito.com/la-deuda-emitida-la-era-macri-ya-supero-los-us-187000-millones-n5026482

El concepto de deuda irrita lo he acuñado técnicamente para demostrar cuando una deuda que puede haber tenido un origen legítimo o de difícil cuestionamiento por su origen -ya sea por no tenerse como probar la ilegitimidad, se haya prescripto el tiempo de cuestionar o se haya novado la obligación y tratarse ahora de terceros de buena fe, etc.-, con el devenir de la misma y atento a cláusulas injustas se vuelve inaceptable. La palabra también se ha usado cuando se atacó a sentencias, con carácter de cosa juzgada, cuyas consecuencias violan el principio de justicia. Tal fue el caso que llevé adelante como abogado, en representación del Estado Nacional –Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) y en el que la Corte Suprema de Justicia, en fallo de fecha 20/03/2003, dio la razón al planteo efectuado en los autos caratulados B. 250. XXXVI. “Banco Central de la República Argentina en Centro Financiero S.A. Cía. Financiera – incid. de verificación tardía –recurso de inconstitucionalidad y recurso directo”, (Publicado en Fallos: T. 326 P. 678) y en función de ello, revocó una regulación de honorarios que se consideró irrita, aunque había una sentencia firme, con efecto de cosa juzgada.

El llamado “riesgo país” se fija en base al comportamiento de la deuda externa emitida por cada país y el que lo determina lo hace respecto de la certeza que se tenga del pago de las deudas que adquiera el país analizado.

A lo ya dicho hay que agregar que, el Financial Services Authority (FSA), ente regulador financiero de Gran Bretaña, impuso el 09/09/10 una multa de 17,5 millones de libras (21 millones de euros) al banco estadounidense Goldman Sachs por haber incumplido su deber de informar sobre acusaciones de fraude  que pesaban sobre él en Estados Unidos, labradas por la autoridad bursátil de dicho país (Securities and Exchange Commission – SEC-).

Héctor GIULIANO, “Crisis de Deuda y Default Macri”, artículo de fecha 30/08/19.

Dentro de las vertientes de ilegalidad de la deuda externa, Miguel A. Espeche Gil sostiene que “la primera causal de ilegitimidad es la del origen de las deudas, ya que en muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad instrumental de los contratos”. La cita referida pertenece a un trabajo de Espeche Gil titulado “La Deuda externa ante el Derecho Internacional Público”, publicado en el libro Plan Fénix – Propuesta para el desarrollo con equidad – Sociedad y Deuda Externa – Dimensiones sociales, políticas, económicas y jurídicas, trabajo éste que reproduce lo tratado en el Seminario interdisciplinario llevado a cabo los días 27 y 28 de abril de 2004, con juntamente por las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, págs. 147/176, Ed. Univ. Bs. As., 2004.

Héctor GIULIANO, “Crisis de Deuda y Default Macri”, artículo de fecha 30/08/19, cit.

Ratioferusismo es el cálculo desproporcionado de algunos conceptos o partes que conforman el costo financiero.

Conclusión – Libertad de Responsabilidad, Rosario – Sta. Fe, viernes, 23 de agosto de 2019, https://www.conclusion.com.ar/politica/giuliano-sostiene-que-argentina-esta-siendo-sometida-a-un-saqueo-financiero-organizado/08/2019/

El Documento de la Pontificia Comisión Iustitia et Pax, de la Iglesia Católica denominado “Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda internacional”, de fecha 27/12/1986, analiza el fenómeno de la deuda internacional y los desafíos de la comunidad internacional para atender responsablemente sus implicaciones. En el mismo se indica que “cuando los préstamos han sido consentidos con tasas usurarias, o cuando han servido para financiar proyectos acordados a precios abusivos gracias a complacencias fraudulentas -casos en que se podría en justicia solicitar una revisión-”.

 “Las iglesias miembros de la Federación Luterana Mundial (FLM), que agrupa a 140 iglesias en 79 países del mundo con alrededor de 70 millones de fieles, han venido trabajando sostenidamente sobre el tema de la deuda externa ilegítima… nuestras recurrentes crisis de la deuda externa han revelado una realidad que permite cuestionar si de hecho las deudas han sido contraídas en forma legal, y más aún, si constituyen deudas legítimas propiamente tales, y por ende, si estas deudas deben pagarse. Hoy, este debate ha adquirido connotaciones globales debido al colapso financiero en los Estados Unidos y Europa”, Reverendo Martin Junge, Secretario General de la Federación Luterana Mundial, 11º Trabajo en el “Proyecto de información sistemática sobre la Deuda Externa Argentina”, (PROINFODEA), publicado en el diario “Hoy Día Córdoba”, Sección Magazine, el 22/06/2010.

 “Deuda externa ilegítima”, presentación del trabajo realizado por las iglesias miembros de la Federación Luterana Mundial en América Latina, pág. 12.

Ignacio Ramonet, “La Tiranía de la Comunicación”, pags. 221/222, Ed. Debate, Madrid, 1998.