Por Natalia Arias
¿Por qué Donald Trump ha decidido sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional en un momento tan crítico? Casualidad será que quienes han sido sancionados y restringidos de visa adicional, son quienes se encuentran investigando si las fuerzas norteamericanas han cometido crímenes de guerra en Afganistán. También son investigadas las fuerzas afganas, quienes presentaron su oposición a la misma investigación.
Ya son 67 los Estados Parte que rechazaron las sanciones unilaterales a través de un comunicado. En América Latina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay han decidido abstenerse a su firma.
Los ya mencionados han sido actores clave este mes, aun así, contextualmente se deben tener en cuenta los recientes sismos en la zona y la necesidad de mantener a salvo a los habitantes. Por ende, a rasgos generales, quiero destacar una serie de cuestiones:
En un primer punto, la entrada en vigencia del T-MEC. Si bien los movimientos no esenciales entre los países están prohibidos hasta el 21 de julio, la circulación de bienes se mantiene, y se intentará reforzar la ya generada interdependencia económica entre las mismas.
En un segundo punto, lo sucedido el pasado 24 de junio: la declaración estadounidense, a través de un comunicado de prensa, de la destinación de una ayuda de 252 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras en calidad de promover la seguridad nacional de EE. UU y disminuir la inmigración ilegal a su territorio. “El reforzar la inversión en el sector privado para abordar el impacto económico de la pandemia es un hecho clave a la hora de alcanzar el éxito a largo plazo, afrontando asuntos de seguridad, gobernanza y prosperidad, que llevan a la inmigración ilegal a los EE.UU” declara Pompeo en el comunicado de prensa, donde además señala que se pretende “ayudar a estas naciones a ser más seguras y prósperas, permitiendo al sector privado liderar las oportunidades económicas y proporcionar asistencia sanitaria”. Considero pertinente reconocer que, de manera paralela, se ha brindado ayuda económica extra para Honduras y para El Salvador, al primero en concepto de ayuda para la pandemia, y al segundo debido a la tormenta tropical Amanda y por la celebración de alianzas/Friendship Day.
Un tercer punto alude a la política migratoria norteamericana. El juez federal Timothy J. Kelly rechazó la política tomada por Trump de prohibir a los migrantes solicitar asilo en la frontera sur, diciendo que el gobierno no justificó el repentino cambio sin previo aviso ni comentario público, habiendo fallas en el procedimiento. Hay que subrayar que la política consiste en exigirle a los solicitantes de asilo que lo hagan primero en los países que se encuentran “en camino” hacia EE. UU, es decir, Guatemala y México.
Concluyendo estos puntos, procedo a destacar los avances en cuanto a alianzas en el territorio.
Por un lado, tenemos a México, donde recientemente el presidente López Obrador, a través de su conferencia de prensa, ofreció detalles de su futura visita a los Estados Unidos el 8 y 9 de julio. Se tratarán temas relacionados al T-MEC y otros temas cuyas “posturas ya conocemos”, según refirió en su conferencia de prensa. Cabe mencionar que, a principios de junio, también se informó por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, un acuerdo con el gobierno estadounidense en plan de ampliar los puntos de revisión a lo largo de la frontera común, estableciendo un claro “compromiso de intercambio de información y fortalecimiento de la colaboración”.
Por otro lado, y en relación al narcotráfico, se debe destacar la reciente acción por parte de Panamá, quien, en conjunto con las fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos y la información suministrada por la armada colombiana, logró incautar 1000 paquetes de droga. Esto me da pie para hablar sobre la situación con Colombia, quien el mes pasado ha aceptado los despliegues militares de las tropas estadounidenses que tanto rechaza la oposición, sumado a la reciente donación de 7 millones de dólares para la seguridad alimentaria en épocas de pandemia, ya siendo 30 millones de dólares de donaciones en total.
A fines del mes de junio, el embajador estadounidense en Colombia, Philip S. Goldberg solicitó al presidente Duque y al ministro de comercio que se tomen medidas excepcionales para proteger la inversión extranjera, específicamente, la modificación de la ley 80 de 1993 de contratación de administración pública, quien según Goldberg, asegura que impone trabas a la inversión en proyectos de infraestructura: “La ley 80 de Colombia genera dudas generalizadas a las empresas estadounidenses a desarrollar algunos de los principales proyectos de infraestructura en Colombia, consideran que la ley impone a las empresas privadas requisitos fiscales y de responsabilidad penal poco realistas” Manifestó en el foro virtual realizado por la Cámara de Comercio.
Otra injerencia a tener en cuenta alude a Paraguay, con quien el gobierno norteamericano decidió reimpulsar la agenda internacional y comenzar a concretar los compromisos ya establecidos el año pasado en relación al comercio, inversiones, etc. Paralelamente a mediados de junio, el informe del Departamento de Estado norteamericano halagó al gobierno paraguayo y a su Secretaria de Inteligencia, al haber catalogado al grupo libanés Hizbulá de “terrorista”.
Ahora bien, los problemas se complicaron para Nicaragua, Venezuela y Cuba, con quienes el gobierno norteamericano mantiene una relación muy tensa, y no es novedad al considerar el rechazo hacia las presidencias que difieren de ideología estadounidense. Puntualmente en Nicaragua, Pompeo ha incluido al gobierno nicaragüense a la lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir la trata de personas, diciendo que no cumplió con los estándares mínimos ni realizó esfuerzos significativos. En la otra cara, el presidente Ortega denunció a fines de mes que el gobierno norteamericano intenta “asfixiar” a Nicaragua con todas estas imposiciones y sanciones -recordemos las ya realizadas en relación a los acontecimientos de 2018-.
Aludiendo ahora a Venezuela y Cuba, los bloqueos económico-comerciales siguen manifestándose abiertamente. En parte, Estados Unidos sancionó a siete empresas turísticas y financieras controladas por militares cubanos, bajo la justificación de que el gobierno cubano utiliza las ganancias para financiar su interferencia en Venezuela, y mientras tanto, esta última mencionada se opone a las últimas acciones norteamericanas. El gobierno de Trump sancionó a cuatro empresas navales por transportar petróleo hacia el país venezolano, bajo el argumento de que la explotación de crudo para beneficiar al régimen ilegítimo de Maduro es inaceptable. El Tribunal de EEUU decidió además subastar otro cargamento de gasolina supuestamente destinado a Venezuela.
En conclusión, se puede destacar un cierto fortalecimiento de relaciones con respecto a México, Paraguay, Panamá y Colombia, y muchas complicaciones en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En un segundo punto, los problemas migratorios han aumentado considerablemente en República Dominicana, Guatemala y Honduras. A nivel de sector privado, se pueden destacar otros problemas: En Argentina, se estableció que el juicio de YPF continuará en los Estados Unidos, y en Chile, el procedimiento de la causa judicial de LATAM sigue entorpeciéndose. Finalmente, se debe recordar la injerencia en torno al reclamo opositor en Uruguay, de que Estados Unidos interviene en decisiones internas que le competen solamente al país, y en Ecuador, el embajador estadounidense mantiene su posición de lucha contra la corrupción, instando a los medios en que sigan investigando los casos y afirmando que Estados Unidos colaborará en lo que pueda.
Natalia Arias Investigadora Junior de Dossier Geopolitico
Fuentes:
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