Por: Mauricio Jaramillo Jassir

El anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la eliminación de las FARC de la lista de organizaciones terroristas constituye un punto de inflexión en la historia del conflicto armado colombiano y cierra un ciclo de apoyos por parte de Washington a la paz en Colombia. Con frecuencia, al gobierno estadounidense se le ha señalado como uno de los actores responsables de la exacerbación del conflicto, en especial a finales de los 90 y comienzos de siglo, cuando auspició el Plan Colombia cuyos recursos a partir de 2001 fueron canalizados para la lucha contra las guerrillas. La mayoría de países de la zona denunció un plan injerencista con efectos en la región, acusación no del todo infundada. Incluso, gobiernos de derecha como el de Alberto Fujimori en el Perú y Gustavo Noboa en el Ecuador manifestaron sus preocupaciones.

Sin embargo, ese papel debe matizarse. Desde el proceso de paz de Andrés Pastrana, Estados Unidos ha desempeñado un papel relevante, no siempre reconocido, no tanto por falta de labor sino por la forma en que algunos gobiernos colombianos han instrumentalizado ese apoyo; en especial el Centro Democrático, que ha tratado de interpretarlo como un espaldarazo al uribismo, cuando en realidad ha sido al Estado colombiano en su conjunto.

Desde que en la administración Pastrana se anunciaba al mundo un “Plan Marshall a la colombiana” como rezaba el eslogan desde que era candidato conservador, Washington expresó de forma pública su apoyo a las negociaciones de paz con las FARC, entendiendo que solo era posible una salida negociada. Sin embargo, la guerrilla cometió un error imperdonable cuando inexplicablemente masacró a tres antropólogos estadounidenses que trabajaban con comunidades indígenas: Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay. Ante la exigencia de entregar a los responsables para que fuesen extraditados, la guerrilla se negó aduciendo que “desconocía la legislación colombiana” y terminó “ajusticiando” a los sindicados. Sin condenar del todo los esfuerzos de paz, Bill Clinton tomó distancia con el proceso.

Cuando en febrero de 2002, Pastrana anunció su fin y la retoma militar de la zona de distensión, le solicitó a Estados Unidos y a la Unión Europea declarar a las FARC como terroristas, acto que, de forma inmediata, tuvo eco incluso en territorio mexicano donde la guerrilla había gozado de facilidades para promover su causa, pero fue vetada por orden de Vicente Fox.

Durante las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos, Estados Unidos se involucró de forma inédita hasta el punto de nombrar un enviado especial, Bernard Aronson, y el gobierno de Barack Obama se comprometió negociar en el Congreso un paquete de ayuda de 450 millones de dólares para el Plan Paz Colombia. Esta vez se pudo concretar la idea de Pastrana de un Plan Marshall para Colombia, para financiar la reconstrucción luego de medio siglo de cruenta guerra.

Cerrando ese ciclo, Washington toma la decisión de borrar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas, dejando en claro además que diferencia a la ex guerrilla de las disidencias a las que no se les reconoce ningún estatus político. Esto significa un revés para la tesis del Centro Democrático, según la cual el partido Comunes, hoy movimiento político surgido de los Acuerdos de paz de La Habana, debe asumir responsabilidad por lo que hagan las disidencias.

Vale recordar la controvertida declaración de la ex canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que se señalaba que la existencia de esas disidencias “debía considerarse como un incumplimiento de la antigua guerrilla ahora convertida en partido político”.  El alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, contradijo la alocución, pero desde entonces no cesan los ataques del CD que sugieren un “acuerdo débil” en palabras del propio presidente, e incluso la tesis de que “no existe acuerdo de paz”, según el líder natural de dicho partido.

La declaración del Departamento de Estado es una señal clara y contundente de la forma como la paz en Colombia, entiéndase los Acuerdos de La Habana o del Teatro Colón, no son únicamente un compromiso del Estado colombiano, sino que se confirman como una prioridad para Washington que trasciende los cambios de gobierno. Se trata de una advertencia para poner en tela de juicio la efectividad de la estrategia de la administración Duque que elude responsabilidades de Estado bajo el argumento peregrino de que se trata solo de compromisos que vinculan a cada gobierno de turno.

twitter: @mauricio181212

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