La negociación entre el gobierno de Bogotá y el ELN en Caracas, entre el chavismo y la oposición en México y las renovadas ventas petroleras a EEUU pacifican a ambas naciones.
Por Eduardo J Vior (que autoriza su publicacion en Dossier Geopolitico)
Inmediatamente después de que el pasado sábado 26 de noviembre se haya firmado en Ciudad de México el acuerdo entre el gobierno y el sector más radicalizado de la oposición venezolana, el Departamento del Tesoro norteamericano autorizó a Chevron a importar hidrocarburos de Venezuela. Estrechamente vinculada con la negociación venezolana, al mismo tiempo se cerró exitosamente en Caracas la primera ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ayudado por la mediación de varios líderes latinoamericanos y europeos, presionado por la crisis y la guerra mundial, el gobierno de Joe Biden busca aliviar las tensiones con ambos países y volver a llenar sus casi vacías reservas petroleras. Por su parte, los gobiernos de Bogotá y Caracas pagan altos precios por la buena voluntad estadounidense, pero el costo se justifica porque avanzar hacia la paz genera estabilidad y reactivación económica para satisfacer las demandas sociales y les permite sumarse con cierta calma al nuevo ciclo de la integración amazónica que promete abrir Lula a partir de enero próximo.
Apenas firmado el documento entre el gobierno y la oposición venezolana, el Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó a Chevron Corporation y a las empresas conjuntas que tiene con otras venezolanas a comprar petróleo y productos petrolíferos, a exportarlos a EE.UU. y a exportar a Venezuela los insumos, las piezas y los aparatos necesarios para tal producción. La autorización del gobierno de EE.UU. se renueva automáticamente cada mes y es válida por seis meses.
Tras esta autorización, seguramente las demás transnacionales petroleras con intereses en Venezuela y que no han podido operar allí por las sanciones norteamericanas reclamarán pronto similares licencias. Al menos, es lo que esperan los oficialistas y opositores firmantes del acuerdo de México.
En el documento los firmantes se comprometen a gestionar con ayuda de la ONU la devolución de recursos del país que están retenidos por naciones extranjeras (sobre todo por EE.UU.), crear un “fondo fiduciario de protección al pueblo venezolano” cuyos recursos irán a cubrir necesidades en materia de salud, educación, alimentación, servicios públicos, entre otras. “Por vía de este acuerdo estamos rescatando más de tres mil millones de dólares que fueron robados”, manifestó Jorge Rodríguez, representante del gobierno en la mesa, tras la firma. En el histórico encuentro estuvieron presentes el representante del Reino de Noruega, Dag Nylander, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
La vehiculización de ambas negociaciones venezolanas (la política y la económica) liberó el camino, para que la negociación colombiana pudiera avanzar. En el Waraira Repano (el ex Cerro Ávila, que hace pocos años recibió nuevamente su nombre indígena), el monte de 2100 m de altura que custodia Caracas, está el Hotel Humboldt. Sólo accesible por 4×4 y estrechamente vigilado, es la sede ideal para la primera ronda de la negociación entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tan pronto llegó al poder en agosto pasado, Gustavo Petro se propuso retomar los diálogos de paz donde habían quedado suspendidos en 2018, cuando asumió Iván Duque. “Partimos de lo ya existente, de lo ya pactado, no nos estamos inventando nada”, declaró el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
La agenda original trata de seis puntos, algo abstractos, que servirán de base: “participación de la sociedad en la construcción de paz; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto armado e Implementación”. El jefe de la delegación del gobierno es Otty Patiño, un exguerrillero del M-19, el mismo grupo en el que militó el presidente Petro en su juventud. Lo acompañan otras figuras cercanas al mandatario como los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, pero también representantes de la derecha, como el líder ganadero José Félix Lafaurie, o de los militares, como el coronel retirado Álvaro Matallana y el almirante Orlando Romero. La delegación del ELN, por su parte, está encabezada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino).
Tras la primera ronda, Beltrán anunció que, para comenzar, el ELN permitirá hacer “alivios humanitarios” en algunos de los territorios bajo su control. “Las comunidades, dijo, nos piden a gritos que hayan (sic) ayudas humanitarias” y señaló que la misma también va para los casos de secuestrados en poder de esa guerrilla, a los cuales denominó como “prisioneros políticos”. Según él, la idea es que esas medidas sean de inmediato cumplimiento y no esperen a que se trate “el grueso de la agenda”. Los observadores destacan que las partes negociadoras han retomado los acuerdos y los procedimientos de la rueda anterior celebrada en Quito hace cuatro años. Esto crea confianza y permite avanzar más rápido.
Uno de los temas centrales de la negociación es el de la verificación. Todos saben que los acuerdos de 2016 del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con las FARC fueron incumplidos por el Estado y cientos de excombatientes han sido asesinados, nunca llegaron los fondos para la reintegración y los campesinos no obtuvieron las tierras prometidas en los acuerdos. Por eso el ELN insiste en la participación popular en el cumplimiento de lo que se firme y en eso parece haber consenso con los delegados del gobierno y con la Comisión Episcopal Colombiana, cuyo presidente participa en la mesa.
Estas negociaciones tienen un contexto (la urgencia que la crisis y guerra mundial imponen a EE.UU. para conseguir petróleo y restablecer sus reservas) y un trasfondo dado por la negociación entre líderes de diferentes países. En París, donde se encontraron Petro, Emmanuel Macron y Alberto Fernández con Jorge Rodríguez y un opositor, se dio el último paso que llevó a Ciudad de México. En la capital francesa, en una de las salas del Palacio de la Bolsa, las partes aceptaron volver a negociar y agendaron el 26 y 27 de noviembre pasados. El acuerdo para que fuese Petro quien hiciera un anuncio tan importante surgió de manera natural. El tuit en el que lo hacía lo sitúa como un referente de la negociación en México en la que antes no tenía ningún papel.
En ese momento Jorge Rodríguez dijo en París que el gobierno venezolano estaba preparado para dialogar con los opositores y buscar una fecha concreta para las elecciones presidenciales de 2024, en las que se espera que haya una verificación internacional. Pero, eso sí, insistió en que previamente debían levantarse algunas de las más de 700 sanciones que pesan sobre el país. El principal sancionador es Estados Unidos, que, no obstante, desde hace meses viene emitiendo señales favorables hacia Caracas, y que, cumpliendo su promesa, el mismo sábado 26 autorizó a Chevron a reanudar las exportaciones petroleras desde Venezuela. Una vez encaminada la negociación venezolana, Colombia pudo mostrar la propia.
Petro y Maduro están aprovechando magistralmente la urgencia norteamericana por conseguir petróleo, pero pagan precios muy altos. Venezuela puede recibir ahora de vuelta tres mil de los treinta mil millones de dólares que le fueron incautados, cuando el gobierno de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino” del país. Falta el resto y no se sabe cómo ni cuándo lo recibirá. El gobierno de Maduro autoriza las exportaciones de Chevron y cobra las regalías correspondientes, pero no participa en el negocio de la distribución en EE.UU., porque la filial de Pdvsa allí sigue incautada. Además, deberá negociar con la oposición más reaccionaria las leyes y procedimientos electorales y detrás de esa oposición está la central empresaria (FEDECAMARAS) preparada para imponer condiciones.
Por su parte, el gobierno colombiano debe aceptar la participación en el proceso de paz del mismo Estado norteamericano responsable por siete décadas de guerra civil, que tiene ocho bases militares en territorio colombiano y que se niega a legalizar las drogas en su país, única forma de comenzar a controlar el mercado de narcóticos.
Sin embargo, ambos presidentes han aceptado las condiciones impuestas, porque apuestan a una jugada mayor: cuando el 1º de enero de 2023 Lula asuma la presidencia de Brasil, se pondrá en marcha nuevamente el proceso de integración amazónica. La posibilidad de que se reactiven los mecanismos de la integración política y económica regional ofrece a ambos gobiernos un reaseguro para transitar el terreno minado de las negociaciones puestas en marcha. Como en muchas otras cuestiones, la integración es el camino.
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