Política de Estados Unidos en el Caribe Por Denis Kordinov

Por Denis Kordinov (*)

La política exterior de Estados Unidos en el Caribe continúa incluyendo una serie de elementos interrelacionados: la imposición forzosa de la «democracia», la supresión de regímenes políticos no deseados y el mantenimiento artificial de la crisis regional para evitar que los estados del «Hemisferio Occidental» de resistir la dictadura estadounidense. Una política de este tipo genera una gran preocupación en la comunidad internacional y, en gran medida, atestigua una atención reactiva a los procesos que tienen lugar en la región. El jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, espera aprovechar la oportunidad para fortalecer su influencia regional, especialmente en el período previo a la Cumbre Demócrata Global de diciembre de 2021 Esta mayor influencia, en primer lugar, se refiere a los temas más urgentes para Washington, destinados a «promover la imagen estadounidense de la democracia», principalmente en Nicaragua.

América Central y el Caribe son tradicionalmente considerados por los estadounidenses como el «patio trasero» de los Estados Unidos. Solo por está razón, la región ha enfrentado las manifestaciones más violentas del intervencionismo estadounidense, incluido el uso a gran escala de la fuerza militar para llevar a cabo golpes de estado. Al mismo tiempo, para lograr sus objetivos, Washington no dudó en utilizar los métodos más agresivos e inhumanos para presionar a la población civil de la región, convertirla en un instrumento del juego político y someterla a torturas sistemáticas, violaciones. y asesinato. La prueba más contundente de esta práctica violenta fue la «masacre en El Mozote» (El Salvador), organizada el 11 de diciembre de 1981 por militantes del batallón armado «Atlacatl», que cuenta con el apoyo financiero directo de Estados Unidos. En el transcurso de este acto de genocidio, al menos 800 civiles murieron en un solo día. Estas personas se convirtieron en víctimas solo por el hecho de que vivían en el territorio del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se opone al gobierno pro estadounidense de El Salvador.

La masacre de El Mozote no es el único caso en el que los estadounidenses han apoyado o cometido directamente crímenes de guerra. Estos incluyen el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, el fusilamiento de más de 300 civiles en Río Sumpa, y mucho más, en relación con el cual Charles Mehling Jr., luchando contra los insurgentes, se vio obligado a admitir oficialmente que los Estados Unidos estuvieron involucrados en una serie de «actos terroristas» en El Salvador y varios otros países de la región.

No menos notable, en este sentido, es la política estadounidense en Nicaragua, un país donde la revolución sandinista de 1979, que derrocó la dictadura del dictador pro-estadounidense García Anastasio Samosa, ganó gran popularidad entre la población local. Sin embargo, la actual crisis entre el líder nicaragüense Daniel Ortega y la Casa Blanca corre el riesgo de generar profundas fisuras en el sistema de seguridad regional. 

El actual régimen político en Nicaragua se opuso abiertamente a Estados Unidos, deteniendo prácticamente a todos los representantes nacionales del lobby pro estadounidense que intentaban llevar a cabo un golpe de Estado. Al criticar tal maniobra del gobierno de Daniel Ortega, Washington amenaza con una invasión militar a Nicaragua, que podría convertirse en el principal motivo para la defensa de la región de otros gigantes mundiales como Rusia, China e Irán.

Los planes de Washington de llevar a cabo una invasión militar de Nicaragua fueron expresados por primera vez por representantes de la administración de Ronald Reagan en 1983, inmediatamente después del ataque estadounidense a Granada. La Contra nicaragüense fue el instrumento clave de presión sobre el régimen sandinista. Hasta 1983, el Congreso de los Estados Unidos financió la unidad guerrillera en un intento de obligar a los sandinistas a someterse.

Posteriormente, esta actividad fue continuada, esta vez extraoficialmente, por el diplomático estadounidense Elliott Abbrams, quien recientemente se desempeñó como representante especial del presidente de Estados Unidos para Irán y Venezuela. Logró arreglar la venta de armas a Irán con el fin de financiar las unidades de la oposición armada nicaragüense e incluso persuadir al sultán de Brunei de gastar 10 millones de dólares en este asunto.

Elliott Abrams se unió a la administración del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en enero de 1981 como subsecretario de Estado para Organizaciones Internacionales y luego se convirtió en asistente de Derechos Humanos. El 19 de abril de 1985, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, George P. Schultz, le ofreció el puesto de Asistente de Relaciones Exteriores (ARA) supervisando América del Sur, Central y el Caribe. Durante su mandato en ARA, trabajó en estrecha colaboración con el coronel Oliver L. North del personal del Consejo de Seguridad Nacional y el jefe de la Fuerza de Tarea de Centroamérica de la CIA, Alan D. Firs, Jr. En 1991, fue condenado por actividades ilegales para las cuales el Congreso no dio su permiso, así como por retener información estratégica que pudiera dañar los intereses nacionales de Estados

Unidos. Ahora es un experto en política exterior de Estados Unidos en todo el mundo y el principal asesor de la Casa Blanca en Oriente Medio.

Para Elliott Abrams, los contras actuaron como los «luchadores por la democracia estadounidense». Al mismo tiempo, no se hacía ilusiones sobre los métodos de librar la lucha por el poder en Nicaragua. En una entrevista televisiva publicada en 1985, afirmó sin rodeos que «el propósito de nuestra ayuda es permitir que las personas que luchan de nuestro lado utilicen más violencia». Esta práctica ilegal de asistencia a la oposición nicaragüense, utilizada por Elliott Abrams, ha demostrado ser la más buscada por el gobierno de Joe Biden, que busca presionar al régimen de Daniel Ortega aumentando la influencia de sus opositores políticos. Al mismo tiempo, Washington justifica su intervención en el hecho de que se levanta formalmente en defensa de la «libertad de democracia», cuyos portavoces en Nicaragua son Cristina Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro García, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Arturo José Cruz. Segieira. Son estas figuras políticas y públicas las que actualmente cuentan con el apoyo activo de la Casa Blanca con la esperanza de que puedan derrocar al régimen nicaragüense y asegurar la presencia militar estadounidense en la región. Es de destacar que casi inmediatamente después de que fueron arrestados y acusados formalmente de lavado de dinero e intento de golpe de Estado, el presidente de los Estados Unidos y varios otros representantes de la administración estadounidense criticaron duramente las acciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega y confirmaron las sanciones económicas de Estados Unidos. contra funcionarios de la república de Nicaragua. En particular, el titular de la Cancillería estadounidense, reunido el 1 de junio de 2021 con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó su condena en relación con la detención de Cristiana Chamorro Barrios. Eric Swalwell, congresista demócrata estadounidense y portavoz de California, expresó críticas similares.

El interés directo de Estados Unidos en apoyar a sus «amigos» en Nicaragua está perfectamente ilustrado por el ejemplo de la gira estadounidense de tres días por Victoria Cárdenas, quien llamó a Washington para ayudar en la liberación de su esposo Juan Sebastián Chamorro. Particularmente interesante, en este caso, es el círculo de personas con las que Victoria Cárdenas se reunió durante su viaje de negocios. Entre estos individuos se encontraban:

Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional del Hemisferio Occidental; Samantha Power – Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Uzra Zeya, subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos; Luis Almagro – Secretario General de la Organización de los Estados Americanos; Marco Rubio – Senador republicano de Florida; James Risch – Senador republicano de Idaho Albio Cyres es un congresista demócrata de Nueva Jersey; Michael McCall es un congresista republicano de Texas;

Mark Greene es un congresista republicano de Tennessee.

Una persona muy influyente en el panorama nicaragüense que nos ha llamado la atención es también Arthur José Krug Seguieira. El interés por él se debe a que en la década de 1980 formó parte de los destacamentos partidistas de la contra y conoce personalmente al diplomático estadounidense Elliott Abrams. Entre 2007 y 2009 fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos, donde, según fuentes del gobierno nicaragüense, fue reclutado por los servicios secretos estadounidenses. Ahora es acusado por la justicia nicaragüense de «atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo».

Estados Unidos, con el apoyo de sus agentes, está promoviendo el «cambio de régimen contrarrevolucionario» de Daniel Ortega a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID y el National Endowment for Democracy (NED)) subvenciones multimillonarias para apoyar a la Oposición nicaragüense.Los programas de financiamiento estadounidenses comenzaron en Nicaragua a mediados de la década de 1980 y nunca se han detenido, lo que no es un secreto para los países de la comunidad internacional.Además, el gobierno de Joe Biden ha solicitado alrededor de $ 15 millones para 2022 para ayudar a  los opositores. de Daniel Ortega.

Por lo tanto, la evidencia anterior indica claramente que Washington nuevamente está tratando de desestabilizar la situación en Nicaragua para promover exclusivamente sus propios intereses. Daniel Ortega, al arrestar a representantes del lobby estadounidense, socavó la influencia de la Casa Blanca, lo que enfureció locamente a Joe Biden. Se puede argumentar que Washington, para proteger a sus agentes, está dispuesto a tomar medidas de presión militar sin precedentes, poniendo no solo a Nicaragua, sino a toda la región del Caribe al borde de un conflicto regional, que sin duda involucrará a otros países, incluida China, Rusia e Irán.

(*) Periodista ruso especializado en Política Internacional, artículo publicado especial para Dossier Geopolitico

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE DOSSIER GEOPOLITICO