Nunca antes se definieron tan temprano las candidaturas para la elección presidencial norteamericana y, sin embargo, nunca antes hubo tanta incertidumbre sobre si efectivamente el presidente Joe Biden y su contrincante, el expresidente Donald Trump llegarán al final de la contienda. El modo en que encaren los desafíos que ambos enfrentan va a afectar decisivamente el carácter de la democracia estadounidense.

El martes 12 Georgia, Mississippi y el estado de Washington permitieron al expresidente Donald Trump alcanzar los 1.215 delegados necesarios, para obtener la nominación presidencial en la Convención Nacional Republicana de julio próximo.

Por su parte, ese mismo día el presidente Joe Biden acumuló 1.968 delegados tras sus triunfos en Georgia, Misisipi, el estado de Washington y las Islas Marianas del Norte, asegurándose a su vez ser nominado para la reelección en la Convención Nacional Demócrata de agosto próximo. Por consiguiente, ya está claro quiénes son los contrincantes para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Sin embargo, varias sorpresas acechan a ambos en el camino que allí conduce y no está claro que ambos lleguen a la pelea de fondo.

El presidente Biden está luchando por superar las dudas sobre su liderazgo dentro de su propio partido y la insatisfacción general de la sociedad sobre la dirección de la nación que lo han dejado por detrás de Donald J. Trump, según una nueva encuesta de The New York Times y Siena College difundida el lunes pasado.

De acuerdo al relevamiento entre votantes registrados, con 48% de apoyo Donald Trump aventaja al presidente Biden, quien obtiene 43%. Sólo uno de cada cuatro votantes cree que el país avanza en la dirección correcta. Por cada uno que cree que las políticas del presidente actual lo han ayudado dos opinan que los han perjudicado. La mayoría de los encuestados piensa que la economía está en mal estado y el 47% de los votantes desaprueba decididamente la gestión de Biden.

El sondeo ofrece varias advertencias sobre los puntos débiles de la coalición demócrata, especialmente sobre la pérdida de apoyo entre las mujeres, los negros y los latinos. En la encuesta aparece repetidamente la diferencia de entusiasmo entre los dos partidos: sólo el 23% de los votantes de las primarias demócratas se declaró motivado por Biden contra el 50% de los republicanos que sigue fervientemente a Trump.

Paradójicamente, tanto Trump como Biden son impopulares entre el público en general. Más allá del apoyo electoral, Trump tiene un índice de simpatía general en la población del 44%, mientras que Biden sólo alcanza el 38%. En tanto, entre el 19% de los votantes que dijeron que desaprobaban a ambos posibles candidatos Biden es rechazado por el 45% y Trump por el 33%.

Aunque, falto de contrincantes, el presidente está ganando indiscutiblemente las primarias, los demócratas están divididos en partes iguales sobre la posibilidad de que Biden, de 81 años, vuelva a liderar el partido y quienes más se oponen son los votantes menores de 45 años.

La encuesta muestra claramente el diferente grado de adhesión al candidato comparando el pensamiento actual de los votantes con el de 2020. Mientras que un 10% de quienes entonces votaron por Biden pretenden sufragar en noviembre por Trump, éste no ha perdido posiciones desde entonces, sino que las ha expandido.

Con su enérgico discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado el pasado jueves 7, el presidente buscó recuperar algo del terreno perdido. En el Congreso, donde se siente a sus anchas, Biden ofreció una robusta imagen. Insistió en que EE.UU. siga ayudando a Ucrania, convocó a subir los impuestos a las empresas y las élites, propuso reducir los costos de la atención médica y mejorar la seguridad fronteriza. El líder demócrata alardeó asimismo de los 46.000 nuevos proyectos que la ley de infraestructuras facilitó, defendió la lucha de su gobierno contra “la agresión y la coerción chinas a la economía” y destacó que desde 2021 el PIB subió y el déficit comercial con el país asiático es el más bajo en una década. No obstante, afirmó, Washington no busca un conflicto con China, sino una competencia leal. Por las dudas, avisó también que EE.UU. está en “una posición fuerte para ganar una contienda contra China o contra cualquier otro”. Biden también se enfrentó a los republicanos por la reforma de la inmigración y prometió restablecer la despenalización del aborto.

Durante su discurso el presidente prometió además enviar una misión militar que construya un puerto temporal en la costa de la Franja de Gaza para hacer llegar la ayuda humanitaria al enclave invadido por Israel. Cabe destacar que momentos antes de la intervención, cientos de activistas propalestinos bloquearon en Washington los accesos al Capitolio exigiendo que las autoridades hagan cumplir un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza y tomen mayores medidas para detener los ataques israelíes contra civiles palestinos. Estas manifestaciones que se multiplican por todo el país, los 100.000 votos “no comprometidos” durante las primarias demócratas en Michigan y Minnesota y las crecientes críticas a Israel en los sondeos preocupan seriamente al presidente.

La ruptura con Netanyahu es total. Biden no puede permitirse más acciones de Israel que pongan en peligro su campaña electoral. Sin embargo, la rebeldía del primer ministro israelí se apoya en la voluntad mayoritaria de su pueblo de seguir peleando en busca de una imposible victoria. No obstante, la elite de Washington está atada a un apoyo ciego al Estado sionista que le quita espacio de maniobra, por lo que la guerra en Asia Occidental continuará impactando directamente sobre la campaña electoral norteamericana y debilitando a Biden.

A las limitaciones objetivas se suman las subjetivas. El 8 de febrero pasado el fiscal especial Robert Hur dio a conocer su informe sobre el manejo de documentos clasificados por parte del actual presidente tras abandonar la vicepresidencia de Barack Obama en 2017. En el mismo concluyó que no imputaría a Biden por haber “deliberadamente guardado y divulgado material clasificado”, porque probablemente un jurado lo vería como un “hombre anciano y bienintencionado, pero con mala memoria”. Esta frase confirmó las dudas de la mayoría de los estadounidenses sobre la salud de Biden y su competencia política y debilitó potentemente sus chances electorales.

Aunque aún no han terminado las elecciones primarias, legalmente no hay dudas de que en noviembre se enfrentarán Biden y Trump. Sin embargo, la impopularidad del presidente va en aumento y sus problemas de salud son ostensibles. En algún momento el aparato demócrata y el poder detrás del trono concluirán que su candidatura es riesgosa. Los medios norteamericanos están llenos de especulaciones sobre la mejor salida a este intríngulis.

La más factible, sugerida por el portal demócrata Político, propone que se deje que la campaña para la nominación siga hasta el 4 de junio, cuando terminan las elecciones primarias. Biden sería entonces el vencedor indiscutible y en ese momento podría renunciar a la nominación, liberando a sus delegados para que apoyen a otro candidato. Una serie de encuestas privadas pondría a prueba entonces el apoyo popular a varios candidatos. Hasta la convención, que comienza el 19 de julio, Biden seguiría siendo el Gran Elector y su indicación final ante los delegados reunidos en Chicago sería determinante. Los gobernadores Gavin Newsom, de California, J.B. Pritzker, de Illinois, y Gretchen Whitmer, de Michigan, suenan como los más posibles delfines, pero hasta ese momento aún falta mucho. Nadie menciona a la vicepresidenta Kamala Harris por su torpe desempeño y sus bajísimos índices de aprobación, pero algún lugar se le dará, para no ofender a los afroamericanos.

Finalmente, ¿qué pasaría, si Biden fuera nominado en la convención a finales de agosto, pero luego no pudiera competir en las elecciones de noviembre? Las normas de la convención establecen que, en caso de “fallecimiento, dimisión o incapacidad” del candidato, Jaime Harrison, presidente del partido, “consultará con los líderes demócratas del Congreso y de la Asociación de Gobernadores Demócratas e informará” a los miembros del Comité Nacional Demócrata (DNC, por su nombre en inglés), que elegirían a un nuevo candidato.

Del otro lado del tablero las cosas tampoco andan muy bien. Aunque Donald Trump ha arrasado en las primarias republicanas, eliminado a todos sus contendientes internos y ha unido y movilizado al partido, tiene problemas legales y financieros que obstaculizan su campaña.

El expresidente se enfrenta a cuatro juicios penales que podrían complicar su candidatura. Ha sido acusado de malversar archivos gubernamentales clasificados, falsificar documentos comerciales para ocultar un pago de dinero por silencio y conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. También enfrenta una acusación por interferir en la votación de 2020. Se ha declarado inocente en los cuatro casos, pero los procesos continúan. Si bien la Constitución le permite aspirar a la presidencia aun si fuera condenado y la inmensa mayoría de los republicanos está convencida de que se trata de una persecución política, un veredicto de culpabilidad haría temblar todo el sistema constitucional y político y la imagen de EE.UU. en el mundo.

Las normas del Partido Republicano no incluyen mecanismos “para sacarlo de la papeleta”, si es condenado una vez ungido candidato. De todos modos, es poco probable que los tribunales expidan sentencias antes de noviembre y, si lo hacen, el reo puede apelar. En principio, entonces, los problemas legales no deberían impedir a Trump llegar a la presidencia. Sí, en cambio, los financieros o una combinación entre ambos.

Los datos de la financiación de campañas publicados a finales de enero de 2024 revelaron que Save America, el comité líder de acción política (PAC, por su nombre en inglés) fundado y controlado por el expresidente Donald Trump, gastó en 2023 más de 50 millones de dólares en honorarios legales derivados de los múltiples casos penales y civiles del expresidente. Otras organizaciones alineadas con Trump pagaron 10 millones de dólares más en honorarios legales adicionales.

Por regla general, las contribuciones a la campaña sólo pueden utilizarse para gastos electorales. No son para el uso personal de un candidato o de un titular de un cargo federal. Sin embargo, la Corte Federal Electoral (FEC, por su nombre en inglés) ha permitido repetidamente que los fondos electorales paguen gastos legales relacionados con una campaña o una acción del titular del cargo. Muchos de los casos legales de Trump, y por tanto sus gastos, están relacionados con actividades de campaña. Otros se relacionan con su papel como titular o ex titular de un cargo. No así la demandas interpuesta por E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación. También probablemente personal es el caso civil en Nueva York alegando fraude empresarial, en el que ha sido condenado a pagar más de 350 millones de dólares en multas.

Parece, además, que Save America también ha estado pagando honorarios legales en esos casos. Save America es el PAC líder de Trump, creado por el PAC Make America Great Again (MAGA). Aunque Save America está controlado por Trump, técnicamente es una entidad independiente y la FEC lo considera un “tercer actor”, por lo que puede pagar sus gastos legales personales. La normativa no es clara y permite interpretaciones contradictorias que pueden dar lugar a decisiones arbitrarias.

A esta altura de la campaña el dinero de los comités de acción política parece haberse agotado. Aunque muchos fervorosos activistas están dispuestos a recaudar fondos para la campaña, no quieren con ellos costear los procesos judiciales del candidato. La campaña presidencial de Donald Trump enfrenta un serio desafío financiero.

Por esta razón el expresidente confirmó el lunes pasado a CNBC que recientemente se había reunido con Elon Musk, pero que no sabía si el multimillonario lo respaldaría en las elecciones, ya que ambos difieren sobre la importancia de la movilidad eléctrica. A la entrevista Musk respondió en su red social X que “no voy a donar dinero a ninguno de los candidatos a la presidencia de EE.UU.” La negativa de Musk dio un serio golpe a la campaña de Trump, ya que ambos ocupan el mismo espacio político, pero el dueño de X tiene mucho más dinero que el neoyorquino y aspira a ser el líder absoluto.

Trump sólo puede escapar de las garras de Musk, si encuentra un candidato a vicepresidente que aporte un buen financiamiento, pero no lo condicione. En el horizonte asoma una pléyade de jóvenes dirigentes mujeres y varones del Partido Republicano, el empresario excandidato Vivek Ramaswamy y el presentador Tucker Carlson. De todos estos postulantes Ramaswamy es el mejor posicionado: viene de afuera de la política, puede recaudar fondos para la campaña, da muestra de apertura racial, es arriesgado como el presidenciable, pero no tiene poder político propio.

Trump está en una buena posición electoral y en una mala situación estratégica: si no consigue rápidamente fondos y los procesos judiciales siguen consumiendo sus reservas, tendrá que conseguir donantes generosos. La mayoría de los grandes oligarcas no tiene interés en involucrarse con él. Sólo Musk tendría eventualmente interés, pero su precio sería altísimo. El sudafricano-canadiense-norteamericano no puede ser candidato, porque no nació en EE.UU., pero podría llenarle el gobierno de personal adicto e imponerle duras condiciones políticas. El líder republicano sólo puede romper el cerco financiero que lo estrangula movilizando a las bases republicanas y convenciéndolas de que sus costos legales y los de la campaña son una y la misma cosa. Para lograrlo, tiene que convertir la lucha electoral en una gran causa nacional. Esto no excluye la eventualidad de que el “Estado profundo” arbitre una interpretación casuística de las leyes, para proscribir y/o encarcelar al republicano.

Estados Unidos se aproxima raudamente a un terremoto: el muy probable relevo de Biden como candidato demócrata y la alta probabilidad de que a Trump le impidan llevar la campaña electoral equivalen a dos golpes de estado en uno. El estado de guerra permanente en el exterior coincidiría entonces con el estado de emergencia permanente en el interior.

Por Eduardo J. Vior
analista internacional

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