Vámonos a la guerra, si es ilegal mejor
Norberto Emmerich
La periodista mexicana Carmen Aristegui informó hace algunos días que el presidente argentino Mauricio Macri otorgó permiso para la instalación de al menos tres bases militares estadounidenses en territorio nacional, en Neuquén (Vaca Muerta), Misiones (Triple Frontera) y Tierra del Fuego (Atlántico Sur).
Dentro del denominado Plan de Reforma y Reorganización del Sistema de Defensa Nacional, el gobierno argentino anunció la publicación en el Boletín Oficial de dos decretos para autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la custodia de “objetivos estratégicos” que deberán ser definidos por el Poder Ejecutivo y el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Lanzar por decreto una Reforma tan ambiciosa y profunda como si fuera una decisión administrativa expresa la falta de convicción del equipo de gobierno.
Dichos objetivos estratégicos pueden incluir activos valiosos para el desarrollo o la supervivencia del Estado, como las reservas naturales, las fuentes de energía, represas hidroeléctricas o instituciones. Se incorporará también el ciberespacio y los activos informáticos. El grado de discrecionalidad para el establecimiento de dichos objetivos se asemeja a la Ley de Seguridad Interior mexicana.
Las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía o la integridad territorial. Los ataques externos pueden provenir de grupos terroristas o narcotraficantes, ya no sólo de otros Estados. En consecuencia dichas problemáticas corresponden a la defensa nacional, no de seguridad interior.
En la reglamentación del Decreto se incorporará la reforma prevista por el ministro de Defensa Oscar Aguad, que busca crear una fuerza de despliegue rápido de 10.000 efectivos para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en las fronteras.
La limitación de las actividades militares a “operaciones en defensa de los intereses vitales de la Nación, operaciones en el marco de la ONU u otros organismos internacionales, operaciones encuadradas en la Ley Nº 24.059 y operaciones en apoyo a la comunidad nacional e internacional” es una declamación políticamente correcta sobre el uso apropiado de las Fuerzas Armadas en un formato correspondiente con la adjudicación supranacional de las problemáticas terroristas, como si tal cosa tuviera algún asidero en la realidad.
La Argentina no tiene un nivel de conflicto con el narcotráfico o el terrorismo que amerite el ingreso a un status de emergencia mediante la convocatoria excepcional de las Fuerzas Armadas a ingresar a un escenario operacional totalmente alejado de sus capacidades institucionales y de sus intereses corporativos. Con instrumentos técnicos del siglo XX y concepciones geopolíticas del siglo XVI los militares argentinos no pueden lidiar con problemáticas del siglo XXI, tan sutiles y complejas como el narcotráfico; no están entrenadas para operar con el narcotráfico, aquí mucho menos que en México, Colombia o Brasil, donde también han fracasado. Nuestras fuerzas de seguridad arrastran una larga crisis desde la dictadura hasta aquí, cuando todavía se olfatea el olor amenazante de la prisión. La historia reciente que puede resumirse en la desaparición del ARA San Juan y la suspensión del desfile del 9 de julio no convierte al aumento salarial del 20% ofrecido por el gobierno en una política de Estado. Empujar a los militares hacia situaciones en las que legalmente no pueden estar no recompone la “familia militar”.
El desconocimiento manifiesto de la realidad social concreta de la frontera norte argentina por parte de los decisores políticos enviará soldados a buscar narcotraficantes en Salvador Mazza sin percatarse de que rastrillar el patio de una escuela argentina es violar la soberanía boliviana. Allí se encontrarán con sus pares de la DEA o del Departamento de Defensa estadounidense, cerrando coherentemente el círculo de política exterior con política de seguridad y defensa en un contexto donde el alineamiento con los programas y presupuestos estadounidenses automatizan la toma de decisiones.
El ministro Aguad confirmó que las Fuerzas Armadas comenzarán una guerra contra el narcotráfico, algo que ni las Fuerzas Armadas ni el propio gobierno tienen interés en hacer. Pero las guerras del siglo XXI no se amparan en el fervor patriótico.
Norberto Emmerich
Dr en ciencias Políticas
Investigador
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