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Lic. Carlos Pereyra Mele
Director de Dossier Geopolitico 

Mediante su tecnología satelital el multimillonario dueño de Starlink limita la libertad de mercado y la soberanía de los países donde ha invertido, empezando por EE.UU.

Por EDUARDO VIOR Analista Internacional

En su mensaje de presentación del cuestionado mega DNU el pasado miércoles 20, el presidente Javier Milei reconoció que la desregulación de la provisión de Internet se hace para favorecer el ingreso a ese mercado de empresas como Starlink, la que mencionó explícitamente. El jefe de Estado, empero, no explicó qué recaudos se tomarán, para proteger la libertad de información y la soberanía del pueblo argentino ante las denuncias de funcionarios y ciudadanos norteamericanos por las limitaciones que estos principios sufren por efecto del control territorial que ejerce la empresa de comunicación digital por satélite.

Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, dijo Milei al referirse al punto 28 de las 30 desregulaciones que mencionó en su discurso del miércoles 20.

Starlink es una empresa de provisión de servicios de Internet por los satélites de su matriz SpaceX, que ya colocó casi 4 mil naves en órbita terrestre baja (LEO, por su nombre en inglés) que dan acceso de alta velocidad a la red a más de un millón de clientes privados, institucionales y estatales en 70 países. En América Latina opera en Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México. En Argentina, en tanto, la empresa ya estaba habilitada desde 2021, pero todavía no tiene asignadas bandas de frecuencia ni ha completado la coordinación de su red trasmisora con la empresa estatal ARSAT que ofrece este mismo acceso.

A diferencia de un servicio de fibra óptica, Starlink alcanza velocidades de descarga entre 25 y 220 megabites por segundo (mbs), aunque puede superar los 100mbs, mientras que, según la propia empresa, la latencia varía entre 25 y 60mbs en tierra y más de 100mbs en ubicaciones remotas. En los países donde está presente el costo mensual del servicio Starlink Standard es de U$S90. A eso se suma una tarifa de 599 dólares por el equipamiento de antena y receptor.

SpaceX, la empresa propietaria de Starlink, comenzó a lanzar satélites Starlink en 2019 y para mediados de la década de 2020 calcula tener en órbita cerca de 12.000 satélites. La empresa también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. Recientemente su propietario, Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de Starlink 2.0 con satélites de 7,5 kg. Sin embargo, éstos requieren cohetes más grandes que los actuales y, por consiguiente, la adecuación de las plataformas de lanzamiento. Como parte de este vertiginoso desarrollo, a principios de la semana pasada la firma instaló su primera antena en Paraguay, en el Chaco Boreal. La conexión satelital permite a la compañía de Elon Musk ganar mercados en las áreas aisladas o menos urbanizadas. De ese modo adquiere una enorme ventaja sobre sus competidores y sobre los propios Estados, que mayormente dependen de la conexión por fibra óptica.

Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne (California). Fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. La compañía ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, la constelación Starlink, la nave de carga Dragon y ha llevado en la Dragon a dos astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Sus logros tecnológicos son impresionantes.

El dueño de ambas firmas tecnológicas, Elon Reeve Musk (1971), conocido como Elon Musk, es un empresarioinversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador y directivo de SpaceXTesla, Inc.The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI (aunque ya no tiene más participación en esta última), además de ser el director de tecnología de X Corp. Con un patrimonio neto estimado en junio de 2023 en unos 207 mil millones de dólares, Musk es la persona más rica del mundo.

           
Este empresario nació en Pretoria (Sudáfrica) de madre canadiense y padre sudafricano blanco. Estudió brevemente en la Universidad de Pretoria antes de trasladarse a Canadá a los 17 años para luego estudiar en la Universidad de Pennsilvania donde se graduó en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California, cofundando la empresa de software web Zip2 con su hermano Kimbal. En 1999 la empresa fue adquirida por Compaq por 307 millones de dólares. Ese mismo año Musk creó el banco online X.com que se fusionó con Confinity en 2000 para formar PayPal. La empresa fue pronto comprada por eBay por 1.500 millones de dólares.

En 2002 Musk fundó SpaceX, fabricante aeroespacial y empresa de servicios de transporte espacial, y en 2003 se unió a la fábrica de vehículos eléctricos Tesla Motors Inc. (ahora Tesla Inc.) como presidente y arquitecto de productos, convirtiéndose en su consejero delegado en 2008. Siguieron importantes fundaciones de empresas que constituyen hitos de su imperio tecnológico. En 2022, finalmente, compró por 44.000 millones de dólares la red social Twitter, la que rebautizó como X.

En el contexto de la política estadounidense Musk ha manifestado su apoyo a Barack Obama en 2008 y 2012, a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Sin embargo, en 2022 giró hacia el Partido Republicano, aunque sus posiciones ideológicas son contradictorias: está al mismo tiempo a favor de la renta básica universal, del derecho a la libre portación de armas, de la libertad de expresión y de un impuesto sobre las emisiones de carbono y se opone a las subvenciones gubernamentales.

Sus opiniones sobre las relaciones internacionales, incluidos los conflictos entre China y Taiwán y entre Rusia y Ucrania, han recibido reacciones encontradas. También apoyó el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 (declaradamente, para quedarse con el litio de ese país). Por el contrario, ha elogiado a China y mantiene una estrecha relación con el gobierno chino, lo que permite el acceso de Tesla al mercado de la potencia asiática.

A principios de abril de 2022, ante la destrucción de los servicios convencionales de Internet en Ucrania, SpaceX donó 3667 de un total de 5000 terminales Starlink que USAID proveyó a Ucrania. Starlink donó además las cuotas por servicio o abonos que normalmente Kiev debió haber costeado. Según Elon Musk, hasta el octubre siguiente su empresa había donado a Ucrania U$S80 millones y a fines de 2022 estimó que el costo de proveer acceso a Internet satelital a Ucrania alcanzaba los U$S20 millones mensuales.

Así, las terminales de satélite de SpaceX se hicieron cruciales para las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, durante el verano boreal de 2023, la contraofensiva ucraniana en la sureña provincia de Zaporiyia se frenó, cuando su vanguardia descubrió que, traspasada una cierta línea, la conexión a Internet dejaba de funcionar. Interpelado por los medios, Elon Musk eludió una respuesta directa, pero declaró que había rechazado una solicitud ucraniana para extender la conexión satelital hasta Sebastopol, porque no quería involucrar a SpaceX en la guerra. Algunas fuentes citaron en ese contexto sus buenas relaciones con Vladímir Putín.

En octubre de 2022 Musk propuso en Twitter que Ucrania cediera Crimea a Rusia de forma permanente y abandonara su intento de ingresar en la OTAN. Ese mismo mes el magnate sugirió que Taiwán se convirtiera en “una zona administrativa especial” de China con un “acuerdo más indulgente que Hong Kong”. Todavía tan recientemente como el 10 de noviembre de 2023 Musk criticó las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, una semana después cambió su política en la plataforma X, declarando que serán suspendidos los usuarios que utilicen expresiones que, según él, impliquen el genocidio de los israelíes.

A lo largo de su carrera en EE.UU. Elon Musk se ha involucrado en interminables polémicas. Sus puntos de vista libertarios, conspirativistas, extremadamente individualistas, machistas, antiinmigrantes, negacionistas del cambio climático y del Covid19, entre otros muchos, provocan regularmente la reacción de los medios de comunicación masivos y de la opinión pública posmodernista.

Pero la influencia de Musk es más descarada y expansiva. Hay pocos precedentes de que un civil se convierta en árbitro de una guerra entre naciones de forma tan granular o del grado de dependencia que Estados Unidos tiene ahora de Musk en diversos campos, desde el futuro de la energía y el transporte hasta la exploración del espacio. SpaceX es actualmente el único medio por el que la NASA transporta tripulación desde suelo estadounidense al espacio, una situación que persistirá al menos un año más. El plan del gobierno para que la industria automovilística se oriente hacia los coches eléctricos requiere aumentar el acceso a estaciones de carga a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, pero esto depende de las acciones de otra empresa de Musk, Tesla. El fabricante de automóviles ha sembrado gran parte del país con sus propias estaciones de carga, hasta el punto de que el gobierno de Biden relajó su impulso inicial de una norma de carga universal que no gustaba a Musk. Todavía, empero, sus estaciones pueden recibir miles de millones de dólares en subvenciones, siempre que Tesla las haga compatibles con el otro estándar de recarga.

En los últimos veinte años, en un contexto de desmoronamiento de las infraestructuras y pérdida de confianza en las instituciones de Estados Unidos, Musk ha buscado oportunidades de negocio en áreas cruciales en las que el Estado ha retrocedido tras décadas de privatizaciones. El gobierno depende ahora de él, pero se esfuerza por reaccionar ante el gusto del empresario por tomar riesgos, su temeridad y su capricho. Funcionarios y ex funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que la influencia de Musk se había hecho ineludible en su trabajo y varios de ellos afirmaron que ahora lo tratan como una especie de funcionario no electo.

Si la primera potencia de Occidente reconoce los riesgos que trajo la creciente influencia del pulpo tecnológico de Elon Musk y el poder que le ha dado remplazar al Estado ausente en territorios y áreas de políticas públicas esenciales, pueden imaginarse los peligros que amenazan a nuestro país, con un Estado que en el último medio siglo fue varias veces atacado, se retiró de grandes áreas de nuestro territorio y descuidó funciones esenciales que hacen al mantenimiento de la soberanía y la libertad de los argentinos. No es para mencionar tan a la ligera a una empresa, como si fuera el sponsor oficial del gobierno.

Por Leonid Savin publicado en Geopolitika.ru

Recientemente, el Centro Internacional para los Conflictos No Violentos, con sede en Washington, publicó otro manual sobre la realización de revoluciones de colores, titulado «Facilitar la cuarta ola democrática: una guía para contrarrestar la amenaza autoritaria» [i]. Este centro continúa la tradición de injerencia en los asuntos internos de Estados extranjeros según el método de Gene Sharp, Bruce Ackerman y otros teóricos de las acciones y movimientos políticos de protesta. Cabe señalar que el director ejecutivo de este Centro es actualmente Ivan Marovic, uno de los líderes del Otpor yugoslavo, que desempeñó un papel clave en el derrocamiento de Slobodan Milosevic.

Otro detalle importante es que el informe se elaboró conjuntamente con el Centro Scofort de Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico. Y el Consejo Atlántico, que se considera indeseable y de hecho está prohibido en Rusia, es el principal grupo de reflexión de la OTAN en Estados Unidos, que elabora recomendaciones militares y políticas para los miembros de la alianza. El coautor por parte del Consejo Atlántico fue Ash Jayne, y el coautor por parte del Centro fue Gardy Merryman. Y el tercer coautor es Patrick Quirk, del Instituto Republicano Internacional, otra organización indeseable en Rusia. Sin embargo, como se indica al principio del documento, en la preparación del manual participaron miembros de un grupo de trabajo especial, que incluía a representantes de la Open Society Foundation de George Soros, la National Endowment for Democracy, Freedom House, la Alliance of Democracies Foundation y una serie de otros centros y organizaciones que durante muchos años se han dedicado a incitar rebeliones, iniciar golpes de Estado y apoyar campañas antigubernamentales en todo el mundo cuando convenía a los intereses de Estados Unidos.

Por cierto, en el prefacio justifican esa injerencia diciendo que, supuestamente, la seguridad de EEUU y de sus socios democráticos (es decir, los satélites) depende del estado de la democracia en todo el mundo.

Y como hay países diferentes de EEUU, que se califican de autoritarios o incluso dictatoriales, es necesario cambiar allí el régimen de poder, es decir, dar un golpe de Estado a manos de los ciudadanos de esos mismos países. Literalmente, en la tercera frase dice que «los regímenes dictatoriales de China, Rusia, Irán y Venezuela y muchos otros países son cada vez más represivos». Como de costumbre, los autores guardan silencio sobre sus aliados, como las autocracias de Oriente Próximo (por ejemplo, Bahréin, donde tras la Primavera Árabe todas las protestas fueron brutalmente reprimidas y muchos de sus participantes condenados a muerte).

Estados Unidos ve su propio sistema democrático como una amenaza porque, en su opinión, debido a su apertura, los «gobiernos autoritarios» supuestamente socavan sus instituciones, influyen en la toma de decisiones y manipulan la información. Además, muchas «democracias» atraviesan una crisis de legitimidad. Lo segundo es ciertamente cierto, ya que el Occidente colectivo ha utilizado durante mucho tiempo métodos autoritarios represivos, y los pueblos no participan en los procesos políticos y están efectivamente excluidos de la gobernanza (por ejemplo, los comisarios de la Comisión Europea, que establece la agenda principal de los países de la UE, no son elegidos por votación popular).

El objetivo de este manual es crear una denominada Cuarta Ola Democrática para, si no destruir, al menos contener a los denominados «regímenes autocráticos», es decir, a los Estados calificados de «amenaza» por Estados Unidos.

Este enfoque se basa en varios movimientos de la llamada «resistencia civil». Los autores creen que en la historia hay ciertos ciclos de tendencias ascendentes hacia la democracia y su inversión. La última tercera oleada se produjo entre 1974 y 2006. Ahora, en su opinión, es el momento de que comience la Cuarta Ola, que las autoridades estadounidenses deberían apoyar de todas las formas posibles.

El documento contiene recomendaciones para el gobierno estadounidense y sus socios, que se organizan en tres secciones temáticas.

El primer bloque describe de forma general la necesidad de ampliar los esfuerzos para apoyar los llamados «movimientos de resistencia», es decir, las «quintas columnas» en otros países. Se supone que la democracia debe elevarse a la categoría de interés nacional clave.

El gobierno estadounidense debería hacer del apoyo a la democracia un factor central en las decisiones de política exterior. El presidente debería ordenar a las agencias de seguridad nacional y al Asesor de Seguridad Nacional que sopesen las implicaciones para la democracia en todas las decisiones importantes de política exterior. Además, el presidente debería emitir una Estrategia de Seguridad Nacional o una directiva para apoyar la democracia en el extranjero. Una directiva de este tipo enviaría una señal clara a los aliados estadounidenses y a los regímenes autoritarios de que Estados Unidos se compromete a apoyar la democracia en el extranjero.

La Unión Europea y otros gobiernos democráticos deberían tomar medidas similares para garantizar que el apoyo a la democracia y la lucha contra el autoritarismo se reflejan como intereses nacionales clave.

Continúa hablando de invertir en nuevas opciones y coordinación para apoyar a las quintas columnas. Hace referencia a las agencias gubernamentales, el Congreso de EEUU, el Departamento de Estado y USAID, que están desarrollando mecanismos adecuados para apoyar a «los suyos» y castigar a los «de fuera». También hace un llamamiento a otros gobiernos para que creen fondos especiales y apoyen a las ONG. Además, se señala la importancia de desarrollar nuevos recursos educativos y manuales para futuros insurgentes, así como el apoyo a nivel de iniciativas y prácticas legislativas. Se dice que hay que implicar a los servicios diplomáticos para que ayuden a los movimientos relevantes y apoyen a los medios de comunicación independientes a nivel internacional y local. Por supuesto, no estamos hablando realmente de medios independientes, sino de medios dependientes de las narrativas y la financiación occidentales para ayudar a difundir propaganda personalizada.

El segundo bloque está relacionado con el desarrollo de un nuevo marco normativo denominado Derecho a la Asistencia (R2A). Esto recuerda a la tristemente célebre doctrina de la «Responsabilidad de Proteger» (R2P), que los países occidentales extendieron en su día incluso a la ONU. Bajo su cobertura, EEUU intervino en Haití y Yugoslavia, bombardeó Libia y suministró armas y equipos a militantes en Siria.

El bloque argumenta que el derecho de soberanía no es absoluto, por lo que si «los autócratas niegan a sus poblaciones el derecho a la autodeterminación y siguen violando los derechos humanos …. esto brinda la oportunidad de intensificar las formas de intervención para proteger y restaurar los derechos de la población».

Sin embargo, cuando el régimen de Kiev negó a su población este derecho y reprimió la voluntad del pueblo, y Rusia intervino para proteger sus derechos, Occidente, por alguna razón, lo calificó de «agresión injustificada» o «anexión». Hay ejemplos similares en otros países. Y el ejemplo más reciente es el apoyo estadounidense a Israel en la represión de la resistencia palestina.

Así que, una vez más, vemos otro doble rasero. Como podemos ver por muchos años de experiencia, sólo hay un criterio claro de lo que puede entenderse por «democracia y derechos humanos» desde la perspectiva estadounidense: si el gobierno de un país es leal a Washington y apoya la política estadounidense, entonces puede hacer lo que quiera con su población e incluso recibir ayuda estadounidense para la represión. Si el gobierno sigue su propio curso político e incluso se atreve a criticar a Estados Unidos, entonces los acontecimientos más insignificantes dentro de ese país, aunque se trate de un delito penal trivial, serán considerados por Washington como una violación de los derechos humanos y un atentado contra los fundamentos de la democracia.

Este doble enfoque se confirma en la sección de preguntas y respuestas. A la pregunta de cómo debe equilibrarse el apoyo a la resistencia civil en otros países con los intereses nacionales de Estados Unidos en política exterior, se dice que no hay una respuesta unívoca y que el contexto es de suma importancia.

No obstante, se señala que la cooperación comercial y en materia de seguridad no excluye necesariamente un apoyo efectivo a la sociedad civil, directa o indirectamente. En este sentido, cabe recordar cómo Estados Unidos hizo la vista gorda ante el derrocamiento de gobernantes que habían sido sus socios estratégicos durante muchos años, como Hosni Mubarak en Egipto durante la Primavera Árabe.

El tercer bloque habla de reforzar la «solidaridad democrática» para presionar a los «regímenes represivos». Es una continuación lógica de los dos bloques anteriores a nivel internacional, incluido el G-7 y la posible creación de la alianza D-10 (no se ha especificado a quién incluirá). Se trata de coordinar sanciones y crear diversos tribunales para intimidar a otros Estados. Pero también se trata de la influencia militar. En primer lugar, se habla de contactos internacionales de los militares y de su entrenamiento y práctica en los países occidentales. En otras palabras, hay una clara alusión a la participación de sus propios agentes reclutados en diversos países. De hecho, varios agentes del orden que fueron entrenados en Estados Unidos prepararon o participaron posteriormente en golpes de Estado. Por ejemplo, en el intento de derrocamiento de Rafael Correa en Ecuador en 2010.

También se dice que desarrolla estrategias militares formales en los países occidentales para ejercer una influencia proactiva y permanente a escala internacional. Aunque aquí la noción original de democracia se está diluyendo claramente. Esta tendencia puede ser muy peligrosa y abrir de hecho la puerta a intervenciones militares de los países de la OTAN contra Estados que no podrán defenderse de su agresión.

Por cierto, el manual fomenta no sólo todo tipo de sanciones y presiones, sino también los ciberataques contra la infraestructura gubernamental de los Estados objetivo. Al mismo tiempo, Occidente pone constantemente el grito en el cielo ante la detección de algunos bots sospechosos o la interferencia en los procesos electorales, si advierten declaraciones críticas de alguien en las redes sociales.

El recientemente creado Ciberforo de la OTAN continúa esta línea de imponer la dictadura digital de Occidente [ii].

Mientras tanto, en octubre, otra organización, Eurasia Group Foundation, presentó un informe bastante interesante sobre las opiniones sobre la política exterior estadounidense [iii].

En él se afirma que «el excepcionalismo estadounidense es una creencia sostenida por representantes de todo el espectro político, pero la mantienen más los republicanos que los representantes de cualquier otra afiliación política. Cerca del 90% de los republicanos creen que Estados Unidos es excepcional por lo que ha hecho por el mundo (24%) o por lo que representa (66%). Sólo el 10% cree que su país no es excepcional.

Por el contrario, tres cuartas partes de los demócratas y de los independientes piensan que Estados Unidos es excepcional por lo que ha hecho (24% y 23%) o por lo que representa (ambos 54%), y casi una cuarta parte piensa que el país es mediocre (22% y 23%, respectivamente)».

Esto explica la desfachatez con la que EE.UU. interfiere en los asuntos de otros países y, bajo discursos de democracia, organiza golpes de Estado sangrientos y otras intervenciones, y hace planes para el futuro (el proyecto de «descolonizar Rusia», que lanzó en 2022) [iv]. Aunque Estados Unidos no ha hecho ningún progreso claro en este sentido, es poco probable que abandone en el futuro sus intentos de desmembrar Rusia bajo cualquier pretexto.

Es probable que el gobierno estadounidense adopte en su totalidad o en parte las recomendaciones propuestas en este manual. Esto significa que debemos estar preparados para nuevas provocaciones e intentos de influencia externa sobre la situación política interna de Rusia, especialmente en vísperas y durante las elecciones de 2024.

Referencias:

[i] www.nonviolent-conflict.org 
[ii] www.euractiv.com 
[iii] egfound.org
[iv] www.csce.gov

Fuente

Traducción: Enric Ravello Barber

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.

Por M. K. BHADRAKUMAR de su sitio web

Estados Unidos fue anfitrión de la primera reunión del nuevo grupo de trabajo sobre terrorismo en formato Quad en Honolulu, Hawaii, del 19 al 21 de diciembre. El grupo de trabajo QUAD sobre terrorismo se constituyó en marzo en la reunión a nivel de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Nueva Delhi, organizada por el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar. 

La declaración conjunta emitida después de la reunión de marzo señaló “con profunda preocupación que el terrorismo se ha vuelto cada vez más difuso, ayudado por la adaptación de los terroristas y el uso de tecnologías emergentes y en evolución, como los sistemas aéreos no tripulados e Internet, incluidas las plataformas de medios sociales para reclutamiento e incitación a cometer actos terroristas, así como para el financiamiento, planificación y preparación de actividades terroristas”. 

Al anunciar el establecimiento del Grupo de Trabajo del Quad sobre Antiterrorismo, la declaración conjunta señaló que “explorará la cooperación entre el Quad y con sus socios del Indo-Pacífico para contrarrestar formas nuevas y emergentes de terrorismo, radicalización hacia la violencia y extremismo violento”. .” 

Una declaración del Departamento de Estado el viernes después de la reunión inaugural del grupo de trabajo subrayó que el foco de la discusión era «mejorar la cooperación del Quad en respuesta a un abrumador incidente terrorista en la región del Indo-Pacífico». [Énfasis añadido.]

La declaración del Departamento de Estado decía además que las discusiones se referían a “presentaciones y un ejercicio teórico centrado en el intercambio de información sobre amenazas terroristas en constante evolución, un mayor desarrollo de mecanismos de coordinación regional y la lucha contra el uso terrorista de tecnologías emergentes. Los participantes (los cuatro países del Quad) exploraron qué capacidades y apoyo podría ofrecer el Quad, y cómo el Quad podría coordinarse para apoyar las capacidades existentes de los países del Indo-Pacífico”. 

No hace falta mucho ingenio para darse cuenta de que Estados Unidos se centra en la situación en desarrollo en el Mar Rojo, donde una coalición de dispuestos encabezada por Estados Unidos está luchando por asumir el desafío al transporte marítimo planteado por los indomables hutíes de Yemen. 

Los hutíes tienen una vieja cuenta que saldar con Israel debido a las repetidas intervenciones encubiertas de este último en la guerra civil en Yemen que se remonta a la década de 1960, debido a la gran importancia de ese país a los ojos de los estrategas israelíes como salida de Israel al Océano Índico y el Lejano Oriente, que hoy se ve agravado por el apoyo de los hutíes a los derechos de los palestinos y la negativa a normalizar las relaciones con Israel.

En abril de 2018, los Emiratos Árabes Unidos, aprovechando la inestabilidad y la falta de un gobierno central en Yemen, simplemente ocuparon la isla de Socotra de ese país, respaldados por tanques, vehículos blindados y artillería. Desde entonces, los Emiratos Árabes Unidos han anexado la isla de Socotra y, en un proyecto conjunto con Israel, están tratando de construir allí una base militar que albergaría a soldados, oficiales y otros expertos y personal militar israelíes en un proyecto para ejercer control militar sobre las rutas marítimas y operaciones de inteligencia. contra Irán. 

Sin duda, las condiciones de inseguridad que afectan el tráfico marítimo hacia el Canal de Suez tendrán enormes consecuencias para la economía mundial en múltiples sentidos: el comercio internacional y las cadenas de suministro, el mercado petrolero, etc. Pero detrás del aluvión de propaganda, las verdaderas intenciones estadounidenses pueden ir mucho más allá.  La demonización de los hutíes proporciona una capa de nubes que oscurece lo que en realidad es una matriz increíblemente compleja.  

Según un análisis del grupo de expertos estadounidense Washington Institute for Near East Policy, Israel tiene planes de desplegar submarinos al este de Suez. Claramente, la base militar de Socotra será ideal para que los submarinos israelíes proyecten su fuerza en el Mar Arábigo. No sorprende que los hutíes estén furiosos por la pérdida de soberanía de su país sobre Socotra y la transformación de la isla en un puesto avanzado israelí con el apoyo tácito de Estados Unidos. Esto es una cosa. 

Los estados regionales son cautelosos a la hora de asociarse con la coalición encabezada por Estados Unidos de los que están dispuestos a desplegar fuerzas navales en el Mar Rojo para preservar los intereses israelíes bajo el pretexto de proteger la «libertad de navegación». Los hutíes no harán concesiones con Israel y los Estados de la región actuarán con cautela para no quedar atrapados en el fuego cruzado. Los hutíes tienen una reputación bien ganada de ser luchadores duros y, en este caso, también son un grupo muy motivado con adrenalina fluyendo por sus venas después de haber resistido la guerra entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos para borrarlos del panorama político de su país.

Desde una perspectiva geopolítica, Estados Unidos tiene fuertes razones para dominar el Mar Rojo, donde China tiene una base naval en Djibouti y Washington ha estado alimentando la guerra civil en Sudán para mantener al país en ebullición y bloquear los planes de Rusia de establecer una base de submarinos. . Otro estado litoral, Eritrea, ocupa una posición estratégica clave en el lado oriental del Mar Rojo, que tiene fuertes vínculos económicos, diplomáticos y militares con China y Rusia. 

De hecho, los esfuerzos estadounidenses por derrocar al  primer ministro democráticamente elegido, Abiy Ahmed, de Etiopía , el país más grande del Cuerno de África y alineado con Rusia, fracasaron estrepitosamente. Basta decir que a Estados Unidos no le queda ni un solo amigo o aliado en toda la parte oriental del Mar Rojo.  

La gran pregunta es si la estrategia estadounidense para arrastrar a QUAD –y junto con él, a la India– al Mar Rojo tendrá éxito. En cierto modo, esto es una repetición de la historia cuando, resistiendo la presión de la administración de George W. Bush, el gobierno de Atal Bihari Vajpayee se negó a unirse a la coalición encabezada por Estados Unidos de los dispuestos a invadir Irak en 2003. En retrospectiva, eso resultó ser una sabia decisión. Entonces, como ahora, hay grupos de interés influyentes en Delhi que probablemente abogarían por la participación india en la «guerra contra el terrorismo» encabezada por Estados Unidos contra los hutíes . 

De hecho, los comentarios ambivalentes del portavoz indio en una conferencia de prensa el jueves causan cierta inquietud: “Mire, India siempre, por supuesto, ya sabe, hemos tenido intereses creados y hemos apoyado el libre movimiento del transporte marítimo comercial. Eso es algo que nos interesa. Por supuesto, estamos siguiendo de cerca los acontecimientos allí. En la medida en que creo que hubo… también somos, como saben, parte de los esfuerzos a nivel mundial para… los esfuerzos internacionales para garantizar el envío gratuito, ya sea contra la piratería o de otro modo, la India ha estado involucrada en ello. Así que continuaremos monitoreándolo. Creo que hubo alguna comunicación sobre este grupo de trabajo o la operación, pero tendría que volver a comunicarme con usted sobre cualquier novedad específica sobre ese tema, porque no sé si ha habido alguna invitación específica o nos han pedido que nos unamos o hemos aceptado hacerlo. Como dije, esta es una nueva iniciativa y tendremos que comunicarnos con usted tan pronto como tengamos algo que transmitir al respecto. Pero permítanme enfatizar que hemos sido parte de los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro de los barcos en el Mar Arábigo y valoramos la libre circulación del transporte marítimo comercial. No tengo conocimiento de ninguna conversación con ningún país específico, ciertamente Irán o Yemen…” 

Mientras tanto, lo que hay que señalar cuidadosamente es que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó por teléfono al primer ministro Narendra Modi el martes, coincidiendo con la reunión del grupo de trabajo QUAD en Hawaii. Modi escribió más tarde que durante un intercambio “productivo” de opiniones sobre el “conflicto en curso entre Israel y Hamas” con Netanyahu, los dos tenían “preocupaciones compartidas” sobre el tráfico marítimo. La publicación de Modi no profundizó en detalles mientras que la versión israelí afirmó que Modi «señaló que la libertad de navegación es una necesidad global esencial que debe garantizarse».

De hecho, hay mucho en juego para que Israel dé lastre a la coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo. Estados Unidos e Israel están desesperados por involucrar a la India en su próxima desafortunada «guerra contra el terrorismo» contra Yemen, un estado civilizacional, para darle a su arriesgada empresa un lugar y un nombre regional.

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.

La geopolítica está ante un punto de inflexión. El mundo que viene está caracterizado por ser menos previsible, más impulsivo y caótico y, en muchos aspectos, más dependiente de actores no estatales.

Además de las guerras o conflictos armados a los que estamos acostumbrados, estaremos expuestos a influencias, riesgos y amenazas de todo tipo que se traducirán en un mayor número de disputas, mayor polarización social, menos consensos y más decisiones unilaterales de los que hemos presenciado en décadas anteriores.

¿Cómo afectará el nuevo orden mundial? ¿Cómo se presenta el futuro en el escenario internacional? ¿Qué marcará la seguridad, la estabilidad y la dinámica económica del mundo en los próximos años? En este artículo te presentamos las 10 tendencias del contexto geopolítico global que es obligatorio monitorizar para entender hacia donde vamos.

1. Del mundo unipolar a un mundo más multipolar que nunca

Una de las principales tendencias que podemos observar en el mundo actual y que será clave en los próximos años será el paso de un mundo unipolar a un mundo mucho más multipolar. Ello, auspiciado por el fin de la época de la unipolaridad de la que disfrutó Estados Unidos como única y gran potencia global desde el final de la Guerra Fría (1991) hasta el inicio de la crisis financiera global (2008).

En esta etapa transitoria hacia la multipolaridad, el poder de Estados Unidos se está viendo rivalizado por China, país que está motivando un cambio en la balanza mundial del poder tanto por su rápido crecimiento durante estas últimas décadas como por las capacidades económicas, demográficas, militares o culturales que ha ido adquiriendo con los años.

Por otro lado, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos abre la puerta a una competición entre potencias que aumenta el riesgo de escaladas militares, agravado por el armamento nuclear y otro tipo de armas de destrucción masiva.

No obstante, podemos mencionar otros países que se están conformando como centros de poder en determinadas regiones o ámbitos, entre ellos: India e Indonesia en la región de Asia-Pacífico; Rusia y Turquía en la zona euroasiática; Sudáfrica, Angola, Nigeria o Etiopía en el África subsahariana; Irán y Arabia Saudí en Oriente Próximo y Brasil o México en América Latina.

2. Empresas, los nuevos pesos pesados de la geopolítica

En esta nueva época que se abre, uno de los indiscutibles protagonistas van a ser las empresas. Mientras que otros actores no estatales más tradicionales, como los grupos terroristas, los movimientos sociales, ONGs, sindicatos o asociaciones van a ver eclipsado su poder e influencia.

En los próximos años, las grandes empresas multinacionales (en especial las tecnológicas) comenzarán a marcar de una forma más fuerte la agenda política a escala mundial. Las llamadas GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon) cuya capitalización bursátil camina hacia los tres billones de dólares, cifra similar al PIB que actualmente tienen Francia o Reino Unido son los principales actores no estatales a monitorizar.

Teniendo en cuenta que en la actualidad el número de usuarios de internet alcanza los 4.000 millones, y para el año 2020 serán 5.000 millones, debemos reparar en lo siguiente: los datos de los usuarios han comenzado ya a ser catalogados como el próximo gran «recurso natural», de mayor valor que los hidrocarburos o minerales como el oro o el coltan.

Estas multinacionales van a explotar sus datos no solo para los fines de su propia actividad comercial -sea la que sea- sino también como meros captadores de datos que luego son revendidos o utilizados por otras empresas. Fórmate con el Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada para profesionalizarte en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, desde la empresa, las instituciones públicas y los organismos internacionales.

Como hemos evidenciado desde 2010, este uso de los datos también puede tener fines políticos; de hecho, es habitual que en las campañas políticas de países occidentales se utilice constantemente la información disponible en redes sociales o App para trazar estrategias, lanzar mensajes o intentar influir en la agenda política.

Con esta situación, queda ver exactamente cuál es será el papel que escojan jugar estas grandes empresas en los próximos años. Es conveniente que los analistas de inteligencia y analistas internacionales vigilen de cerca sus acciones y sus posicionamientos.

3. De la guerra convencional a la guerra híbrida

En la actualidad hay muchísimos menos conflictos armados que en cualquier otro momento de la historia. Frente al uso de acciones armadas por parte de los Estados, estrategia frecuente hace décadas, hemos pasado a acciones más centradas en la desestabilización política y la disrupción económica. Hoy son mucho más frecuentes tácticas como la desinformación, el ciberespionaje, la compra-venta de empresas o la imposición de sanciones económicas.

En este sentido, veremos cómo las guerras de carácter comercial o económico se vuelven cada vez más frecuentes y toman un creciente protagonismo en la agenda de los Estados y también de los actores no estatales, especialmente las multinacionales.

Existen abundantes ejemplos recientes que abarcan buena parte de los tipos de acciones que se pueden llevar a cabo. Un ejemplo de ello, es que la Unión Europea impuso distintas sanciones a sectores y empresas clave de Rusia por su participación en la guerra civil ucraniana y la posterior anexión de Crimea en 2014. En el otro sentido, altas autoridades de diversos países han apuntado a los servicios de inteligencia rusos como los causantes de ataques de influencia y desinformación ante procesos electorales en Europa y Estados Unidos.

4. La información es poder, pero el big data es poder exponencial 

Lo cierto es que la democratización de la información producida en los últimos tiempos, ha supuesto sin duda un balance positivo. No obstante, también ha traído consigo cuestiones controvertidas que debemos entender en dos dimensiones:

  • Por un lado, la ingente cantidad de datos de todo tipo, conocidos coloquialmente como Big Data, será un factor diferencial para el desempeño de muchos actores, ya sean estatales o no estatales. Este uso masivo de información puede ser utilizado por empresas para mejorar su posición en el mercado hasta por Gobiernos -especialmente autoritarios- que deseen tener controlada a su población o a la población de sus enemigos.
  • Por otro lado, otro de los riesgos que generan una mayor preocupación es la desinformación. Ésta se orienta a generar un ambiente informativo tóxico en el que no se consigue discernir de forma clara qué es cierto y qué no, apoyándose normalmente en informaciones falsas o descontextualizadas que se hacen pasar por ciertas. El efecto más inmediato de un clima de desinformación es la polarización social y el descrédito de actores, normalmente aquellos hacia los que va dirigida directa o indirectamente esa desinformación -el Gobierno, empresas, partidos políticos, medios de comunicación, etc.-, lo que a su vez redunda en un aumento de la inestabilidad política y social.

5. Un nuevo mundo de riesgos y amenazas específicos

Los riesgos y amenazas de carácter no estatal aumentarán y tendrán mayor incidencia en nuestras vidas. Cuestiones como el cambio climático, los ciberataques o los grandes cambios tecnológicos pasarán a tener un papel más relevante en nuestro día a día.

El Foro Económico Global (también conocido como Foro de Davos) agrupa los riesgos que identifica en cinco categorías: económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos.

  • Económicos: desde la hiperinflación a un cambio brusco de un recurso energético, pasando por burbujas de activos o tener un paro estructural desorbitado.
  • Medioambientales: El cambio climático sería el gran pilar central aquí, pero podemos encontrar riesgos como un vertido tóxico, sequías, inundaciones o terremotos.
  • Geopolíticos: desde el colapso de un país a un conflicto armado -inter o intra estatal-, como también la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.
  • Sociales: crisis alimentarias, epidemias de enfermedades infecciosas o grandes migraciones forzosas.
  • Tecnológicas: por la interconectividad y dependencia tecnológica todos los actores están expuestos especialmente aquellos más modernos. El Foro considera, por poner algunos ejemplos, los efectos no deseados de mejoras tecnológicas, la caída de una infraestructura crítica o ciberataques a gran escala.

6. A las puertas de la próxima gran crisis económica

La economía mundial está dando señales de ir de nuevo hacia el colapso. Como sabemos, la economía es cíclica, por lo que en estos momentos las previsiones alertan de que una nueva crisis puede estar por venir.

Una situación que se ve alimentada por el aumento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y que, inevitablemente, tiene efectos negativos para la economía de todo el mundo (ambos países juntos representan el 40% del PIB global). Asimismo, la incertidumbre ante un Brexit sin acuerdo contribuye a esta posibilidad de una crisis económica venidera.

Las grandes empresas están reduciendo sus plantillas y tomando decisiones más conservadoras para mantener su capacidad de decisión y agilidad ante un escenario como el de la crisis de 2008. Es bien sabido que cada 8-15 años se produce una gran crisis económica, ¿cuál será el detonante en esta ocasión?

7. Normalización del conflicto (y de la violencia)

Esta es una de las conclusiones que se extraen del documento ‘Notas Internacionales’ elaborado por expertos del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) en colaboración con ESADEgeo. Según su análisis, «la tendencia apunta hacia la cronificación de conflictos o incluso a aumentos de tensión en algunos escenarios que habían reducido su intensidad como el que enfrenta a Ucrania y Rusia».

Uno de los ejemplos más recientes de normalización del conflicto lo estamos viendo con el movimiento de protesta conocido como los Gilets Jaunes (Chalecos amarillos) en Francia, tal y como señalan en el portal Hokana. Según indican en un informe sobre los riesgos geopolíticos para este 2019, «no son pocos los analistas europeos que temen el rápido contagio de las manifestaciones amarillas, que ya alcanzan países vecinos como Bélgica y Alemania».

Como ya sucedió en las llamadas «Primaveras árabes» o en el movimiento 15-M en gran parte del mundo, el contagio de movilizaciones sociales está más latente que nunca.

8. Aumento de los casos de «Brexit» ante las crisis de liderazgo

En línea con lo anterior, el mismo informe se hace eco de la advertencia por parte de la prensa británica de que «aquellos ciudadanos ingleses frustrados por el estancamiento del proceso conocido como Brexit (polémico referendo del 2016 que votó ligeramente a favor de sacar al Reino Unido de la Unión Europea) pronto podrían darse cuenta de lo rápido y útil que puede resultar sumarse a esta ‘primavera’ de protestas callejeras en el viejo continente».

Algo que no sabemos si llegará a darse como tal, pero que de momento ya se ha comenzado a materializar con una reciente gran manifestación en favor de un segundo referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea que llenó las calles de la capital británica.

Sea como sea, todo lo relativo al Brexit está aún en cuarentena y marcará la agenda política y económica del 2019 y años venidores; siendo el peor de los resultados un escenario de no-acuerdo o de ‘Brexit salvaje’ y una división y fractura dentro de la sociedad británica.

Sin duda, las crisis institucionales y liderazgo, así como el desapego de los ciudadanos hacia sus instituciones pueden provocar la aparición o aumento de nuevos casos de Brexit alrededor de Europa (avance de partidos euroescépticos, aumento del independentismo en regiones de varios países europeos, etc.)

9. Polarización ideológica en Latinoamérica

Esta región geopolíticamente tan relevante a nivel mundial afronta principalmente tres desafíos: su papel en el sistema mundial, la desigualdad y violencia en sus sociedades y la crisis de legitimidad de los modelos políticos y económicos establecidos.

A ello ha de sumarse que las elecciones de los últimos años han transformado el panorama político de esta región, creando una divisiones ideológicas de derecha e izquierda que podrían dificultar el trabajo conjunto hacia la resolución de los problemas económicos y sociales que aquejan a esta región.

En definitiva, la geopolítica regional actual está pasando por un período de transición marcado por una heterogeneidad política creciente. Esto implica una fase de incertidumbre e incesantes transformaciones a diferentes niveles, que generan una elevada confusión sobre el panorama futuro de la zona y una división social que podría evolucionar en protestas violentas, terrorismo o intervenciones militares a nivel interno en cada país, a nivel regional o incluso con influencia internacional.

10. Consolidación de las guerras perpetuas en Oriente Medio

Las guerras en Siria, Yemen y las tensiones árabo-israelíes en Palestina seguirán siendo puntos de conflicto. Estas cuentan con la participación de agentes extranjeros y de las principales potencias regionales. En Siria la evolución de la contienda parece ir siendo más favorable hacia el régimen de Bachar al Asad, mientras que en Yemen la situación se encuentra totalmente estancada y dividida.

Asimismo, está por ver en qué queda el retiro de las tropas estadounidenses en Siria y Afganistán anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.

Fuente Lisa Institute

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/lista-10-riesgos-geopoliticos-tendencias-seguridad-2019-2025

Texto finalizado el 15 de diciembre de 2023. Esta Nota Internacional es el resultado de la reflexión colectiva del equipo de investigación de CIDOB. Coordinada y editada por Carme Colomina, en el proceso de redacción ha contado con aportaciones de Inés Arco, Anna Ayuso, Ana Ballesteros, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Víctor Burguete, Anna Busquets, Javier Carbonell, Carmen Claudín, Francesc Fàbregues, Oriol Farrés, Agustí Fernández de Losada, Marta Galceran, Blanca Garcés, Seán Golden, Berta Güell, Julia Lipscomb, Bet Mañé, Ricardo Martínez, Esther Masclans, Óscar Mateos, Sergio Maydeu, Pol Morillas, Diego Muro, Francesco Pasetti, Héctor Sánchez, Reinhard Schweitzer, Antoni Segura, Cristina Serrano, Eduard Soler i Lecha, Alexandra Vidal, Pere Vilanova. 

2024 será un año de urnas y armas. Las elecciones celebradas en más de 70 países, que actuarán como un test de estrés para el sistema democrático, y el impacto de la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global definirán un mundo en plena transición de poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales.

Se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. 2024 empieza totalmente abierto, marcado por un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado, definido por alianzas e intereses cambiantes en cuestiones como la competición geopolítica, las transiciones verde y digital o la seguridad internacional.

Las consecuencias económicas de las sucesivas crisis serán más visibles que en años anteriores: el crecimiento económico será débil y el frenazo chino reverberará en las economías emergentes, cada vez más tensionadas por el endurecimiento de las condiciones financieras y la fortaleza del dólar.

2024 será un año de urnas y armas. Un test de estrés tanto para el sistema democrático como para la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global. Seguimos ante un mundo desordenado, convulso y contestado, pero, esta vez, cualquier análisis pende del gran interrogante que supone el intenso ciclo electoral que marcará el próximo año. Con guerras abiertas en Ucrania, Palestina, Sudán o Yemen, el mundo concentra la mayor cantidad de conflictos activos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la agenda geopolítica de los próximos meses se entreteje a partir del impacto mutuo entre los distintos conflictos bélicos y el veredicto que lanzarán los más de 70 procesos electorales marcados en el calendario.

Hay elecciones que pueden definir guerras. Las consecuencias políticas de la brutal ofensiva israelí en Gaza o el estancamiento del frente de guerra ucraniano también dependen de la carrera presidencial en Estados Unidos. Las grietas en la unidad transatlántica y las cada vez más categóricas acusaciones de doble rasero en las lealtades de Occidente no son ajenas a lo que ocurra el 5 de noviembre de 2024 en las urnas estadounidenses. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca modificaría por completo las relaciones de fuerza y la posición de Washington en cada uno de estos conflictos, desde el suministro de armamento al Gobierno ucraniano, al apoyo a Israel, o en la confrontación con Rusia o China.

Pero no se trata solo del futuro de la democracia en Estados Unidos: más de 4.000 millones de personas irán a las urnas en más de 70 países.  La Unión Europea (UE), India, Pakistán, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela o Senegal… grandes actores con peso demográfico e influencia geopolítica protagonizarán un año de una intensidad electoral sin precedentes, que definirá un mundo en plena transición global del poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales. Sin embargo, tanta concentración de elecciones no significa más democracia. Estamos en tiempos de inteligencia artificial (IA) y de sofisticación extrema de la manipulación que amenazan la fiabilidad de las urnas. Los sistemas híbridos ganan terreno, y está por ver si el ciclo electoral de 2024 acaba siendo un momento de profundización de la degradación o de resistencia democrática. La sensación de desorden no es nueva, ni siquiera su aceleración. Pero cada año se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. El mundo es cada vez más descentralizado, diversificado y multidimensional. Se consolida este «orden múltiplex» –como Amitav Acharya lo describió ya en 2017– porque todo ocurre simultáneamente. Y, sin embargo, seguimos ante un rediseño del mundo todavía abierto porque esta simultaneidad de cambios concentra distintas pugnas en liza. 

1.    Más conflictividad, más impunidad

2023 ha sido uno de los años más conflictivos en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra mundial. En solo doce meses, la violencia política ha aumentado un 27%. Crece en intensidad y en frecuencia. La guerra en Gaza ha marcado el final de 2023, con sus más de 17.000 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, las advertencias por parte de Naciones Unidas del riesgo de colapso humanitario y de genocidio de la población palestina atrapada en la Franja, así como el pulso entre el primer ministro Benyamín Netanyahu y el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, para intentar lograr un alto el fuego. En esta crisis continuada del orden liberal y en plena discusión sobre la validez del derecho internacional, Israel ha asestado un golpe profundo a la credibilidad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se ha convertido en un instrumento para la parálisis; una tenaza al servicio de los intereses de viejas potencias que han llevado a Guterres a admitir públicamente la frustración de la impotencia. Unas Naciones Unidas que, debilitadas políticamente, se aferran a su acción humanitaria sobre el terreno para intentar marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 130 trabajadores humanitarios de Naciones Unidas han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, el mayor número de fallecidos entre su personal en un conflicto de su historia. 

2023 ha sido un año violento. Se estima que 1 de cada 6 personas en el mundo ha estado expuesta a un conflicto en los últimos doce meses. La sensación de impunidad y de menosprecio por la legislación internacional se ha agravado. No solo en Gaza. El enquistamiento de la guerra en Ucrania; la expulsión de la población de origen armenio de Nagorno Karabaj; o la sucesión de golpes de estados vividos en seis países africanos en los últimos 36 meses dan buena cuenta de este momento de «desregulación del uso de la fuerza», que se ha ido fraguando durante años de erosión de las normas internacionales. Y si a finales de 2023 asistimos a la retirada de las tropas internacionales del G-5 Sahel desplegadas en Burkina Faso y Níger, como ya ocurrió un año antes con la expulsión de los soldados franceses de Mali, en 2024 será la misión de Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) la que tendrá que abandonar el país antes del 29 de febrero. Una retirada que Human Rights Watch ha calificado de «abdicación catastrófica» porque aumenta el riesgo de atrocidades y abusos a gran escala en un escenario de guerra civil, limpieza étnica y hambruna que ya ha provocado más de siete millones de desplazados internos, convirtiendo Sudán en el país con un mayor número de desplazados internos de todo el planeta.

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Y, sin embargo, el combate internacional por poner límites a la impunidad se dotará de nuevos instrumentos en 2024. A partir del 1 de enero, la Convención Liubliana-La Haya en cooperación internacional para la investigación y persecución del crimen de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes internacionales podrá ser firmado (y ratificado) por los estados miembros de Naciones Unidas que deseen adherirse. Se trata del mayor tratado para la lucha contra la impunidad internacional, que facilita la cooperación interestatal en la investigación judicial de estos crímenes, garantiza la reparación para las víctimas y agiliza la extradición. En paralelo, Naciones Unidas también está elaborando una Convención contra los crímenes contra la humanidad con el objetivo de crear un tratado vinculante de derecho internacional, especialmente en un contexto marcado por el aumento de estos crímenes en países como Myanmar, Ucrania, Sudán o Etiopía. En otoño de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá que valorar el progreso de las negociaciones. Todo ello ocurrirá coincidiendo con los 30 años del genocidio de Rwanda.

En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, hasta ahora sin consecuencias. Sin embargo, si en noviembre de 2024 Putin decidiera asistir a la próxima cumbre del G-20 en Brasil, eso supondría un desafío para el país anfitrión ya que, a diferencia de India, Brasil sí es parte del Estatuto de Roma de 1998, el tratado internacional que condujo a la creación de la CPI. Si en un principio el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Putin no sería detenido en caso de acudir a la cumbre, después matizó que la decisión recaería sobre la justicia brasileña y no en el Gobierno. 

A pesar del pesimismo que pueda generar la eficacia de estos tratados, en los últimos meses hemos visto como, tras la ofensiva militar azerí en Nagorno Karabaj, Armenia ratificó en noviembre el Estatuto de Roma de la CPI, adquiriendo el estatus de país miembro a partir de febrero de 2024. Además, a finales de 2023, Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las Comores y Djibouti reclamaron una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Palestina. Asimismo, en noviembre de 2023, las autoridades judiciales francesas emitían una orden de detención internacional contra el presidente sirio Bashar al-Assad –rehabilitado este mismo año con su retorno a la Liga Árabe, más de una década después de su expulsión–  y varios generales sirios por el uso de armas químicas contra su población civil en 2013.

2.    La democracia, a examen

Más de 4.000 millones de personas están llamadas a las urnas en 76 países, casi el 51% de la población mundial. Mientras la mayoría de la ciudadanía de estos países votará en democracias plenas o con imperfecciones, uno de cada cuatro votantes participará en comicios en regímenes híbridos y/o autoritarios. Países como Rusia, Túnez, Argelia, Bielorrusia, Rwanda o Irán instrumentalizarán estos procesos electorales para tratar de fortalecer a los liderazgos en el poder y ganar legitimidad ante sus ciudadanos, mientras que casi la otra mitad del electorado ejercerá su derecho a voto en países que, en los últimos años, han mostrado una erosión democrática o tentaciones iliberales, como en Estados Unidos o India.

2023 se cierra con la toma de posesión del «anarcocapitalista» Javier Milei a la presidencia argentina, que confirma la profunda crisis de los partidos tradicionales y el auge de las agendas radicales: desde el agresivo punitivismo penal de Nayib Bukele en El Salvador ―que aspira a la reelección en 2024―, a la irrupción electoral de Renovación Popular en Perú, refundada por el hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Respuestas extremas a los distintos escenarios de crisis político-económicas y de seguridad. En Europa, las urnas europeas dieron una de cal y otra de arena, con la victoria de la oposición polaca, por un lado, y los buenos resultados del islamófobo Geert Wilders en los Países Bajos, por el otro. Pero el intenso ciclo electoral de 2024 será decisivo para saber si se consolida la contestación, la fragmentación y el auge del extremismo político que han transformado las democracias a nivel global, o bien si el sistema resiste.

En este test democrático, el voto de las mujeres y los jóvenes será clave. Lo fueron en Polonia, como castigo a las políticas reaccionarias del Partido Ley y Justicia (PIS). En Brasil o Austria, por ejemplo, el apoyo de los hombres a fuerzas de extrema derecha es 16 puntos superior al de las mujeres. En México, las presidenciales de junio de 2024 elegirán, por primera vez a en su historia, a una mujer como presidenta del país. Las dos candidatas son Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital y representante del gubernamental partido de izquierdas, Morena, y Xóchitl Gálvez, en nombre de una coalición opositora de Frente Amplio por México, que agrupa, entre otros, al derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En Estados Unidos, la movilización de las juventudes de origen latino será especialmente relevante. En los últimos años, más de 4,7 millones de jóvenes hispanos han obtenido el derecho a voto y su papel va a ser significativo en estados claves como Nevada o Arizona. Si bien esta cohorte tiende a mostrar una actitud e inclinación progresista, su perspectiva sobre los partidos dominantes es complicada: cuestiones identitarias, de discriminación o racismo suelen marcar su relación tanto con los Demócratas como con los Republicanos, y rechazan la identificación política, lo que refuerza la idea de que la polarización en Estados Unidos es más evidente entre los políticos que entre sus votantes. A pesar de ello, el miedo a unas elecciones injustas ha aumentado dramáticamente (del 49% en 2021 al 61% en 2023). Aunque la desigualdad económica sigue siendo la principal amenaza percibida (69%) entre los votantes estadounidenses, el mayor desafío en esta carrera electoral es, probablemente, la presencia de Donald Trump, no solo porque su futuro inmediato está en manos de los tribunales, sino también porque si su candidatura llegara a materializarse significaría que el Partido Republicano habría decidido entregar su futuro al hombre que intentó revertir los resultados electorales de hace cuatro años y que el propio comité del Congreso, que investigó la toma del Capitolio del 6 de enero de 2020, acusó de «insurrección». A partir de enero empezarán las elecciones primarias y los caucus estatales; sin embargo, a falta de concretarse los candidatos definitivos, el imaginario de un posible duelo electoral entre octogenarios se resuelve, de momento según las encuestas, a favor de Trump. Mientras tanto, la fecha del juicio al expresidente se acerca peligrosamente al supermartes del 5 de marzo, el día en que 13 estados votan en las primarias republicanas.

Una investigación de The Guardian con la Universidad de Chicago afirma que un 5,5% de los estadounidenses, es decir, 14 millones de personas, creen que el uso de la fuerza está justificado para restaurar a Donald Trump en la presidencia, mientras que otro 8,9%, unos 23 millones de estadounidenses, creen que la fuerza está justificada para impedirlo. No se trata de una tendencia aislada. El riesgo de inestabilidad política y de violencia vinculada a procesos electorales va al alza, así lo confirma la Fundación Kofi-Annan.

También el futuro de una Unión Europea, que afronta este invierno con dos guerras en su vecindario, se decidirá en las urnas. Además de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024, 12 estados miembros también tienen comicios. Las elecciones generales en Bélgica, Portugal o Austria serán un buen termómetro para medir la fuerza de la extrema derecha, que aspira a salir reforzada de las elecciones a la Eurocámara. Si los comicios de 2019 determinaron el fin de la gran coalición que, desde los orígenes del Parlamento Europeo, había garantizado a socialdemócratas y democristianos una mayoría de escaños en el pleno de Estrasburgo, ahora el gran interrogante está en saber dónde quedarán los límites de la derechización de la UE. Las últimas proyecciones en intención de voto muestran resultados importantes para el grupo Identidad y Democracia (ID) –hogar de partidos de extrema derecha como el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen o Alternativa para Alemania (AfD)– que llegaría hasta los 87 escaños y superaría a la otra familia de derecha radical, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que preside la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que pasaría de los 66 eurodiputados actuales a 83. Sin embargo, y a pesar de la pérdida de escaños que sufrirían las fuerzas tradicionales, el Partido Popular Europeo (PPE) seguiría como la principal familia política de la Unión. Por eso, unos de los interrogantes de este 2024 es saber si ¿estaría dispuesto el PPE, que preside el bávaro Manfred Weber, a buscar una posible mayoría con la derecha radical?

Las nuevas mayorías en la UE serán cruciales para decidir el futuro de los compromisos climáticos, la continuidad de la ayuda a Ucrania y las urgentes reformas institucionales que deben facilitar la entrada de futuros miembros. La ampliación tiene que pasar de ser una promesa a una realidad, pero la UE está cada vez menos preparada para llevarla a cabo. En 2024, cuatro países candidatos a la Unión celebrarán elecciones: Bosnia y Herzegovina, Moldova, Macedonia del Norte y Georgia, además de la incógnita que pende sobre la convocatoria de elecciones en Ucrania. Según su Constitución, Ucrania debería celebrar comicios en marzo de 2024. Pero, bajo la ley marcial, impuesta tras la invasión de Rusia en 2022, con una parte del electorado reticente a ir a las urnas en plena excepcionalidad, y con ocho millones de refugiados ucranianos fuera del país, Volodímir Zelenski ya apuntó en noviembre que no era «el momento adecuado».

También un Reino Unido en plena crisis política y social podría avanzar elecciones generales, previstas para enero de 2025. Con un escenario desafiante para los conservadores frente al Partido Laborista encabezado por Keir Starmer, el actual primer ministro, Rishi Sunak, tiene discreción para elegir la fecha de los comicios. Otro de los interrogantes es Libia que, tras quedar pospuesto indefinidamente en 2021 el plan de Naciones Unidas de celebrar elecciones, la incapacidad de alcanzar un acuerdo entre los miembros de los dos gobiernos en el este y el oeste del país ha vuelto a mover la fecha de una posible celebración de comicios a 2024.

En África, se celebrarán 16 elecciones, aunque solo seis de ellas tendrán lugar en países considerados como democracias. Treinta años después de las elecciones de 1994 en Sudáfrica, que marcaron el inicio de un viaje democrático dominado desde entonces por el Congreso Nacional Africano (CNA), el panorama político empieza a cambiar. Las elecciones generales de 2024 pueden confirmar el debilitamiento del poder y de los apoyos al CNA, mientras los principales partidos de la oposición buscan alianzas para presentar una alternativa. Además, la complicada situación económica, unida a otros factores como la corrupción, ha hecho que crezcan en popularidad partidos extremistas.

También en India la oposición se presenta más unida que nunca ante un Narendra Modi que aspira a renovar un tercer mandato en primavera. Aupado en el nacionalismo, la polarización y la desinformación, Modi exhibirá los logros económicos y geopolíticos del país que en 2023 superó a China como el más poblado del mundo.

Finalmente, está por ver qué grado de participación podrá tener la oposición venezolana en las elecciones presidenciales pactadas por Nicolás Maduro para la segunda mitad del año. De momento, el panorama interno se ha enrarecido todavía más con la intensificación del conflicto territorial con Guyana y la movilización del ejército.

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 3.    De la saturación informativa a la desconexión social 

Nos encontramos ante unas sociedades cada vez más cansadas. Abrumadas por la saturación de contenidos y exhaustas por la velocidad de los cambios que deben digerir. La incertidumbre política y electoral, así como la multiplicidad de conflictos que marcarán el 2024 alimentarán todavía más el desfase entre sociedad, instituciones y partidos políticos. 

La cantidad de personas que declara «evitar» ver las noticias permanece cerca de máximos históricos, y es especialmente visible en Grecia (57%), Bulgaria (57%), Argentina (46%) o el Reino Unido (41%). ¿Las razones principales? La repetición excesiva de algunas informaciones y el peso emocional que pueden comportar para la salud mental de la población. En concreto, esta fatiga apunta, según el Reuters Institute, a cuestiones como la guerra en Ucrania (39%), la política nacional (38%) y a acontecimientos relacionados con la justicia social (31%) con altos niveles de politización y polarización. Los ecos de la pandemia de la COVID-19, las imágenes de la violencia bélica y su impacto económico sobre unas condiciones de vida cada vez más adversas para la población han amplificado esta tendencia a la desconexión social, agravada por el sentimiento de soledad y la polarización. 

No obstante, esta reducción del consumo periodístico se ha dado en paralelo a un mayor uso de redes sociales: las nuevas generaciones, por ejemplo, cada vez prestan más atención a influencers que a periodistas. A su vez, crece la fragmentación de las redes sociales. La migración de usuarios hacia Instagram o TikTok también ha alterado la forma de consumir la actualidad, con una priorización del contenido de ocio en lugar del informativo. 

No se trata solo de una renuncia voluntaria a la información, sino que esta tendencia de desconexión también ha llevado a una reducción en la participación social y en los debates en redes tal como se vivieron durante las primaveras árabes en 2011, en la movilización del MeToo o en el Black Lives Matter. Casi la mitad de los usuarios de redes sociales abiertas (47%) ya no participa ni reacciona a las noticias. Pero, además, la desconexión informativa también está vinculada a la desconexión política y a las transformaciones sociales que han alterado claramente los comportamientos electorales. Los cambios demográficos relacionados con el uso de la tecnología y el contexto de volatilidad permanente también se han traducido en una menor fidelización del voto, lo que ha contribuido a la crisis de los partidos tradicionales. El elemento identitario de pertenencia a un partido ha mutado entre los más jóvenes. La identificación se construye desde el posicionamiento en cuestiones como el cambio climático, la inmigración, el racismo, los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI+, o incluso el conflicto de Israel y Palestina.   

El 65% de los adultos estadounidenses declara que se siente agotado, siempre o con frecuencia, cuando piensa en política. Según el Pew Research Center, 6 de cada 10 estadounidenses en edad de votar admite tener muy poca o ninguna confianza en el futuro del sistema político de su país. Y este descontento se extiende a las tres ramas del gobierno, a los actuales líderes políticos, y a los candidatos a cargos públicos. Cuando se les pide que resuman sus sentimientos sobre la política en una sola palabra, el 79% se muestra negativo o crítico. Las más repetidas son los adjetivos «divisiva», «corrupta», «caótica» o «polarizada», y lamentan la sobreexposición mediática de los conflictos entre republicanos y demócratas, y la poca atención prestada «a los problemas importantes que enfrenta el país». La paradoja, sin embargo, es que este descontento ha coincidido, en estos últimos años, con niveles históricamente altos de participación electoral. La duda es si se repetirán en las presidenciales del próximo noviembre, especialmente cuando coinciden con otro elemento de desafección generacional como es la gerontocracia. En 2023, la media de edad de los líderes mundiales ha sido de 62 años. Para los jóvenes, los partidos políticos tradicionales han sido incapaces de articular una forma de comunicación directa, aumentando la sensación de desconexión entre sociedad, políticos e instituciones. En este contexto, una reedición de la confrontación Biden-Trump en 2024 enfatizaría la extrema polarización entre republicanos y demócratas en un ciclo electoral considerado de riesgo. El derecho al aborto y la seguridad siguen siendo puntos fuertes de movilización para los votantes.

Por otra parte, la desconexión también puede ser forzada y, en ese caso, el bloqueo informativo se convierte en un arma de represión y censura de la libertad de expresión. Irán, India y Pakistán fueron los tres países con más restricciones al acceso de Internet en la primera mitad de 2023, y los tres celebrarán elecciones en 2024. Con el auge y la consolidación de la IA, la desinformación será uno de los retos adicionales de este superaño electoral, ya que su rápido progreso, especialmente en el ámbito generativo, puede proyectar una sombra todavía mayor sobre la confianza en la información y en los procesos electorales. El perfeccionamiento de los deepfakes, la rápida y sencilla creación de imágenes, textos, audios o propaganda por IA, así como la creciente dependencia de las redes sociales para consultar e informarse de la realidad, representan un caldo de cultivo para la desinformación en un momento en el que aún no existe un control efectivo de estas tecnologías. Quizás por eso la palabra del año de 2023 para el diccionario Merriam-Webster ha sido «auténtico». Con el preludio de aquella «posverdad» de 2016, la capacidad tecnológica de manipular hoy la realidad no tiene precedentes, desde la autenticidad de una imagen a la redacción de un trabajo académico. Por eso, más de la mitad de los usuarios de redes sociales (56%) dudan sobre su propia capacidad de poder discernir aquello que es falso de la realidad en las noticias de Internet. 

4.    Inteligencia artificial: explosión y regulación 

2023 fue el año de la irrupción de la IA generativa; el año de la presentación en sociedad de ChatGPT que, en enero, solo dos meses después de su lanzamiento, ya contaba con 100 millones de usuarios y, en agosto, llegó a los 180 millones. Pero, la revolución también trajo consigo una nueva consciencia de los riesgos, aceleración y transformación que supone una tecnología que aspira a compararse con la inteligencia humana, o incluso a mejorarla o superarla. Por eso, 2024 será un año fundamental para la regulación de la IA. Las bases ya están puestas y solo hay que repasar las distintas iniciativas en marcha. La más ambiciosa es la de la UE, que está decidida a convertirse en la primera región del mundo que se dota de una ley integral para regular la inteligencia artificial y liderar el salto adelante que hay en ciernes. La Unión ha optado por categorizar los riesgos (inaceptables, elevados, limitados o mínimos) que supone el uso de sistemas de IA y obligará a realizar una «evaluación de impacto en los derechos fundamentales» antes de que un sistema de IA de «alto riesgo» pueda ser sacado al mercado. El acuerdo alcanzado el 7 de diciembre se ratificará en el primer trimestre de 2024 y dará paso a un período de dos años hasta su implementación total en 2026.

Casi también en tiempo de descuento, el G-7 adoptó el 1 de diciembre de 2023 una guía internacional para desarrolladores y usuarios de la inteligencia artificial, especialmente para la IA generativa, que menciona la necesidad de introducir medidas para gestionar la desinformación, considerada uno de los principales riesgos para los líderes del G-7 por su impacto en la manipulación de la opinión pública a las puertas de un año de sobreexcitación electoral global.

Pero el debate de la gobernanza va de la mano de la carrera geopolítica por liderar la innovación tecnológica y, a diferencia de la UE, en el caso de Estados Unidos y China eso significa, además, el desarrollo de su aplicación militar. Ambos países buscan afianzar su liderazgo, y la primera cumbre mundial sobre seguridad de la IA, convocada por el primer ministro británico, Rishi Sunak, se convirtió en el punto de encuentro de los grandes poderes globales –públicos y privados; tecnoautoritarios o abiertos– intentando regular o influir en los debates sobre regularización en curso. La cumbre tendrá una segunda edición en Seúl y una tercera en París, ambas en 2024. De momento, deja sobre la mesa la «Declaración Bletchley», firmada por 28 países, que recoge un compromiso para abordar las principales amenazas de la IA, un acuerdo para examinar los modelos de IA de empresas tecnológicas antes de su lanzamiento, así como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre inteligencia artificial, inspirado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Además, en la embajada de Estados Unidos en Londres, 31 países firmaron, en paralelo, una declaración (no vinculante) para establecer límites al uso militar de la IA. Por su parte, China continúa avanzando hacia su objetivo de alcanzar un 70% de autosuficiencia en tecnología crítica para 2025, mientras va aumentando claramente su presencia en los principales organismos internacionales de estandarización relacionados con la tecnología.

A toda esta hiperactividad normativa, se sumará la adopción, en septiembre de 2024, de un Pacto Digital Mundial, durante la Cumbre del Futuro que organizará Naciones Unidas. Este pacto supondrá la creación de un marco de cooperación multiactor y multisectorial entre gobiernos, empresas privadas y sociedad civil, que debería establecer unas reglas comunes que guíen el desarrollo digital en el futuro. La aplicación de los derechos humanos en Internet, la regulación de la IA y la inclusión digital serán algunos de los temas principales a discutir.

Esta necesidad de regular la IA se verá acentuada también, en los próximos meses, por una creciente democratización de las herramientas de IA, lo que comportará una mayor integración en distintos sectores profesionales. El foco en una IA responsable se intensificará a escala local (más ciudades desplegando estrategias o marcos regulatorios de la IA), nacional y transnacional. Y es que, a medida que la IA adquiere un papel más importante en la toma de decisiones en toda la sociedad, la seguridad, la confiabilidad, la equidad y la responsabilidad son fundamentales. El informe anual de McKinsey sobre el uso de herramientas de IA generativa señala que un tercio de las empresas encuestadas han empezado a utilizar este tipo de programas. El sector tecnológico y de comunicaciones (40%), así como el financiero (38%) y el legal (36%), se encuentran a la cabeza en su uso y aplicación. Sin embargo, este mismo estudio también señala que justamente los sectores laborales que dependen en mayor medida del conocimiento de sus empleados serán los que verán un impacto más disruptivo de estas tecnologías –si este impacto es positivo o negativo es aún incierto–. A diferencia de otras revoluciones que han transformado el mercado laboral, son los llamados «trabajadores de cuello blanco» los que pueden sentirse más vulnerables ante la IA generativa. En cambio, un estudio del Banco Central Europeo asegura que la IA no está suplantando a los trabajadores, pero sí está reduciendo ligeramente sus sueldos, especialmente en empleos considerados como poco o medio cualificados, más expuestos a las herramientas de automatización, y entre las mujeres.

En el marco de esta aceleración reguladora de la revolución digital, 2024 también será el año en que la UE desplegará, con todo su potencial, la nueva legislación de servicios y mercados digitales para fijar límites y obligaciones al poder monopolístico de las grandes plataformas y a su responsabilidad en la propagación algorítmica de desinformación y contenido dañino. A partir del 1 de enero, las Big Tech se enfrentan al imperativo de cumplir con estas regulaciones, con multas potenciales por incumplimiento que alcanzan hasta el 6% de la facturación global, según la DSA (Digital Services Act), y entre el 10% y el 20% de la facturación mundial según la DMA (Digital Markets Act). También aumentará en 2024 el flujo de datos internacionales, en particular las transferencias entre la UE y Estados Unidos, en virtud del nuevo Marco de privacidad de datos aprobado en julio de 2023. Veremos también un nuevo escrutinio por parte de ONG y grupos de defensa de los derechos digitales para determinar la legalidad y el respeto a la privacidad individual en estos intercambios.

5.    Resaca económica y sostenibilidad de la deuda

En 2024 serán más visibles las consecuencias económicas de la sucesión de crisis experimentadas en los últimos años, especialmente el impacto del aumento de los tipos de interés para hacer frente al mayor repunte de la inflación en cuarenta años tras la crisis energética de 2022. Asimismo, el endurecimiento de las condiciones de financiación limitará la política fiscal, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a los impactos de la COVID-19 y la guerra en Ucrania.

En este contexto, el crecimiento será débil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no espera que la inflación se sitúe en el objetivo de la mayoría de bancos centrales hasta 2025, lo que augura tipos de interés elevados durante un largo período de tiempo, sobre todo si se vuelve a tensionar el precio del petróleo en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. La previsión de crecimiento del FMI para 2024 es del 2,9%, una tasa muy similar a la estimada para 2023 e inferior a las tasas de crecimiento prepandemia.

Sin embargo, el enfriamiento será dispar por economías. Estados Unidos parece haber evitado la recesión gracias a la fortaleza de su mercado laboral y a los estímulos fiscales, por lo que se enfrentaría a un aterrizaje suave. En ese país, las políticas de relocalización industrial, como la Inflation Reduction Act, los beneficios empresariales récord poscovid, así como la extraordinaria pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación han sido algunos de los ingredientes que explican el renacer del movimiento sindical estadounidense, sin precedentes desde los años setenta del siglo pasado. Su éxito puede ser contagioso a otros sectores y economías con mercados laborales tensionados. Así, en 2024, el descenso de la inflación y el alza de los salarios podría proveer de cierto alivio económico.

En la UE habrá un mayor escrutinio sobre las cuentas públicas, especialmente de países con un menor margen financiero como Italia,  tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, debido a las condiciones de financiación y la entrada en vigor de la reforma de las reglas fiscales. La «disciplina fiscal» estará también muy presente en la negociación del nuevo marco presupuestario de la UE (MFF, por sus siglas en inglés), donde la UE confrontará sus mayores deseos (apoyo a Ucrania, respaldo a la política industrial, la transición verde y aumento de las partidas para defensa, migración o el Global Gateway) con la realidad (falta de recursos y acuerdo para ampliarlos). La adopción de la Estrategia Europea de Seguridad Económica y el resultado de la investigación antidumping contra las subvenciones chinas al vehículo eléctrico determinarán en buena medida si en el frente económico la UE opta por alinearse con Estados Unidos en su competición estratégica con China o intenta mostrarse como paladín de una globalización reformada.

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También habrá que seguir de cerca la evolución de una China que se enfrenta a su menor crecimiento económico en 35 años, exceptuando los años de la COVID-19, lastrado por sus desequilibrios, especialmente en lo que concierne a una excesiva acumulación de deuda y a su dependencia del sector inmobiliario. El cambio de las reglas de la globalización impulsadas por la competencia estratégica de Estados Unidos lastrará también sus exportaciones y capacidad de atraer capital en un contexto en el que el liderazgo chino prioriza la seguridad económica al crecimiento. Con una demografía adversa, el país aún no ha conseguido erigir el consumo interno como motor de crecimiento.

Por su parte, los países emergentes sentirán con fuerza el frenazo chino, especialmente aquellos con una mayor dependencia comercial y financiera. El éxito en términos de volumen de inversión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha visto ensombrecido por los problemas en la devolución de hasta el 60% de los préstamos, lo que ha llevado a Xi Jinping a anunciar una nueva etapa de inversiones con proyectos más pequeños. En 2024, el nuevo papel de China como prestamista de última instancia y su participación en los procesos de reestructuración de deuda de países en dificultades tendrán una creciente importancia en cómo es percibida y en su influencia geoeconómica sobre el Sur Global.

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Y es que un elevado número de países emergentes se encuentran en una delicada situación fiscal que, en un contexto de rápido tensionamiento de las condiciones financieras y de fortaleza del dólar, agrava también su vulnerabilidad externa. Aunque algunos de ellos, como México, Vietnam o Marruecos se están aprovechando de la reconfiguración del comercio y de las cadenas de valor (nearshoring), la mayoría de países emergentes pueden verse perjudicados por un escenario de mayor fragmentación económica. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio de bienes entre dos bloques geopolíticos hipotéticos –basados en los patrones de votación en Naciones Unidas– ha crecido entre un 4% y un 6% más lento que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión de Ucrania.

En este contexto de escaso margen monetario y fiscal, el colchón para amortiguar otra crisis es muy reducido, lo que puede exacerbar la volatilidad y el nerviosismo de los mercados ante episodios de incertidumbre. El principal foco de atención puede pasar de Ucrania a Oriente Medio, ya que los shocks de petróleo se transmiten a la economía de manera más amplia que los del gas natural. Esto podría afectar, directamente, a la UE y a España, especialmente dependientes porque importan más del 90% del petróleo que consumen. Además, las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos se encuentran en mínimos equivalentes a los de 1983, y los pocos países con margen para incrementar su producción de crudo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia) puede que no estén por la labor de hacerlo sin concesiones políticas significativas.

6.    Sur(es) y Norte(s)t

Si en nuestro ejercicio para 2023 anunciábamos la consolidación del Sur Global como espacio de confrontación y liderazgo, y apuntábamos a la presencia estratégica de India, Turquía, Arabia Saudí o Brasil, en 2024 esta reconfiguración dará una vuelta de tuerca más. Las contradicciones y fragmentaciones de esta lógica dicotómica Norte-Sur quedarán más expuestas que nunca. El Sur Global se ha consolidado como un actor clave en la contestación a Occidente bajo lógicas antiimperialistas o de doble rasero. La imagen más simbólica de este momento de expansión geopolítica la veremos en octubre de 2024, cuando los BRICS se reúnan en Rusia para formalizar su ampliación. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica suman a su club a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Juntos suponen el 46% de la población mundial, un 29% del PIB global, e incluyen a dos de los tres mayores productores de petróleo del mundo. De esta forma, los BRICS ganarán una voz todavía más potente, aunque inevitablemente también es posible que integren más contradicciones internas y agendas propias. No obstante, la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, que ha confirmado su decisión de no unirse a los BRICS, también alimenta la idea de este choque de agendas e intereses en el Sur Global: Arabia Saudí e Irán son competidores por la influencia estratégica en el Golfo Pérsico, e India y China tienen sus propias disputas fronterizas en el Himalaya. El Sur Global seguirá ganando influencia, pero también heterogeneidad. Más allá de una retórica poscolonial compartida, su acción es muy diversa. El Sur Global es multirregional y multidimensional y está compuesto por regímenes políticos diferentes. Pero también es el espacio geográfico donde se consolidan los flujos comerciales globales como consecuencia de la reglobalización. El último informe anual de la OMC confirma que, a pesar de que las economías avanzadas siguen siendo actores clave del comercio mundial, ya no son dominantes. Sin embargo, si en 2023 hablábamos de la aceleración geopolítica de los «otros» con India como símbolo de este potencial liderazgo del Sur Global, en 2024 será América Latina quien tratará de adoptar un papel protagonista. Brasil será el país anfitrión del G-20, mientras que Perú acogerá la Cumbre de Cooperación Económica en Asia Pacífico (APEC).

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Y en esta superación de dicotomías, también el Norte Global puede sufrir una fractura interna profunda si se confirma el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. La distancia transatlántica se ha impuesto como el nuevo marco de unas relaciones con más carga transaccional que de alianza tradicional. El desencuentro entre Washington y Bruselas se agravará en 2024 cuando Estados Unidos pida a la UE aumentar su contribución al Gobierno de Volodímir Zelensky y la propia lógica de divisiones internas entre socios comunitarios lo impida. Especialmente tenso será el segundo semestre de 2024, cuando Hungría –el país más reticente de la UE sobre la ayuda militar y la futura adhesión de Ucrania– asuma la presidencia rotatoria de la Unión. Será también paradójico que esta brecha en el Norte Global se ensanche por la guerra de Ucrania. Precisamente, en 2023, la invasión rusa fue el mortero que cimentó la unidad transatlántica y confrontó a la UE y a Estados Unidos con  los límites de su capacidad de influencia ante un Sur Global que cuestionaba el doble rasero de Occidente. En 2024, en cambio, la guerra en Ucrania puede aumentar la distancia entre Washington y Bruselas.

A pesar de esta lógica de confrontación, la miopía geopolítica del binarismo está cada vez más fuera de lugar. Y, sin embargo, cuesta de superar. El hecho de que Estados Unidos y la UE sigan planteándose su relación con América Latina solo como espacio de explotación de recursos y de disputa geopolítica con China es parte de esa miopía. De momento, el fracaso reiterado de las negociaciones para un acuerdo UE-Mercosur alejan una vez más el sueño suramericano de poder reforzar su presencia comercial en el mercado único europeo. Las negociaciones se retomarán en el primer semestre de 2024, después de que Paraguay tome el relevo de Brasil en la presidencia de Mercosur.

7.    Retroceso en los compromisos internacionales

2023 deja la cooperación internacional en la cuerda floja. Con un lenguaje cada vez más contundente, António Guterres declaraba que el mundo está «lamentablemente fuera de rumbo» en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en 2023 llegaron al ecuador de su implementación. 2024 tiene que demostrar si la comunidad internacional todavía es capaz y quiere consensuar respuestas coordinadas a problemas globales compartidos, a través de órganos de gobernanza colectiva. No será fácil. Estamos ante una aceleración de la crisis ecológica, ante un récord de migraciones y desplazamientos forzosos, así como ante una clara involución de la agenda para la igualdad de género.

Por primera vez, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de petróleo, carbón y gas natural alcanzará su punto máximo en esta década basándose únicamente en la configuración de políticas actuales, según World Energy Outlook 2023. A corto plazo, los países productores de combustibles fósiles ignoran las alertas climáticas y planean aumentar la extracción de carbón, petróleo y gas. La elección de un Estado petrolero, los Emiratos Árabes Unidos, como anfitrión de una cumbre climática y el nombramiento de un ejecutivo de combustibles fósiles para presidirla, ya era, como mínimo, un mal augurio. Y, sin embargo, la COP28 de Dubái ha sido la primera que ha conseguido sacar un texto que reconoce explícitamente la necesidad de «dejar atrás» los combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas, como principales responsables de la crisis climática. Si bien el acuerdo final ha sido celebrado como histórico por hacer referencia a esta necesidad de iniciar una transición (transitioning away from) para garantizar unas emisiones cero netas en 2050, el grado de ambición demostrado no es suficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, si bien la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños para compensar a los países más afectados por el cambio climático también es un paso positivo, la recaudación inicial de 700 millones de dólares queda muy por debajo de lo necesario. Cada año, los países en desarrollo hacen frente a 400.000 millones de dólares de pérdidas vinculadas a la acción climática. 

En este contexto, no solo se corre el riesgo de empeorar los impactos climáticos, sino que también veremos emerger, todavía con más fuerza, tensiones sociales y políticas entre gobiernos y sociedades por la explotación de los recursos. En Europa hay una creciente insatisfacción con las políticas de transición climática de la Unión, y el previsible ascenso de las fuerzas euroescépticas y de derecha radical en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 puede aumentar todavía más esta presión. La hiperactividad regulatoria en cuestiones climáticas e industriales está aumentando la politización de este tema, avivando el malestar social en ciertos estados miembros. Italia, Polonia, los Países Bajos y ciertos sectores de Alemania, en especial del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), están tratando de limitar las ambiciones de la UE en materia climática. La llegada del nuevo Gobierno sueco, apoyado por la derecha radical, ha frenado de golpe los compromisos climáticos que lideraba uno de los países de la UE que más ha contribuido a las políticas medioambientales comunitarias. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca también haría tambalear de nuevo algunos de los limitados avances domésticos e internacionales en este ámbito.

Según una encuesta realizada por Ipsos, mientras una gran parte de los hogares europeos continúan dando prioridad al medio ambiente frente al crecimiento económico, esta proporción está en declive: si en 2019 un 53% de los hogares preferían la protección del medio ambiente, en 2022 esta cifra se había reducido cinco puntos, pese al impacto evidente de los fenómenos climáticos. Sin embargo, esta tendencia de «no en mi patio trasero» no se limita a Europa. A finales de 2023, hemos visto la resistencia de los panameños contra la ampliación de contratos de minería. Algunos expertos hablan de «choque de ambientalismos» para referirse a la confrontación que surge entre aquellos que quieren proteger los recursos naturales de su país y el deterioro de los ecosistemas, y los intereses de gobiernos que buscan recursos para alimentar su transición energética. Lo mismo puede ocurrir en la UE. A principios de 2024, entrará en vigor la Ley de Materias Primas Críticas que quiere garantizar el suministro de níquel, litio, magnesio y otros materiales esenciales para la transición verde y las industrias estratégicas, vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como para los ordenadores y los teléfonos móviles. Y, en este contexto, la UE prevé revivir la minería en el continente. Una decisión que puede movilizar protestas ecologistas en la Unión en los próximos meses.

También en 2024 se espera que los estados miembros de Naciones Unidas lleguen a un acuerdo global para acabar con la contaminación por plásticos. Será un tratado internacional, jurídicamente vinculante, considerado como el pacto medioambiental multilateral más importante desde el Acuerdo de París, y que fijará un plan de actuación hasta 2040.

Sin embargo, son las políticas de género y las políticas migratorias las que están más expuestas a esta ola radical que ha transformado las agendas gubernamentales, sobre todo, en la UE y en América Latina. Si bien es verdad que la igualdad de género durante 2023 se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, el ritmo de progreso se ha desacelerado. A este paso, se necesitarán 131 años para alcanzar la plena paridad. Aunque la proporción de mujeres contratadas para puestos de liderazgo ha aumentado de manera constante en aproximadamente un 1% anual a nivel mundial durante los últimos ocho años, esta tendencia se revirtió en 2023, retrocediendo a los niveles de 2021.  

Las emergentes políticas exteriores feministas, que definían aquellos países con un claro compromiso de promover la igualdad de género en las relaciones internacionales, han sumado cuatro bajas importantes en los últimos meses: Suecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Argentina. Los cambios de Gobierno, junto con la creciente politización y polarización de las cuestiones percibidas como «feministas», han demostrado el fácil abandono de estas iniciativas, dependientes de las orientaciones progresistas de los gobiernos en el poder. México, otro de los países que ha adoptado estas políticas, se enfrentará a unos comicios en junio que también marcarán la continuidad o el abandono de su compromiso con la igualdad de género en la acción exterior. 

Y, pese a no tener una política exterior feminista, el retorno de Trump a la Casa Blanca podría llevar al restablecimiento de políticas restrictivas sobre el aborto y de recortes de financiación contra las ONG internacionales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.

Además, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) denuncia el resurgimiento de tendencias antifeministas en países como Croacia e Italia, destacando discursos sexistas y homófobos por parte de líderes europeos como Viktor Orbán, Andrzej Duda o Giorgia Meloni, que justifican ataques a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y socavan años de esfuerzos para lograr avances en la ruptura de los estereotipos de género. Si bien el Plan de Acción en materia de Género III de la UE tiene vigencia hasta 2025, un cambio de orientación política en Bruselas también diluiría los compromisos de uno de los actores más implicados en este ámbito. En una nota más positiva, será interesante seguir en 2024 los avances de Naciones Unidas respecto a la Convención contra los crímenes contra la humanidad, ya que movimientos feministas y de la sociedad civil de todo el mundo aprovecharán esta oportunidad para tratar de codificar el apartheid de género como crimen contra la humanidad –especialmente debido a la continua discriminación y opresión del régimen talibán hacia las mujeres afganas y a la situación de las mujeres iraníes.

También las políticas migratorias europeas han formalizado un retroceso importante. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está previsto que salga adelante antes de las elecciones europeas de 2024, supone una legitimación de las políticas antiinmigración de la UE. Dicho pacto permite retrasar el registro de los solicitantes de asilo, instaurar procedimientos de asilo fronterizos de segunda categoría y ampliar el tiempo de detención en frontera; es decir, rebaja estándares y legaliza lo que hasta ahora era directamente ilegal. Este acuerdo en ciernes refleja los niveles de polarización y politización que marcan el paso de la respuesta europea a las migraciones. Y, en plena precampaña electoral, la utilización política del debate migratorio será todavía más evidente en los próximos meses. Ello forma parte, además, de otro proceso más de fondo: las políticas de externalización de la migración de la UE, que han alimentado también la estigmatización de los inmigrantes y refugiados en la región de Oriente Medio y Norte de Africa (MENA por sus siglas en inglés). 

8.     Desbordamiento humanitario

Las guerras y la violencia impulsaron el desplazamiento forzado a escala mundial hasta una cifra récord estimada de 114 millones de personas a finales de septiembre de 2023, según ACNUR. Los principales generadores de estos desplazamientos forzados fueron la guerra en Ucrania y los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar; además de la sequía, las inundaciones y la inseguridad que azota Somalia; así como una prolongada crisis humanitaria en Afganistán.

Solo en los primeros seis meses de 2023, se presentaron 1,6 millones de nuevas solicitudes individuales de asilo a nivel mundial, la cifra más alta jamás registrada. No se trata de una situación excepcional. La reactivación de conflictos olvidados ha aumentado los niveles de volatilidad y violencia. En octubre de 2023, más de 100.500 personas –más del 80% de los 120.000 habitantes estimados de Nagorno Karabaj– huyeron a Armenia tras la toma de control del enclave por parte de Azerbaiyán. También hubo miles de desplazados en el norte de Shan, por la escalada de combates entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y varios grupos armados. A finales de octubre de 2023, casi dos millones de personas se encuentran desplazadas internamente en Myanmar, en condiciones precarias y necesitadas de asistencia vital. Y las imágenes de más de un millón de palestinos huyendo de sus hogares por los bombardeos israelíes, que se iniciaron tras el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre, reflejan la crisis humanitaria que azota Gaza.

Sin embargo, este incremento en el número de refugiados y desplazados no ha ido acompañado de un refuerzo de la ayuda internacional necesaria para cubrir sus necesidades. Más de un millón de refugiados rohingya en Bangladesh deberán hacer frente al menguante compromiso internacional. En 2023, Naciones Unidas redujo un tercio la asistencia alimentaria y la ayuda humanitaria a este colectivo. La falta de financiación internacional disminuyó considerablemente los niveles de asistencia en 2023, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se vio obligado a recortar entre un 30% y un 50% el tamaño y el alcance de la asistencia alimentaria, monetaria y nutricional que ofrece. 2.300 millones de personas, casi un 30% de la población mundial, hoy están al límite de una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El alza continuada del precio de los alimentos en 2024 y el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en la producción agrícola pueden empeorar todavía más esta situación. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas prevé que entre 105 y 110 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria al menos hasta principios de 2024, con un aumento de las necesidades en las regiones de África Austral y América Latina y el Caribe, y una disminución neta en África Oriental.

De momento, los expertos alertan sobre el riesgo de una nueva crisis del arroz en 2024, como consecuencia de la restricción en las exportaciones que impuso India para intentar contener los efectos del descenso de producción interna. La ola expansiva de esta prohibición ha provocado también el encarecimiento de los precios del arroz en Tailandia y Vietnam, segundo y tercer mayor exportador de arroz después de India, que han visto aumentar los precios un 14% y un 22%, respectivamente. A ello se suman los efectos del fenómeno climático de El Niño, asociado con el calor y la sequía en todo el Océano Pacífico, que puede dañar la producción de 2024. Por todo ello, los expertos advierten que, si India mantiene las restricciones actuales, el mundo va camino de repetir la crisis del arroz de 2008. El fenómeno de El Niño, que no se disipará hasta mediados de 2024, suele estar asociado, por una parte, a un incremento de las precipitaciones en algunas zonas meridionales de América del Sur, del sur de los Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central; pero, por la otra, también puede provocar graves sequías en Australia, Indonesia y partes del sureste asiáticoEl último episodio de este fenómeno, en 2016, significó el año más cálido jamás registrado, con unos récords globales de calor que todavía no se han superado.

Los gobiernos donantes y las agencias humanitarias deben prepararse para un 2024 de grandes necesidades de asistencia en múltiples regiones. 2023 ya nos ha dejado varias muestras de ello: sequía extrema en el Amazonas y restricciones del tráfico marítimo en el canal de Panamá;  incendios forestales en Bolivia y cortes de luz diarios en Ecuador debido a  la baja producción de electricidad que proviene en más del 80% de centrales hidroeléctricas; las peores inundaciones registradas en el noroeste de Argentina, que provocaron además deslizamientos de tierra que afectaron a más de 6.000 personas; y un devastador huracán de categoría 5 en México que sorprendió a autoridades y científicos, los cuales no pudieron prever la intensidad del fenómeno.                                       

9.    Securitización versus derechos

El conflicto entre seguridad y derechos fundamentales ha sido una constante en 2023, y la incertidumbre electoral de los próximos meses fomentará, todavía más, la tentación de las políticas de control y mano dura. El debate público en toda América Latina, sin excepción, ha quedado copado por la seguridad, con efectos directos sobre otras crisis como la migratoria, que desde hace una década afecta a todo el continente, y que en 2024 se prevé todavía más intensa. El bukelismo gana adeptos. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, ha declarado su admiración por las políticas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. También la campaña electoral en Ecuador estuvo muy marcada por el debate de la seguridad. El continente lucha contra una nueva ola de criminalidad que se ha extendido a países tradicionalmente más estables, que ahora forman parte de rutas rentables del narcotráfico, como son los casos de Paraguay y Argentina. El tráfico de personas, sobre todo la explotación criminal de la crisis migratoria venezolana, también ha crecido en toda América Latina. En este contexto,  Naciones Unidas y la Interpol han puesto en marcha una iniciativa conjunta contra la trata de seres humanos. Está por ver el impacto que las elecciones venezolanas puedan tener en esta crisis migratoria, que ya ha provocado la salida de más de siete millones de personas desde 2014.

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Asimismo, con el aumento de la impunidad, también ha crecido el riesgo de la tentación autoritaria por parte de los gobiernos de la región latinoamericana, con la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento democrático en todo el continente. También en la UE. La sensación de vulnerabilidad se ha convertido, desde hace tiempo, en un revulsivo político para determinadas fuerzas en Europa. Desde el inicio de la guerra en Gaza, algunos países europeos han extremado la seguridad por miedo a atentados, hasta el punto de prohibir manifestaciones de apoyo a la población palestina, como fue el caso en Francia. En este sentido, la securitización de los movimientos sociales también emerge como una estrategia que seguirá ganando peso en 2024. Cada vez más, los gobiernos democráticos están extremando la presión sobre los movimientos de protesta: multas, prohibiciones de la libertad de expresión o persecución judicial están empequeñeciendo el espacio de la protesta civil. En este contexto, la UE ha llegado a un acuerdo en 2023 para legislar contra las demandas estratégicas que pretenden desincentivar la participación pública o silenciar a medios independientes (las llamadas SLAP, en sus siglas en inglés) que debería ratificarse antes del final de mandato.

Finalmente, el debate de la seguridad y su efecto sobre los derechos individuales marcará también los meses previos a los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Grupos de derechos humanos han denunciado los planes del Gobierno francés para la utilización de cámaras de reconocimiento con IA para detectar en tiempo real actividades sospechosas en las calles de la capital durante los juegos. La tecnología es un elemento crucial de la transformación que vive el binomio seguridad y conflicto. Los drones se han convertido en un arma clave para la resistencia en Ucrania, como también lo fue en el arsenal de Hamás utilizado en su ataque del 7 de octubre contra Israel. Precisamente unos Estados Unidos en pleno recorte presupuestario han asignado, en cambio, una inyección de dinero extra, en 2024, al Pentágono para el desarrollo de la llamada «guerra electrónica». 

10.   Desacoplamiento entre intereses y valores

Hay un hilo conductor en muchos de los puntos anteriores que hilvana un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado a través de intereses y alianzas cambiantes. En su informe de prospectiva estratégica de 2023, la Comisión Europea reconoce que la «batalla de narrativas» que durante tanto tiempo utilizó como argumento de la confrontación geopolítica entre democracia y autoritarismo está quedando obsoleta. Ello va más allá de la constatación de que Occidente ha perdido la batalla por el relato de la guerra de Ucrania y de que su doble rasero ante los conflictos del mundo empequeñece la capacidad de influencia de la UE. El caso de Sudán es el ejemplo más claro de cómo Occidente puede comprometerse con guerras que considera existenciales para la supervivencia de sus propios valores, como la de Ucrania, mientras ignora el genocidio que se está cometiendo, con asesinatos casa por casa, en los campos de refugiados de Darfur.

El mundo se ha transformado en una «batalla de ofertas» que configura tanto la opinión pública como la acción de los gobiernos. Crece la diversidad de opciones y de alianzas. Las narrativas hasta hace poco hegemónicas o están contestadas o ya no sirven para explicar la realidad. En esta «multipolaridad desequilibrada» (unbalanced multipolarity), con potencias medianas marcando agendas regionales, los grandes actores tradicionales están obligados a buscar su propio espacio. La competición global por los recursos que deben alimentar las transiciones verde y digital acentúa, todavía más, esta geometría variable de acuerdos y alianzas. Y los resultados del ciclo electoral de 2024 pueden acabar reforzando está transformación. La tentación aislacionista de Estados Unidos es una realidad. Vladímir Putin revalidará en las urnas su capacidad de resistencia, después de haber sorteado los efectos de las sanciones internacionales y de haber construido un andamio económico para resistir una guerra larga en Ucrania. En India, la popularidad de Narendra Modi permanece intacta y alimenta el dominio de su partido. El interrogante electoral dibuja un 2024 que empieza totalmente abierto. La crisis del orden liberal, agudizada por la reacción internacional a los últimos conflictos, y la erosión del multilateralismo –con el desafío explícito a Naciones Unidas– alimentan todavía más esta sensación de dispersión del poder global hacia una variedad de potencias medianas dinámicas, capaces de ayudar a moldear el entorno internacional en las próximas décadas.

Arranca un año clave para evaluar la capacidad de resistencia de unos sistemas democráticos sometidos, desde hace tiempo, a una profunda erosión. Estaremos pendientes del resultado de las urnas, así como de los límites de la impunidad con que actúan, cada vez más desacomplejadamente, las armas.

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Calendario CIDOB 2024: 75 fechas para marcar en la agenda

1 de enero – Renovación Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Argelia, Guyana, la República de Corea, Sierra Leona y Eslovenia empezarán a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes en sustitución de Albania, Brasil, Gabón, Ghana y los Emiratos Árabes Unidos que finalizan membresía. 

1 de enero – Disolución de la República de Artsaj. La autoproclamada república de Nagorno Karabaj dejará de existir a comienzos de año, después de más de tres décadas de control del territorio. En septiembre de 2023, Azerbaiyán emprendió una ofensiva militar con el objetivo de reintegrar este enclave de población mayoritariamente armenia. Esta ofensiva llevó a la autoproclamada república a anunciar su disolución. 

1 de enero – Ampliación de los BRICS. Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán se unirán como miembros de pleno derecho en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Finalmente, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha descartado el ingreso de su país. 

1 de enero – Presidencia belga del Consejo de la UE. Bélgica asumirá la presidencia rotatoria de la UE en substitución de España y hasta el 30 de junio. El semestre belga marcará el fin de este ciclo institucional en la Unión Europea. 

7 de enero – Elecciones parlamentarias en Bangladesh. Estos comicios tendrán lugar en un contexto de una profunda división política del país. Esta división ha llevado a manifestaciones multitudinarias por parte de la oposición a finales de 2023 para reclamar un gobierno interino que supervise las elecciones. La actual primera ministra, Sheikh Hasina Wajed, aspira a renovar su mandato tras 15 años en el poder, mientras su principal contendiente, la líder del Partido Nacional de Bangladesh, Khaleda Zia, se encuentra actualmente en arresto domiciliario por cargos de corrupción. 

13 de enero – Elecciones generales en Taiwán. Por primera vez desde la democratización de Taiwán, tres candidatos compiten por la presidencia tras el fracaso de la oposición para establecer un frente común: el actual vicepresidente, Lai Ching-te del gobernante Partido Democrático Progresista; Hou You-yi del Kuomintang; y Ko Wen-je, exalcalde de Taipéi y líder del Partido Popular Taiwanés. El resultado de estas elecciones marcará el curso de la política de Taiwán respecto a China, con la mirada puesta en Estados Unidos, en un momento de crecientes tensiones entre Taipéi y Beijing. 

14 de enero – Toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. La victoria del candidato del Movimiento Semilla en las elecciones de 2023 supuso una sorpresa general. Desde la celebración de los comicios, la tensión política y social se ha intensificado en el país debido a los esfuerzos de la fiscalía guatemalteca por impugnar los resultados electorales y evitar que Arévalo asuma el cargo. 

15 – 19 de enero – Foro de Davos. Cita anual que reúne a los principales líderes políticos, altos ejecutivos de las compañías más importantes del mundo, líderes de organizaciones internacionales y ONGs, así como personalidades culturales y sociales destacadas. Esta edición se enfocará principalmente en examinar las oportunidades proporcionadas por el desarrollo de las tecnologías emergentes y sus repercusiones en la toma de decisiones y la cooperación internacional. 

15 – 20 de enero – 19ª Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados. Uganda será la sede de la próxima Cumbre formada por los 120 países pertenecientes a esta agrupación de estados.  El lema de esta edición es «Profundizar la cooperación para una riqueza global compartida» y está previsto que se aborden múltiples retos globales actuales con el objetivo de fomentar la cooperación entre los estados miembros. 

21 – 23 de enero – Tercera Cumbre del Sur del G-77 + China. Uganda será la anfitriona de este foro que, bajo el lema «No dejar a nadie atrás» busca promover la cooperación Sur-Sur. Los 134 países miembros de Asia, África, América Latina y el Caribe se focalizarán en ámbitos como el comercio, la inversión, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la eliminación de la pobreza. 

4 de febrero – Elecciones presidenciales en El Salvador. Nayib Bukele, quien encabeza el partido Nuevas Ideas y ocupa actualmente la presidencia de El Salvador, se perfila como el claro favorito para su reelección. Desde marzo de 2022, el país se encuentra en estado de excepción, como respuesta a los desafíos de seguridad que afectaban a la nación. 

8 de febrero – Elecciones generales en Pakistán. Desde la destitución de Imran Khan como primer ministro en abril de 2022, Pakistán se encuentra en una situación de inestabilidad política, una profunda crisis económica y un aumento de la violencia por grupos armados. Los comicios serán supervisados por un gobierno interino creado tras la disolución del Parlamento pakistaní en agosto de 2023. 

14 de febrero – Elecciones presidenciales y legislativas en Indonesia. Tres aspirantes compiten por suceder al actual presidente, Joko Widodo, que, después de dos mandatos, no puede presentarse a la reelección. El próximo líder se enfrentará al desafío de impulsar el crecimiento en una economía dependiente del consumo interno, impulsar el desarrollo de la industria tecnológica y gestionar las presiones de China y Estados Unidos para proteger sus intereses nacionales. 

16 – 18 de febrero – 60ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Con carácter anual, es el mayor foro independiente sobre políticas de seguridad internacional que reúne a figuras de más de setenta países con cargos de alto nivel. El fortalecimiento de un orden internacional basado en reglas, el impacto de las guerras en Ucrania y Gaza, la resistencia frente a tendencias revisionistas o las implicaciones del cambio climático para la seguridad serán algunos de los temas principales en la agenda de este año. 

17 – 18 de febrero – Cumbre de la Unión Africana. Etiopía, quien ostenta la presidencia de la Unión Africana, será la organizadora de la cumbre. Este año se examinarán algunos de los numerosos frentes abiertos en el continente. Estos ejemplos incluyen: la situación de inestabilidad en el Sahel, la creciente inseguridad alimentaria mundial, los desastres naturales en el continente o el retroceso democrático. Además, las tensiones entre Marruecos y Argelia serán centrales ya que ambos países aspiran a la presidencia. 

25 de febrero – Elecciones presidenciales en Senegal. Tras múltiples olas de protestas, el actual presidente senegalés, Macky Sall, anunció su decisión de no presentarse a un tercer mandato.  Ha sido la primera vez en la historia democrática del país que un presidente incumbente no se presenta a la reelección. La necesidad de garantizar puestos de trabajo para la población joven del país será una de las cuestiones centrales en la campaña electoral.  

26 – 29 de febrero – Mobile World Congress. Barcelona acoge el mayor evento de telefonía móvil del mundo donde reúne a las principales empresas tecnológicas y de comunicación internacionales. Esta edición estará dedicada a la tecnología 5G, la conectividad, la promoción de una inteligencia artificial humanista, o la transformación digital, entre otros temas.   

1 de marzo – Elecciones parlamentarias en Irán. Con la mirada puesta en la sucesión del ayatolá Ali Jamenei por cuestiones de edad, los iraníes elegirán a los representantes de la Asamblea Consultiva Islámica y la Asamblea de Expertos; esta última encargada de elegir al nuevo líder supremo en los próximos años. No obstante, estos comicios se encontrarán marcados por la escalada de tensiones en Oriente Medio, y la profunda crisis económica y social que ha aumentado la desafección popular con el régimen.   

8 de marzo – Día internacional de la mujer. Se ha convertido en una fecha clave en la agenda política y social de muchos países, como lo demuestran las movilizaciones masivas que han tomado impulso en los últimos años especialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa. El objetivo común es la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo. 

10 de marzo – Elecciones parlamentarias en Portugal. El país afronta elecciones anticipadas después de la crisis institucional abierta por la dimisión del primer ministro socialista António Costa.  El exjefe de gobierno portugués fue objeto de una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción que afectaron directamente a varios miembros de su gabinete. 

17 de marzo – Elecciones presidenciales en Rusia. Aunque se presume que Vladímir Putin logrará la reelección manteniéndose en el poder hasta 2030, Rusia acude a las urnas en un contexto marcado por múltiples desafíos de seguridad interna. La retirada rusa de la región ucraniana de Járkov, el impacto de la guerra en Ucrania, el fallido levantamiento por parte de Wagner el pasado junio y los disturbios antisemitas en el Cáucaso Norte en octubre de 2023, podrían forzar a Putin a realizar profundas remodelaciones de la cúpula política y militar aprovechando el calendario electoral.   

18 de marzo – Décimo aniversario de la anexión rusa de Crimea. La anexión de Crimea por parte de Rusia, país que había invadido la región semanas antes, fue formalizada mediante un referéndum sobre el estatus político de Crimea que sucedió sin reconocimiento internacional. La anexión se produjo tras la caída del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, de orientación prorrusa, tras una serie de protestas que exigían una mayor integración europea. 

21 – 22 de marzo – Cumbre sobre Energía Nuclear. La Agencia Internacional de la Energía Atómica junto al Gobierno belga reunirá en Bruselas a más de 30 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, así como a representantes de la industria energética y de la sociedad civil. La cumbre busca potenciar la energía nuclear frente a los desafíos que suponen la reducción del uso de combustibles fósiles, la mejora de la seguridad energética y el desarrollo económico sostenible. 

31 de marzo – Elecciones presidenciales en Ucrania. Según la Constitución ucraniana, las elecciones presidenciales deben celebrarse en el último domingo de marzo durante el quinto año del mandato presidencial. Sin embargo, no es seguro que se acaben convocando ya que la ley marcial, impuesta desde el inicio de la invasión rusa del país en 2022, no permite su celebración. La falta de fondos y la oposición popular de los ucranianos a la celebración de los comicios en tiempo de guerra son factores a destacar. 

31 de marzo – Elecciones locales en Turquía. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, aspira a conservar el control de los municipios clave que obtuvo en 2019.  Entre ellos, la capital, Ankara, Estambul, y otras ciudades significativas. La reelección de Recep Tayyip Erdoğan y la retención de la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2023 han motivado a su formación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), a tratar de recuperar terreno a nivel municipal. 

7 de abril – 30 aniversario del inicio del genocidio en Rwanda. Tras la muerte de los presidentes de Burundi y Rwanda al estrellarse el avión en el que viajaban, se inició una campaña de exterminio sistemático organizada por el gobierno hutu contra la población tutsi que duraría 100 días. El 15 de julio de 1994, el Frente Patriótico Rwandés estableció un gobierno interino de unidad nacional en Kigali que pondrían fin al genocidio. Se estima que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas. 

Abril – Mayo – Elecciones generales en la India. Pese a las crecientes tendencias iliberales, la «mayor democracia del mundo» acude a las urnas entre abril y mayo. El actual primer ministro indio, Narendra Modi, aspira a un tercer mandato frente a una oposición más unida que nunca bajo la Alianza Inclusiva de Desarrollo Nacional de la India (INDIA por sus siglas en inglés).  

2 de mayo – Elecciones locales en Reino Unido. Las elecciones para renovar los consejos locales y alcaldías en Inglaterra, incluyendo Londres y el condado de Gran Manchester, serán un indicador del nivel de apoyo tanto para el Partido Laborista como para los Conservadores, anticipando las elecciones generales previstas para enero de 2025. 

5 de mayo – Elecciones generales en Panamá. La sociedad civil panameña elegirá nuevos representantes para la presidencia, Asamblea Nacional, alcaldía y otros representantes locales. Este proceso electoral tiene lugar en un contexto de marcada polarización y creciente tensión social, acentuadas por temas relacionados con la seguridad interna, disputas políticas y la gestión de los recursos naturales. 

19 de mayo – Elecciones presidenciales y legislativas en la República Dominicana. El actual presidente, Luis Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, busca la reelección en unas elecciones en las que la mayoría de los partidos de la oposición se unirán bajo la Alianza Opositora Rescate, RD. Las tensiones territoriales, migratorias y económicas con la vecina Haití serán temas centrales durante la campaña electoral. 

Junio – Elecciones presidenciales en Mauritania. El actual presidente, Mohammed Ould Ghazouani, buscará la reelección después de cuatro años de un gobierno continuista que comenzó tras la salida del expresidente Mohammed Ould Abdelaziz en 2019, quien hoy enfrenta acusaciones de múltiples delitos de corrupción. El ganador de las elecciones deberá afrontar crecientes tensiones sociales, así como conflictos geopolíticos en toda la región. 

2 de junio – Elecciones generales y federales en México. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), parte como clara favorita frente a la principal candidatura opositora del Frente Amplio por México, integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). En estas elecciones no solo se elige a la presidencia y el gobierno, sino también a senadurías y diputaciones federales, así como miles cargos estatales y/o municipales en 30 de las 32 entidades federativas. 

6 – 9 de junio – Elecciones al Parlamento Europeo. Las elecciones se llevarán a cabo de manera simultánea en los 27 países que conforman la Unión Europea. Una de las mayores incógnitas será conocer el avance de los partidos populistas y de extrema derecha, el peso de las familias tradicionales socialdemócrata y conservadora, y las posibles alianzas que puedan surgir para la elección posterior de los principales cargos europeos. 

9 de junio – Elecciones federales en Bélgica. Coincidiendo con la presidencia belga de la Unión Europea, el país celebrará elecciones federales, europeas y regionales el mismo día. Una de las incógnitas más significativas será el resultado del partido de ultraderecha Vlaams Belang, que aspira a aumentar considerablemente su apoyo hasta poner a prueba la resistencia del cordón sanitario que los ha mantenido hasta ahora apartados del poder. 

13 – 15 de junio – 50ª Cumbre del G-7 en Italia. Savelletri, un pequeño pueblo en la región italiana de Apulia será el escenario de una nueva edición del G-7. En esta reunión, se abordarán los principales desafíos geopolíticos a nivel mundial y su impacto en la economía internacional, junto con otros temas fundamentales para la agenda italiana, como la inmigración y las relaciones con África. 

20 de junio – Día Mundial del Refugiado. El número de personas desplazadas por la fuerza en 2023 ha alcanzado cifras récord. Los impactos de la guerra en Ucrania, los numerosos conflictos en Oriente Medio y en el continente africano, así como las catástrofes naturales vinculadas al cambio climático, han llevado a un mayor número de desplazados internos y refugiados. Durante esta semana de junio, se dará a conocer el informe anual de ACNUR de tendencias de desplazamientos forzados en todo el mundo. 

Primer semestre – Despliegue de la Misión Internacional en Haití. Kenia liderará el despliegue de un contingente de seguridad en el cual participarán diferentes países. El objetivo es hacer frente a la violencia de las pandillas haitianas que han provocado una importante crisis de seguridad y de gobernabilidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, previa solicitud del secretario general y del primer ministro haitiano, autorizó una misión multinacional de seguridad con un año de duración, en octubre de 2023. 

Primer semestre – Cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD). India acogerá una nueva edición de este foro estratégico del Indo-Pacífico del que forman parte Australia, India, Japón y Estados Unidos para abordar cuestiones comunes en materia de comercio, tecnologías críticas, derechos humanos o cambio climático.

Julio – 24ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai. Kazajistán asume la presidencia anual del principal foro regional de Asia Central en materia de seguridad, economía y política, compuesto por China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Los ejes de la presidencia kazaja estarán centrados en cuestiones de seguridad y unidad regional, así como en el desarrollo económico y el comercio regional. Además, se espera que Bielorrusia ingrese en la organización este año. 

1 de julio – Hungría asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Durante el segundo semestre del año, Hungría asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, en plenas tensiones con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por sus incumplimientos de la legislación comunitaria. 

8 – 18 de julio – Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Líderes y representantes mundiales se reunirán en Nueva York para realizar el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de presentar Informes Nacionales Voluntarios de los ODS. El lema de esta edición será «Reforzar la Agenda 2030 y erradicar la pobreza en tiempos de múltiples crisis: la adopción eficaz de soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras». 

09 – 11 de julio – Cumbre de la OTAN. Washington será la sede de la cumbre de la Alianza Atlántica donde se prevé la presentación de una estrategia de seguridad para el flanco sur en respuesta al mandato surgido de la cumbre de Vilna de 2023. Además, en 2024 se cumple el 75 aniversario de la fundación de la OTAN. 

26 de julio – 11 de agosto – Juegos Olímpicos de Verano en París. Francia acoge la XXXIII edición del principal acontecimiento deportivo mundial que se realiza cada cuatro años; una buena oportunidad para el país anfitrión de dinamizar una economía estancada en los últimos años. 

Agosto – Elecciones presidenciales y parlamentarias en Ruanda. El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, en el cargo desde 2000, opta a la reelección tras sucesivas elecciones en las que ha obtenido más del 90% de los votos. 

Septiembre – Elecciones parlamentarias en Austria. La mayor incógnita radica en si la actual coalición gobernante de los conservadores (ÖVP) y los verdes (Die Grünen) podrá revalidar su gobierno o si los resultados de la extrema derecha del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), y de los socialdemócratas del SPÖ podrían generar otras mayorías. 

22 – 23 de septiembre – Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. Basándose en el informe «Nuestra Agenda Común» presentado por el secretario general, António Guterres, en 2021 sobre multilateralismo y cooperación internacional, este evento de alto nivel tiene como objetivo acelerar el cumplimiento de compromisos internacionales existentes, y abordar desafíos y oportunidades emergentes. La culminación de este esfuerzo será la creación de un Pacto para el Futuro, que será negociado y respaldado por los países participantes. 

24 de septiembre – 79ª Sesión de Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una cita anual que reúne a todos los líderes mundiales para evaluar el actual estado de sus políticas nacionales y su visión del mundo. 

26 –27 de septiembre – 10º aniversario del caso Ayotzinapa. México conmemora el décimo aniversario del caso Ayotzinapa (o caso Iguala), uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente del país. Aún sin resolver, este caso supuso la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero. 

Octubre – XVI Cumbre de los BRICS. Kazán será la sede de una nueva edición de los BRICS en Rusia, ahora ampliados a 11 países, lo que representa un impulso en los esfuerzos de Moscú por demostrar que el país no está aislado a pesar de la invasión a gran escala de Ucrania. 

1 de octubre – 75º aniversario de la fundación de la República Popular de China. Se cumplen 75 años de la fundación de la República Popular China por Mao Zedong, que puso fin a la guerra civil entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, que estalló inmediatamente tras la rendición de Japón y la disolución del Segundo Frente Unido entre ambas fuerzas políticas durante la segunda guerra sino-japonesa.  

6 de octubre – Elecciones municipales en Brasil. Estas elecciones serán un buen termómetro para evaluar el grado de apoyo al Partido de los Trabajadores y al resto de partidos que respaldan al presidente Lula, así como el avance o retroceso de candidatos vinculados al bolsonarismo. En las ciudades donde se requiera una segunda vuelta, esta se llevará a cabo el 27 de octubre. 

9 de octubre – Elecciones generales y regionales en Mozambique. El presidente, Filipe Nyusi, concluye su segundo y último mandato presidencial y, según la Constitución, no puede presentarse nuevamente. Su partido, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), en el poder desde hace décadas, deberá encontrar otro candidato. El próximo gobierno tendrá que hacer frente a diversos desafíos, incluyendo tensiones políticas, un aumento del terrorismo yihadista, y una pronunciada exclusión social. 

24 de octubre – Día Internacional contra el Cambio Climático. Tiene como objetivo movilizar y sensibilizar a las sociedades y gobiernos de todo el mundo acerca de los efectos del cambio climático. Se trata de un buen momento para analizar las diferentes agendas de lucha contra la emergencia climática y los avances que se están dando desde los principales países contaminantes. 

27 de octubre – Elecciones generales en Uruguay. El Frente Amplio (FA), un partido de centroizquierda, con fuertes vínculos con los sindicatos y otras organizaciones sociales, competirá por la victoria frente a la Coalición Multicolor de centroderecha, actualmente en el gobierno, y que ha enfrentado diversos casos de corrupción en los últimos meses. 

Noviembre – Cumbre de la APEC. Perú acogerá una nueva edición del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que reúne a 21 países y que se celebrará bajo el lema «Personas, Negocios, Prosperidad».  

Noviembre – Cumbre sobre el Cambio Climático, COP29. Azerbaiyán acogerá esta nueva edición de la mayor cumbre internacional dedicada al cambio climático. Por segundo año consecutivo, se celebrará en un país cuya economía depende de la producción de combustibles fósiles. 

Noviembre – XXIX Cumbre Iberoamericana. Ecuador acoge la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema «Innovación, Inclusión y Sostenibilidad». De forma paralela las principales ciudades de América Latina, España y Portugal celebrarán un «Encuentro de Ciudades Iberoamericanas» cuyas conclusiones serán presentadas durante la Cumbre. 

4 – 8 de noviembre – XII Foro Urbano Mundial. El Cairo acogerá la reunión más importante en materia de urbanismo y asentamientos humanos organizada por ONU-Hábitat. 

5 de noviembre – Elecciones presidenciales en Estados Unidos. El actual presidente Joe Biden aspira a la reelección y, a falta de confirmarse la candidatura del expresidente Donald Trump, la campaña electoral se prevé muy polarizada. El calendario electoral condicionará las decisiones de Washington en política exterior. 

5 de noviembre – Elecciones generales en Georgia. La coalición gobernante Sueño Georgiano aspira a revalidar mandato. La guerra en Ucrania ha vuelto a dividir al país entre aquellos que buscan una integración más profunda con Occidente y aspiran a un futuro ingreso en la Unión Europea, y los que abogan por normalizar las relaciones con Rusia. 

11 de noviembre – 20 aniversario muerte de Yasir Arafat. El histórico líder palestino y presidente de la Autoridad Nacional Palestina falleció hace 20 años en París. Su papel fue fundamental en el proceso de paz en Oriente Próximo, lo que, junto a los dirigentes israelíes Isaac Rabin y Shimon Peres, les valió el premio Nobel de la Paz en 1994. 

18 – 19 de noviembre – Cumbre del G-20 en Brasil. Bajo el lema «Construir un mundo justo y un planeta sostenible», los ejes de discusión y de debate de esta edición incluirán las políticas de transición energética y desarrollo, la reforma de las instituciones de gobernanza global, así como la lucha contra la desigualdad, el hambre y la pobreza. 

Diciembre – Elecciones presidenciales en Argelia. El presidente, Abdelmadjid Tebboune, previsiblemente optará a la reelección. El país afronta varios desafíos de seguridad debido a la inestabilidad en el Sahel y las crecientes tensiones con Marruecos respecto al Sáhara Occidental. Además, desempeña un papel crucial como proveedor de gas para Europa, en medio de la crisis energética generada por la guerra en Ucrania. 

Diciembre – Elecciones generales en Sudán del Sur. Los acuerdos de paz de 2018, que pusieron fin al conflicto armado interno que duró cinco años, establecieron la formación de un Gobierno de Unidad Nacional liderado por el actual presidente, Salva Kiir. y su rival, el vicepresidente Riek Machar. Kiir ha propuesto la celebración de elecciones presidenciales libres para finales de 2024. 

7 de diciembre – Elecciones presidenciales en Ghana. Se espera que las elecciones sean una carrera de dos entre Mahamudu Bawumia, actual vicepresidente del gobernante Nuevo Partido Patriótico (NPP), y el expresidente John Dramani Mahama, candidato del principal partido opositor, Congreso Nacional Demócrata (NDC). El país se enfrenta a su peor crisis económica en las últimas décadas, y a importantes desafíos de seguridad por el contexto geopolítico en el Sahel. 

Segundo Semestre – Elecciones presidenciales en Venezuela. El chavismo y la oposición, agrupada bajo el paraguas de la Plataforma Unitaria, acordaron en Barbados la celebración de elecciones presidenciales, a las que se podrá invitar a misiones técnicas electorales de organismos regionales e internacionales. Esta decisión se tomó de forma paralela al anuncio de Estados Unidos del levantamiento de sanciones al gas y al petróleo venezolanos en octubre de 2023. 

Pendiente – 53º Foro de las Islas del Pacífico. Tonga acogerá una nueva edición del principal foro de discusión panregional de Oceanía, que agrupa los intereses de 18 estados y territorios en materia de cambio climático, uso sostenible de los recursos marítimos, seguridad y cooperación regional. Un espacio geográfico de creciente interés por parte de China y Estados Unidos, que han iniciado una carrera diplomática para atraer a sus esferas de influencia a algunos de estos países y territorios. 

Pendiente – 44ª Cumbre de la ASEAN. Laos acogerá una nueva edición del principal foro regional del sudeste asiático que agrupa a 10 países, bajo el lema «Mejorar la conectividad y la resiliencia». 

Pendiente – Cumbre sobre la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Francia acogerá la segunda edición de esta cumbre internacional que tiene como objetivo poner en marcha trabajos e iniciativas para abordar los riesgos tecnológicos que plantea la Inteligencia Artificial. La primera edición, celebrada en Londres en 2023, resultó en la Declaración Bletchley, que abogó por una mayor cooperación internacional para abordar los desafíos y riesgos asociados con la inteligencia artificial. 

Pendiente – XXXIII Cumbre de la Liga Árabe. Bahréin acogerá una nueva edición de la principal organización política que agrupa países de Oriente Medio y del Norte de África. El conflicto palestino-israelí, las cuestiones de seguridad alimentaria y energética, y los impactos regionales de la guerra en Ucrania, serán algunos de los temas principales de discusión y debate. 

Pendiente – Elecciones presidenciales y parlamentarias en Sri Lanka. La tensión social en el país, inmerso en una profunda crisis económica que ha llevado a un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, ha aumentado en los últimos meses y se espera que se intensifique durante todo el proceso electoral. 

Pendiente – Elecciones generales en Chad. El presidente interino de Chad, Mahamat Idriss Déby, que asumió el poder en abril de 2021 tras la muerte de su padre, Idriss Déby, mediante la instauración de una junta militar, prometió la celebración de elecciones libres a finales de 2024. El país se encuentra en una profunda crisis alimentaria y de seguridad. 

Pendiente – III Cumbre para la Democracia. Corea del Sur será la anfitriona de esta cumbre, impulsada por Estados Unidos, que desde 2021 reúne a líderes de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Tiene como objetivo abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las democracias en el siglo XXI, relacionados con la gobernanza, la protección de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción. 

Pendiente – Elecciones generales y regionales en Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde las primeras elecciones libres y generales de 1994, aspira a revalidar el poder, aunque el principal partido opositor, la Alianza Democrática, podría dar una sorpresa. El país enfrenta innumerables desafíos, especialmente en materia de seguridad con altas tasas de criminalidad, una importante crisis energética, y niveles elevados de desempleo. 

Pendiente – Elecciones presidenciales en Túnez. Serán los primeros comicios tras el autogolpe de Estado del presidente tunecino, Kaïs Saied, en 2021, y el retorno al autoritarismo del único país que parecía haber consolidado la democracia tras las primaveras árabes de 2010-11. Saied ya ha anunciado que no permitirá la presencia de misiones de supervisión electoral extranjeras.

DOIhttps://doi.org/10.24241/NotesInt.2023/299/es

Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB y Dossier Geopolitico como institución.

Suramericana dio a conocer el informe de perspectivas 2024, donde resume los principales eventos de carácter económico, político, social, ambiental y tecnológico que tomarán lugar el próximo año. Si bien algunos de estos fenómenos tienen fuerza desde hace algún tiempo, se espera que su importancia sea mucho más evidente en el próximo año y los posteriores.

“Este informe incluye una mirada general al panorama político, económico, social, ambiental y tecnológico del 2024, con cifras, hechos y datos que evidencian las aceleradas transformaciones que se han dado en los últimos años y que sin duda tomarán una mayor relevancia en el año que inicia” explicó Juanita Gómez Loaiza, gerente de Tendencias y Riesgos de Suramericana.

Así, el documento consolida entre los temas más destacados:

  1. Democratización de la inteligencia artificial:

El mundo empresarial será uno de los primeros en presenciar los impactos de la democratización de la IA, donde elementos como la automatización de procesos y tareas, la creación de nuevos puestos de trabajo estarán a la vanguardia. No obstante, el logro de eficiencias en la operación y la personalización de productos y servicios mejorará la experiencia de los clientes, conduciendo así a mayores niveles de satisfacción y lealtad.

Datos destacados: de acuerdo con información de Statista el mercado global de IA tendrá unos ingresos totales de más de 1.5 billones de dólares en el año 2030, con un crecimiento anual promedio del 38% desde el año 2023 hasta el año 2030.

Tensiones y oportunidades: dentro de los desafíos que se destacan encontramos la baja oferta de profesionales formados y especializados en IA en el país, lo que se traduce en una escasez de mano de obra calificada. Frente a las oportunidades, la automatización de tareas, la mejora en la toma de decisiones y la creación de nuevos productos y servicios, muestran bondades de su aplicación en diferentes entornos.

  1. Nuevos paradigmas macroeconómicos:

Los efectos de la Pandemia y los esfuerzos de los gobiernos a nivel global por incentivar el consumo en las personas y la inversión en el sector productivo, además de la dinámica desarrollada por los bancos centrales en torno a las tasas de interés, es un tema de discusión entre los expertos en política económica, quienes se cuestionan si es necesario reevaluar el paradigma de la forma en cómo estos mecanismos de intervención seguirán funcionando de la manera en que tradicionalmente lo han hecho, para definir el comportamiento de las principales variables económicas.

Oportunidades: si bien los niveles de interés altos en el corto y mediano plazo resultan algo retadores para la inversión, también es claro que incentivan niveles de endeudamiento más sanos de los agentes y mayor responsabilidad en el gasto público en los estados con mayores niveles de institucionalidad, lo que en largo plazo incentiva mayores niveles de productividad.

  1. Biodiversidad y desarrollo sostenible:

La biodiversidad es el pilar de la prosperidad económica. Más de la mitad del PIB global, que en el año 2022 estuvo cerca de 100 mil billones de dólares, es altamente dependiente de actividades relacionadas con la naturaleza. Más del 70% de la población que vive en pobreza depende de los recursos naturales para generar ingresos a través de la agricultura, la pesca, la silvicultura u otras actividades basadas en la naturaleza.

Los datos destacados: los países megadiversos son 17 en total y agrupan el 70% de todas las especies conocidas. Desde Latinoamérica sobresalen países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y México.

Tensiones y oportunidades: según la información recolectada, el 66% de las organizaciones no reportan ninguna de sus emisiones externas, que son aquellas que se producen a través de la cadena de valor, aunque estás suponen alrededor del 90% del total de la empresa. Dentro de las oportunidades se consolidan la protección del medio ambiente, la provisión de servicios ecosistémicos, la resiliencia al cambio climático y la creación de empleo.

  1. Movimientos geopolíticos:

Eventos en el corto plazo, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, el de Israel y Hamás, la ruptura de cadenas de abastecimiento, la constante búsqueda de estabilidad de las economías y los nuevos recursos naturales indispensables para la transición energética, traen una volatilidad que pareciera no perder protagonismo en los próximos años. Grandes transformaciones, como la hiperconectividad, el cambio climático y la escasez de recursos y la variación, serán de largo plazo y cada vez impondrán más desafíos sobre el orden mundial actual.

Los datos destacados: los recientes movimientos políticos orientados al proteccionismo y los riesgos sistémicos que han evidenciado la alta interdependencia a nivel mundial empiezan a ser factores protagonistas en las cadenas de producción y como consecuencia en las relaciones comerciales. Por esto, no es casualidad que palabras como near-shoring, re-shoring y friend-shoring empiecen a tomar más relevancia en los medios de comunicación y en las búsquedas de internet si se tiene en cuenta que países como Estados Unidos vienen tomando decisiones con respecto a sus socios comerciales.

Tensiones y oportunidades: la alta interdependencia en cadenas de abastecimiento que se hizo más evidente con la invasión de Rusia a Ucrania, mostró vulnerabilidades en ciertas materias primas que en la actualidad siguen siendo de gran importancia para procesos de producción, lo que será un desafío a futuro.

Esta fragmentación geopolítica puede ser una oportunidad para nuevos jugadores que logren incorporarse en esta dinámica de mercado aprovechando sus ventajas competitivas.

Los otros temas del informe

El informe dado a conocer por la compañía desde su gerencia de Tendencias y Riesgos también aborda temas adicionales como: migración, mercado laboral, fragmentación geopolítica, nuevos paradigmas macroeconómicos. Este documento busca propiciar conversaciones en diferentes sectores, así como acciones a largo plazo y en diferentes escalas en Colombia y la región, como lo comentó Juanita Gómez, “con el análisis de las tensiones generadas por la adopción de las perspectivas, se espera que empresas y personas tengan una mirada anticipada de las oportunidades que se puedan presentar durante el 2024”.

Fuente https://www.areacucuta.com/

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.

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Por Héctor López Terán

Las corporaciones norteamericanas, en alianza con el Estado y entre sí, vienen rearticulando la estructura industrial para resarcir la demanda interna de insumos y productos necesarios para la seguridad nacional de los Estados Unidos ante el despliegue económico chino.

Desde el gobierno encabezado por Joe Biden, la respuesta despliega estrategias de fortalecimiento de las cadenas de suministro estadounidenses en áreas neurálgicas para su economía y seguridad nacional (The White House, 2021). Los ejercicios de coordinación ilustran un proyecto de unificación controlada del proceso industrial para recuperar terreno ante el dominio chino en el mercado mundial (The White House, 2022).

Tras el telón el Estado norteamericano promueve el desarrollo de materiales necesarios para la producción interna mediante incentivos fiscales y financieros para las grandes corporaciones. La búsqueda de la producción interna contra la dependencia y control externa develan el trasfondo de las estrategias económicas desenvueltas en los últimos años. Evitar las desventuras pasadas durante los tiempos críticos de la pandemia de Covid-19 están tras bambalinas, por ejemplo, de la Ley de Chips, la cual procura impulsar la producción de semiconductores dentro del país para disminuir la sujeción a la producción taiwanesa (CHIPS and Science Act of 2022). Así, el vínculo público-privado persigue aumentar la competitividad en el mercado mundial, incentivar la producción interna y disputar terreno perdido en la economía mundial.

Las estrategias de política norteamericana, ajenas a su discurso liberal pregonado fuera de sus fronteras, se adscriben en un reordenamiento estratégico de las industrias fragmentadas en función del costo-beneficio y la rentabilidad financiera a corto plazo en décadas precedentes. En la impaciencia por restablecer dominio en el terreno global respecto a China busca solventar la carencia de insumos naturales -mucho de ellos minerales- para el desarrollo de su economía, infraestructura, seguridad nacional y energías renovables (U.S. Geological Survey, 2022) a través de políticas internas que entrelazan diferentes sectores industriales. Estado y empresa planean reconfigurar el rezago industrial derivado del modelo de gobernanza empresarial financiarizado que desfragmentó el proceso de producción tendiente a generar mayores rendimientos en la esfera financiera con consecuencias graves en la economía real (Durand & Gueuder, 2018).

En esta alianza se despliega un control de insumos y procesos productivos que alteran los escenarios internos y las tácticas externas. En una mirada atrás no tan distante encuentra en América Latina la posibilidad de repotenciar sus intereses al encontrar una región con suficiencia de recursos naturales, humanos y no humanos, y un área geográfica estratégica imprescindible para la gestión de sus maniobras de relocalización. En los últimos años, el nearshoring resuena en la superficie como una posibilidad económica de atracción de inversiones, principalmente, de empresas norteamericanas interesadas en trasladar y reinstalar sus plantas industriales en territorio latinoamericano, no por ello el Banco Interamericano de Desarrollo estima añadiría en el corto y el mediano plazo 78,000 millones de dólares anuales en exportaciones de bienes y servicios (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022) y retumba en el fondo como un potencial replanteamiento político-económico de los Estados Unidos sobre la región. 

La posibilidad de expansión de capitales en la región se expresa como una posibilidad de reorganización y control de las cadenas de valor cercanas a sus fronteras que sobrepasa la dimensión económica. Por tanto, el reordenamiento corporativo adhiere una dimensión geopolítica a partir de la intención de integrar y agrupar bloques de países con valores impulsados por la Casa Blanca. Ahora, en un escenario mundial de conmoción bélica y disputas políticas exacerbadas en todo el orbe, los Estados Unidos instituyen una política de “amistad” que conjugue la idiosincrasia política y cultural norteamericana sustentada en los principios de la democracia liberal como eje transversal de sus relaciones económicas.

Países “amigos” ahora integrados en una dinámica de friendshoring -como lo expresó la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen- intenta ir más allá de la reestructuración económica norteamericana y de la inyección de inversiones en nuevos territorios al proponer un agrupamiento de bloque estratégico que contrarreste el avance encabezado por China. En la búsqueda de aliados políticos y económicos, los ojos de los Estados Unidos miran a América Latina como un escenario central de fabricación global, pero también como un territorio potencial para sustentar la defensa de sus “valores democráticos” y su seguridad nacional.

Por tanto, la reorganización productiva como estrategia logística o de reducción de costos para las grandes corporaciones estadounidenses, apoyadas por el Estado, tiene de fondo la tentativa de un despliegue geopolítico de control y alineamiento regional. Así, la repotenciación del vínculo de las empresas con el Estado norteamericano para fomentar proyectos muestra, en lo interno, una especie de remembranza hamiltoniana de impulso industrial por medio del financiamiento del Estado, y en lo externo, las pretensiones geopolíticas de la unidad estado-corporación en la búsqueda de expansión y rentabilidad que asegure una posición estrategia ventajosa con capacidad de control y dominio en escenario mundial en disputa.

Referencias

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Nearshoring agregaría US$78.000 millones en exportaciones de América Latina y Caribehttps://www.iadb.org/es/noticias/nearshoring-agregaria-us78000-millones-en-exportaciones-de-america-latina-y-caribe

Bárcena, A. (2018). Estado de situación de la minería en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades para un desarrollo más sostenible. IX Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, Lima.

Durand, C., & Gueuder, M. (2018). The profit–investment nexus in an era of financialisation, globalisation and monopolisation: A profit-centred perspective. Review of political economy30(2), 126-153.

The White House. (2021, febrero 24). Executive Order on America’s Supply Chains. The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/

The White House, T. W. (2022, febrero 22). FACT SHEET: Securing a Made in America Supply Chain for Critical Minerals. The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/22/fact-sheet-securing-a-made-in-america-supply-chain-for-critical-minerals/

U.S. Geological Survey. (2022). U.S. Geological Survey Releases 2022 List of Critical Mineralshttps://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals

Héctor López Terán. Economista, especialista en Historia Económica y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Actualmente estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos (UNAM).

Publicado por el Núcleo de Pesquisa de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial GIS/UFRJ

Publicado por Rebelión

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.

Fuente https://rebelion.org/la-geopolitica-de-las-corporaciones/

Por Dr. Jorge Alejandro Suárez para No te Olvides del Sahara Occidental

ECS. Madrid. | De tanto en tanto observamos que algunos proponen ya como solución al conflicto del Sáhara Occidental, aceptar el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007. Esto fue apoyado por los llamados Plan Baker I y II, que naufragaron, tanto por razones políticas y jurídicas. Ahora, la administración Biden, según subsecretario adjuntoJoshua Harris, dice que apoya esta solución. Lo ha anunciado la semana pasada desde Argel.

Bajo una lectura simplista de la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que insta a las partes a buscar una salida realista al conflicto. Ello no significa aceptar la solución de una de las partes, sin más argumento que su peso demográfico o político. Una solución realista implica tener en cuenta varios factores en el complejo geopolítico, que es el Magreb.

Desde hace largos años, el régimen de Marruecos propone como única alternativa para salir del conflicto un régimen de autonomía regional. Se mantiene inamovible y sobre una posición de fuerza, con apoyo político de Francia en Naciones Unidas, rechaza cualquier idea o propuesta distinta a la de un “Sahara marroquí”.

Esto lo señala claramente uno de lo puntos sobre la llamada Iniciativa marroquí de autonomía del Sahara: «En respuesta a esta llamada de la comunidad internacional, el Reino de Marruecos se ha inscrito en una dinámica positiva y constructiva, comprometiéndose a someter una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara, en el marco de la soberanía del Reino y de su unidad nacional.»

Las resoluciones de Naciones Unidas donde claramente hablan del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, como del dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975, no tienen valor para Rabat, que se empecina en la integración del Sahara – a pesar de que la ocupación ha sido declarada ilegal – como única salida, dejando también de lado los compromisos que surgen del Plan de Arreglo.

Para Marruecos, el derecho de autodeterminación tiene una interpretación errónea. El estatuto de autonomía, resultante de las negociaciones, será sometido a una consulta mediante referéndum de las poblaciones concernidas, conforme al principio de la autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Es sabido que el principio de autodeterminación es bien distinto, hablando el lenguaje coloquial, es el derecho que tiene un pueblo a elegir su propio destino, entre ellos conformar un estado independiente. O como dice el Dr. Carlos Ruiz Miguel la soberanía del territorio pertenece a la población originaria. Por ende, los saharauis son los únicos depositarios de la soberanía del Sáhara occidental.

En su momento el ex secretario general Koffi Annan, consideró que el referéndum sobre el Sahara, habría un ganador y un perdedor, razonamiento que tomó muy en cuenta Marruecos. La pérdida de las “provincias del sur” es políticamente inaceptable, por muchos motivos. En primer lugar, el delicado equilibrio del régimen marroquí está estrechamente con el conflicto.

Esto en el pasado justificó ideológicamente al régimen, como también sus abusos y represión política. Económicamente también tendría su impacto, por la cuestión de la minería del fosfato y la pesca. Por ende, asumiendo el costo político, correspondiente, Marruecos ha optado por una política de negar a los saharauis como actor en el conflicto e imponer su voluntad unilateralmente, buscando consensos en la comunidad internacional.

Hasta ahora ningún Estado, ha reconocido la anexión marroquí salvo el ex presidente Trump y los intentos de hacerla valer, ha sufrido duros reveses, como en fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Las promesas marroquíes, incluyen un estatuto de autonomía, la creación de una región autónoma del Sahara con su ejecutivo, parlamento, poder judicial, fuerzas policiales, capacidad tributaria propia en determinadas materias, competencias en materia de vivienda, cultura, deportes, promoción económica, infraestructura. El Estado marroquí queda como responsable de la defensa nacional, legislación de fondo, relaciones exteriores, atributos propios de la soberanía del Estado (himno nacional, bandera, moneda, etc.).

La Iniciativa marroquí propone una consulta vía referéndum en el marco de una serie de negociaciones con las “poblaciones” del territorio. En este marco habla de la creación de consejo de transición responsable de la repatriación (no menciona para nada el término saharaui o refugiado), desmovilización y desarme de “elementos armados”.

El plan de autonomía marroquí contrario a la geopolítica

La doctrina internacional, como la jurisprudencia son claras respecto al concepto de “autodeterminación”. El Plan de arreglo de 1991, los fallos de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de la UE, el dictamen del Asesor Jurídico de Naciones Unidas de 2002, resoluciones de Naciones Unidas son contundentes en relación al conflicto.

Por ende la idea que quiere imponer Marruecos es incompatible con el derecho internacional. Pero hay otras circunstancias que resultan inaceptables para los actores que forman parte del conflicto. En primer lugar, para la República Saharaui, reconocida por más de medio centenar de naciones y la Unión Africana. Y por otro lado, por Argelia y Mauritania, y también en menor medida por España.

Es sabido que Marruecos tiene una relación conflictiva con sus vecinos. Históricamente sostiene la idea del llamado “Gran Marruecos” un objetivo de extender las fronteras nacionales sobre una serie de espacios sobre una lectura tergiversada de la historia.

Detrás de esta visión, está el control de ricos recursos estratégicos y transformar al país en una potencia de primer orden en la región, siendo funcional a los intereses franceses.

Francia ha sido el principal sostén político estratégico de Rabat. La guerra del Sahara, no hubiera sido posible sin el apoyo militar francés. Estados Unidos apoyó con medios y asesores recién en los 80. La invasión del Sahara fue factible gracias al equipamiento francés, incluso hasta el día de hoy, el desarrollo naval marroquí, va de la mano del apoyo francés.

El expansionismo marroquí, beneficia a Occidente.

En su momento, el apoyar la invasión marroquí del antiguo Sahara Español, impidió que Argelia extendiera su influencia política, no solo en el Sahara, sino también se consolidara en Mauritania. El fortalecimiento marroquí, es observado con preocupación por sus dos vecinos. Argelia y Mauritania. La política de contención del ascenso de Marruecos como potencia regional es mantener vivo el conflicto saharaui.

Argelia con su apoyo a la República Saharaui, permite que 100.000 soldados marroquíes sigan aferrados a los llamados “muros defensivos”, manteniéndolos lejos de la frontera argelino marroquí. Las zonas liberadas vendrían ser una suerte de “zona de amortiguación”.

Argelia ha percibido el rearme de Marruecos, lo que se ha traducido en los últimos diez años de apuesta al desarrollo de capacidades industriales, potenciar el poder naval y aéreo. La ventaja argelina en lo naval, es evidente, con capacidad anfibia, submarina y de combate de superficie. La flotilla de submarinos argelina de origen ruso, puede bloquear la salida de los medios navales marroquíes.

El potencial energético de Argelia, convierte al país en un actor de fuste. La experiencia en guerra antiterrorista, lo transforma en un factor a considerar. Los argelinos mantienen una estrecha vinculación con Rusia y han sabido explotar en el marco del 11 – S, una buena relación con Estados Unidos, en el marco de la guerra global contra el terrorismo.

La caída del régimen libio, el caos reinante, el avance del islamismo político y el fortalecimiento de ciertos grupos que operan en la franja del Sahel, gracias al narcotráfico, la trata de personas y el hundimiento de Libia, que dejó un valioso arsenal a merced para terroristas de diversos pelajes, puso en aprietos al gobierno en Argel.

Mauritania percibe la amenaza marroquí, recordemos que la República Saharaui controla una estrecha franja que separa los muros defensivos del extremo sur de la frontera saharaui mauritana. Esto permite mantener lejos a las tropas marroquíes del vital ferrocarril que conecta el puerto de Nuadibú y las minas de hierro. Dicha vía férrea es de valor estratégico, dado que la economía mauritana descansa en gran parte en dicho mineral.

El control de la localidad de La Güera, también permite crear una zona de seguridad para la ciudad y puerto de Nuadibú, centro económico de primer nivel del país. La crisis de Gueguerat, afectó a la seguridad mauritana, que para los intereses de Nuakchot, es inadmisible que La Güera sea ocupada por Marruecos. En el marco de esta debilidad política y militar de Mauritania frente a Marruecos, observamos el acercamiento con China (interesada en la minería del hierro) que ya se traduce en el plano militar, que pocos analistas han notado, que el apoyo chino en el plano militar es significativo, especialmente en materia naval. Algo que debe llamar la atención es la venta de un buque anfibio, lo que permitiría ejecutar operaciones a pequeña escala y desembarcar un equipo de combate blindado en cualquier punto del litoral mauritano. El fortalecimiento naval marroquí, alarma a sus vecinos. Por otro lado, Mauritania tolera la presencia de sectores críticos del Polisario, en la estrategia para la recuperación del territorio ocupado.

Los líderes políticos mauritanos, la República Saharaui es un factor clave para su propia seguridad. Un estado saharaui que ejerza el control del antiguo territorio del Sahara Español, mantendría lejos a Marruecos de sus fronteras. Mauritania compensa su debilidad, por un lado con una neutralidad positiva hacia la República Saharaui, y por otro, buenos vínculos con la antigua potencia colonial, Francia, que apoya en su lucha contra el terrorismo (que llegó a poner en riesgo la viabilidad del Estado mauritano) y con España, a través de cooperación en materia de pesca, migración ilegal, terrorismo, desarrollo económico.

Esta relación con miembros de la UE, tiene su contrapeso, China. Este país ha realizado inversiones en infraestructura, incrementar las relaciones políticas y económicas, además de la faceta militar.

España ha tenido una política de apaciguamiento, a veces lesivos para los propios intereses españoles. Especialmente en materia de migración, lucha contra el terrorismo, narcotráfico, explotaciones pesqueras. Los gobiernos españoles cometieron el grave error de no hacer cumplir los llamados Acuerdos de Madrid en todos sus extremos, especialmente para mantener cierto control de la empresa minera Fosbucraa, una de las principales productoras mundiales de fosfato.

La capacidad negociadora de España fue disminuyendo y ha sido permeable a las presiones de Marruecos. Es por ello que como mecanismo de prevención hacia el expansionismo hacia Ceuta y Melilla que Marruecos reclama como propias, en el marco de la ya citada ideología del “Gran Marruecos”, España se mantiene al margen.

Existen importantes lazos económicos, lo que sirve en cierto modo de garantía para evitar conflictos mayores. Un ejemplo es el incidente del islote del Perejil. Marruecos se beneficia de las inversiones españolas y de los barcos que explotan sus ricos bancos de pesca.

El status quo del conflicto, el cual hace que lo mejor del ejército marroquí, esté estacionado en el Sahara Occidental, como mecanismo de disuasión y también en el marco del programa de marroquinización de dicho territorio.

El conflicto hace que dichas fuerzas estén lejos y no en las puertas de Ceuta y Melilla. Existen otros intereses, que para nada verían con buenos ojos que una de las riberas de las llamadas “aguas” del Estrecho de Gibraltar, esté en manos de un solo estado.

Esta política de “divide et impera” permite que no exista un actor hegemónico en dichas aguas y que pueda ser un factor que atente contra la libertad de movimiento de ciertos países centrales con intereses en el Mediterráneo (Estados Unidos en primer lugar y en menor medida el Reino Unido). Creemos que España cometió un grueso error, de salir de la “alianza” atlántica que forjó el presidente Aznar con Estados Unidos.

Asimismo observamos que no se percibe correctamente la apuesta marroquí por hacer crecer sus fuerzas navales, especialmente con la idea de adquirir capacidad de operar submarinos. España debe revisar su estrategia en el “flanco sur” especialmente sus lazos con Mauritania, Argelia y el incrementar la presencia propia en Canarias.

Consideramos también importante mantener lazos con los saharauis a través de la ayuda humanitaria, crear un instituto Cervantes en los campos de refugiados y apoyar por medios indirectos que la República Saharaui sobreviva. España debe mantener opciones para situaciones de tensión con Rabat.

En el hipotético caso que Marruecos legitimara su presencia en el Sahara, saldría fortalecido políticamente y ello animaría a consolidar su poder en el espacio que ellos consideran propio. La presión sobre Ceuta y Melilla sería insoportable, buscando a través de hechos consumados, la anexión de dichos territorios.

Esto sería una tragedia geopolítica para Madrid. Asimismo, se abre el capítulo en relación a Canarias y sus espacios marítimos, donde existe un conflicto en ciernes. Mauritania tendría como país vecino un Marruecos fortalecido y caer su órbita o influencia sería una consecuencia.

Esto exacerbaría ciertos ánimos nacionalistas, ante el temor de ser satelizados. El choque con Argelia sería una consecuencia lógica, dado que se abriría el viejo capítulo de las fronteras no definidas, como consecuencia de la Guerra de los Oasis de 1963.

La competencia entre ambos estados se incrementaría y un conflicto de mayores proporciones sería una realidad. ¿Y los saharauis? Años de exilio, como de represión política en la zona ocupada, han exacerbado ánimos nacionalistas. Después de cuatro décadas de resistir, de guerra y miseria, que todo ello sea arrojado por la borda, puede llevar a sectores del Polisario como de la población a no aceptar la idea de un Sahara marroquí y los lleve a la lucha armada a gran escala, situación que puede ser explotada por los grupos terroristas que operan en la zona.

Esto no es una fantasía, un ejemplo fue el caso del movimiento separatista tuareg Azawad, cuya rebelión, fue “copada” por grupos salafistas, armados y fortalecidos por las armas que quedaron disponibles tras el hundimiento del régimen libio.

Las hordas yihadistas pusieron a Malí contra las cuerdas. Solo la ayuda internacional, impidió que este país se convirtiera un nuevo “califato”. Parece que muchos olvidan que de los suburbios de las grandes ciudades marroquíes, azotadas por la pobreza y el desempleo, partieron millares de jóvenes a lucahr bajo la agenda extremista de grupos ligados al Qaeda o el siniestro Estado Islámico.

El derrumbe de este último y la derrota de los grupos yihadistas frente al régimen de al Assad, abre la posibilidad que millares de combatientes experimentados, regresen de nuevo al Magreb. Europa ha sentido el impacto del retorno de muchos ex combatientes. Recordemos que Argelia padeció dicho fenómeno, cuando antiguos combatientes provenientes de Afganistán, engrosaron las filas del Grupo Islámico Armado, desatando una guerra que le costó al país 200.000 muertos.

El mantenimiento del status quo en el conflicto del Sáhara Occidental, no es algo inocente, responde a los intereses de los actores en pugna. Incluso para la República Saharaui, le permite controlar una facción del territorio disputado, lo que le permite tener anclaje territorial, algo que jurídicamente le permite justificar su “estatalidad”.

El problema es el manejo de la escalada de tensión que obedece a agendas políticas domésticas. Para el caso marroquí los conflictos externos fueron una excelente válvula de escape para tensiones internas. El conflicto del Sahara se potenció en los 70, dado las tensiones internas que tuvo el Palacio con sus Fuerzas Armadas y una situación social deteriorada por la pobreza y el subdesarrollo.

La guerra permitió aglutinar la opinión pública, en el marco de exacerbación nacionalista y también disciplinar a los partidos políticos. Mantener a las fuerzas militares lejos del Palacio, tiene que ver con esos delicados equilibrios internos.

Vale la pena destacar que Marruecos no tiene Estado mayor conjunto o ministerio de defensa, esto refuerza el control del monarca sobre sus fuerzas armadas, incluso los principales arsenales están en manos de la Gendarmería. En el caso de Argelia, a través de un tercer actor, la República Saharaui, mantiene lejos a su rival marroquí de sus fronteras, lo que permite mantener congeladas viejas disputas fronterizas y erosionar o contener las ambiciones hegemónicas de Rabat en el Magreb.

Mauritania reconoció la República Saharaui en 1984, su situación es vulnerable al conflicto, dado los lazos culturales con los saharauis. Un conflicto regional, tendría consecuencias para la estabilidad interna del país. En su momento, la guerra del Sahara llevó al país al borde del colapso y tensiones muy fuertes entre la población negra del sur y las poblaciones arabizadas del norte.

El esfuerzo de los saharauis de mantener seguro las zonas liberadas – reconocido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en tiempos de Obama – impacta en la seguridad de la vulnerable frontera norte de Mauritania. También, a pesar de los marroquíes, la presencia de la RASD en las zonas liberadas mantiene lejos a los grupos terroristas de la zona ocupada por Marruecos. Es sabido que las células de al Qaeda han infiltrado los muros defensivos.

España gracias a la relativa estabilidad mantiene lejos la amenaza terrorista lejos de su vulnerable flanco sur. Asimismo puede controlar de alguna manera el drama de los refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo o el Atlántico rumbo a Canarias.

La seguridad de España, es la seguridad del flanco sur de Europa. Por ende, la escalada de una crisis, es algo sumamente delicado. Otros actores también están interesados en la estabilidad, una escalada generaría problemas para las lucrativas explotaciones pesqueras, petroleras y del fosfato de la zona. El apoyo militar chino a Mauritania está estrechamente ligado a garantizar la minería del hierro. La creciente presencia de la OTAN en África, también está vinculado a cuestiones económicas y al control de las migraciones no controladas y el terrorismo.

¿Mantener el status quo es la solución?

Definitivamente no, solo mantiene las crisis congeladas, pero no por mucho más tiempo. Esto también desgasta a los actores en pugna y alimenta posturas radicalizadas. Tarde o temprano puede estallar una crisis con consecuencias difíciles de ponderar. Los choques armados a lo largo de los Muros defensivos, tras la crisis de Guerguerat de 2020, puede derivar en un conflicto armado con impacto regional.

Es por ello que es imperioso, una solución realista, bajo con concepto donde no haya perdedores, o mejor dicho que las partes tengan un impacto político, pero que puedan ser de una magnitud que puedan soportar. Entonces, una salida puede ser la partición del territorio entre Marruecos y la República Saharaui.

En su momento fue propuesto, y el liderazgo Polisario lo aceptó, mientras que Rabat apuesta a una política de todo o nada, buscando desgastar a su enemigo., pero que no hace más que alimentar tensiones en la región.

El gobierno de Rabat está empecinado en ver la realidad, la existencia de la República Saharaui. Ingresó en la Unión Africana con la idea de sacarla de dicha entidad, lo que ha generado fracturas, pero no ha logrado avances significativos.

Es más está en contradicción con el derecho. Como hemos venido diciendo, el ingreso de la Unión implica aceptar las fronteras heredadas de tiempos de la dominación colonial, romper con este mandato, es abrir las puertas a conflictos. Muchos consideran que un Estado saharaui, sería un estado fallido.

Vale la pena recordar que la RASD es una realidad desde 1976 y desde 1991, ejerce efectivamente el control sobre una fracción del territorio, donde los intentos de infiltración terrorista han fracasado. La RASD es una entidad viable y con escasos recursos ha logrado mantener una estabilidad interna e institucional por décadas, mientras muchos países africanos han atravesado en estos cuarenta años, decenas de golpes y conflictos políticos internos.

Creemos que existe un escenario para llegar a buen puerto. La idea de partición del territorio, donde Marruecos mantenga su presencia en el llamado “Triángulo Útil”, quedando la región del Río de Oro en manos efectivas de la RASD, asimismo en este acuerdo deben estar incluidas Argelia, facilitando el acceso al mar de la región de Tinduf y Mauritania, también puede beneficiarse en programas de cooperación.

Sea como fuere, las soluciones que se busquen deben tener en cuenta que la República Saharaui es una realidad y cuya existencia es vital para la seguridad y estabilidad de la región. Considerar su supresión, no solo es contrario al derecho internacional y un crimen, es no entender el complejo entramado geopolítico del Magreb.

Origen: La idea de un régimen de autonomía en el Sáhara Occidental “a la marroquí”

Publicado por No te Olvides del Sahara Occidental

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.

Por Jesús A. Núñez Villaverde

No puede decirse que el comunicado conjunto emitido el pasado día 6 por Mauritania y Chad sobre el fin de la iniciativa G5 Sahel constituya una sorpresa para quienes siguen la evolución del clima político que afecta a sus cinco miembros: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. De hecho, éste ha sido el último paso de una secuencia que se aceleró aún más con la exigencia de la junta militar que dio un golpe de Estado en Malí, en mayo de 2021, para que Francia retirara su presencia militar del país. Una decisión a la que se han sumado más recientemente los militares golpistas de Burkina Faso y Níger y que ha desembocado el pasado 3 de diciembre en el anuncio de las autoridades de Niamey y Uagadugú de su retirada del G5 Sahel por considerar que su permanencia en esa organización regional es incompatible con su “independencia y dignidad”.

De ese modo se remata de hecho el fin de una instancia que nació en 2014 como resultado del convencimiento de los gobiernos de los cinco países citados (y de la presión europea) sobre la necesidad de sumar sus fuerzas en la implementación de un enfoque integral para garantizar las condiciones de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza; con el añadido de una fuerza conjunta creada en 2017 para coordinar la lucha contraterrorista en un intento por frenar la expansión de los grupos armados que amenazan gravemente la seguridad regional. Una iniciativa demasiado sesgada por su enfoque predominantemente securitario y que, en todo caso, no ha logrado cumplir ninguno de dichos objetivos.

Y por si eso no bastase para señalar la intención de las nuevas autoridades de desmarcarse de la órbita francesa y europea, tan sólo un día más tarde Níger completaba su apuesta antioccidental con la revocación de dos acuerdos establecidos con la Unión Europea (UE) en materia de seguridad y defensa. Eso supone, en el primer caso, poner fin a la Misión de Capacitación de la Unión Europea en Níger (EUCAP Sahel Níger), nacida en 2012 para promover la mejora de las fuerzas de seguridad interior (Policía Nacional, Gendarmería y Guardia Nacional) en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. En el segundo implica que las nuevas autoridades nigerinas no se sienten comprometidas a mantener lo que ellas mismas califican de “privilegios e impunidad” de los componentes de la Misión de Asociación Militar de la UE en Níger (EUMPM Níger), establecida el pasado mes de febrero a petición del gobierno liderado por Mohamed Bazoum (depuesto en julio por el golpista Abdourahamane Tiani) para mejorar la aptitud de las Fuerzas Armadas para contener la amenaza terrorista, proteger a la población y garantizar un entorno seguro de conformidad con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En paralelo a ese visible alejamiento de la órbita occidental se detecta un notorio acercamiento a Moscú y Pekín.

Sirva de ejemplo que el mismo día del anuncio nigerino se conocía la noticia de que el hombre fuerte de Níger se había reunido en Niamey con el viceministro de defensa ruso para firmar un acuerdo en materia de cooperación militar, que parece incluir el despliegue de efectivos del grupo mercenario Wagner. Una decisión que no solamente deja claro el giro de las alianzas que pretenden establecer las nuevas juntas militares de la región, sino que apunta a escenarios aún más inquietantes para una UE crecientemente desairada y preocupada. Una preocupación que deriva, por un lado, del auge de la amenaza terrorista en la zona (si en 2016 se registraron 800 muertes en atentados, en 2021 ya fueron 6.000) que representan tanto los grupos ligados a al-Qaeda (con JNIM, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, como referencia principal) y al Estado Islámico (con Estado Islámico en el Gran Sahara en cabeza), como otros que apenas son más que bandas criminales recubiertas con una ligera patina ideológica. Por otro, no es menos alarmante el impacto de la creciente presión migratoria, precisamente cuando se acaba de saber que el gobierno nigerino decidió el pasado 27 de noviembre anular la ley de 2015 contra el tráfico de personas, lo que hace prever que disminuya la vigilancia contra las mafias dedicadas a ese execrable negocio.

Como consecuencia de todo ello, la UE, que todavía no parece haber asumido la necesidad de reformular profundamente su enfoque tradicional, demasiado lastrado por su sesgo jerárquico y su énfasis en la seguridad a toda costa –con fracasos tan sonoros como la operación Barkhane– su apoyo a gobernantes crecientemente ilegítimos y su defensa a ultranza de los privilegios heredados de la descolonización, se encuentra ahora sin apenas margen de maniobra a corto plazo, al tiempo que Rusia y China medran sin freno, aprovechando los reiterados errores occidentales a lo largo de décadas para ganarse la confianza de unos dirigentes de los que difícilmente cabe esperar que vayan a centrar sus esfuerzos en mejorar el nivel de bienestar y seguridad de sus poblaciones o que se vayan a comprometer en hacer frente conjuntamente a la crisis climática, al terrorismo yihadista y a tantos otros problemas que afectan a los países del Sahel, cuando su prioridad es fortalecer sus posiciones de poder frente a potenciales rivales internos.

Entretanto, y en un intento para evitar el descalabro completo, se percibe un cierto relajamiento en el marco de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) tras su reciente cumbre en Abuja, apuntando por boca del presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, la conveniencia de relajar las sanciones a las juntas militares golpistas a cambio de que se comprometan a llevar a cabo planes de transición breves y realistas, que puedan llevar a la democracia y la buena gobernanza.

Fuente Real Instituto Elcano

Link de la publicacion:

https://www.realinstitutoelcano.org/blog/el-sahel-se-desmarca-abiertamente-de-occidente/?utm_source=newsletter273&utm_medium=email&utm_campaign=dic2023&_cldee=9MZHeyprsLnQnaMbRF6sjN9EDUQ0UP_oRGbaDxoTsuVL4QRSw_ZkWvpGxdbyhOs4&recipientid=contact-e33d168fc89de911aa05000d3a2065c5-bc8249603e824c978cb6e14bc0184709&esid=90e4235e-e4a0-ee11-be37-6045bd8c5364

Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente las de Dossier Geopolitico.