Hoy por hoy nuestra región Latinoamericana no sigue ajena a las innumerables embestidas, organizadas e implementadas por potencias extranjeras con plenos intereses en este último rincón del mundo; una zona de vital importancia geoestratégica, quizás la de mayor importancia en los próximos 50 años, debido a los múltiples bondades que ofrece para toda la comunidad mundial, empezando por los recursos naturales, pasando por las riquezas vírgenes por descubrir en zonas aun inexplorada por la raza humana para culminar con la contaminación de nuestra aun democracias frágiles pero que garantizan a nuestros ciudadanos una vida en paz y plena para su normal desarrollo.
Una de esas embestidas en tantas sufridas estos últimos años, sobresale como una especie de moda en Latinoamérica la: Guerra jurídica o LAWFARE, una palabra inglesa de reciente acuñación que aún no figura en el Diccionario Inglés de Oxford, y es una contracción gramatical de las palabras «ley» (Law) y «guerra» (warfare), esta última para describir una forma de guerra asimétrica. define «Guerra jurídica» como el uso ilegítimo interno, o del derecho internacional con la intención de dañar a un oponente, consiguiendo de dicha manera la victoria en unas relaciones públicas, paralizar financieramente a un oponente, o atando en el tiempo a estos para que no puedan perseguir otras empresas como presentar sus candidaturas a cargos públicos. El término «guerra jurídica» se usa más comúnmente como una etiqueta para criticar a los que utilizan el derecho internacional y los procedimientos legales para hacer reclamaciones contra el Estado, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad nacional.
Son varios los juristas y expertos que se han pronunciado sobre esta problemática en cuestión. Hay voces que expresan que desde el final de la guerra fría, los EEUU prefieren tener el control sobre Latinoamérica, por vías de apariencia democrática, como ser a través del control del Poder Judicial; sin emitir juicio personal sobre el mismo, nuestro país es una muestra acabada de ello, al menos la realidad va marcando y demostrando esta modalidad con varios dirigentes del campo popular, mas allá de los diferentes casos, para no generalizar la cuestión.
Las características más comunes que se perciben y que en la actualidad parecieran ser algo normal en cualquiera de nuestros países hermanos, debido al silencio sepulcral de quienes tienen la responsabilidad, puesto que fueron elegidos legítimamente en elecciones democráticas para representar y defender al pueblo de estas embestidas, están rodeadas de un inentendible silencio sepulcral. Entre esas características a la que se ha hecho mención precedentemente son: Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos pocos fiables, ausencia de pruebas, implicación de los grandes medios de comunicación, condena decidida de antemano, entre otras, prácticamente en resumen, un disciplinamiento estricto, que en nada ayuda a consolidar las instituciones democráticas.
Según un sondeo de Américas Barometer, se estima que un 19% de la población latinoamericana paga sobornos. He ahí una posible explicación antropológica y cultural. Sea real o percibida, lo cierto es que el explosivo crecimiento de las redes sociales, la expansión de una clase media políticamente muy activa y la extendida percepción de que las instituciones y las estructuras económicas favorecen a una pequeña élite han disparado la visión de la corrupción como uno de los mayores problemas.
“Te ayudo a ganar elecciones y tú me das esa concesión millonaria”. Este modus operandi, particularmente potenciado por la gigantesca constructora brasileña Odebrecht, se ha normalizado. Y los antiguos gobiernos de izquierda (particularmente el argentino y brasileño), salpicados por las declaraciones incentivadas por leyes que favorecen la delación, aún no han hecho autocrítica, seguramente por miedo a que podría usarse en su contra, obviando que la verdad tiene una fuerza propia. No obstante, las ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, la primera encausada por corrupción y la segunda destituida tras un golpe de Estado institucional, han lanzado un mensaje en el que destaca el concepto “lawfare”, criticando la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes opositores.
Entre otros ejemplos o casos emblemáticos en la región podemos mencionar los casos de: El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial.
El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia.
El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.
Una perspectiva lógica señala a esta modalidad como un tipo de guerra sin armas y de apariencias democráticas con tres modalidades de ataque minucioso en tres dimensiones, ellas serian: Geográfica: los atacantes eligen el campo más ventajoso, en este caso un tribunal que mejor atienda su objetivo de acabar con su opositor. Dos: entremado de una ley específica para esa guerra. Y tres: los medios de comunicación para crear una sensación de presunción de culpa. Las estrategias del “lawfare” pasan por abusar de las leyes vigentes para deslegitimar y perjudicar la imagen del adversario. Usar el proceso legal para cercenar su libertad, intimidarlo, silenciarlo, influenciar negativamente a la opinión pública para anticipar la sentencia condenatoria y cercenar el derecho a una defensa imparcial.
Los objetivos que se persiguen son similares a los que otrora buscaban directamente las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Y lo hacen a través de expertos, que manejan el lenguaje jurídico, en contraposición al lenguaje contaminado por la política. El proceso de recorte del Estado y de lo público incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la ineficiencia del Estado. La corrupción venía de la mano de una mala gestión de los políticos que creían e impulsaban lo público, y debía ser extirpada para devolver la supremacía de lo privado.
En ese sentido, no resulta sorprendente constatar que la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. Y se ha cebado con los líderes latinoamericanos que impulsaron ese cambio. Tampoco pueden pasarse por alto el «timing político», ya que el caso judicial (como arma) se hace público en momentos de alto coste político para la persona o grupos que son desprestigiados; la reorganización de los aparatos judiciales, las élites, con el control del aparato del Estado, colocan en espacios clave a «técnicos» (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno para atacar al adversario y prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de este; o el doble rasero de la ley: pueden salir a la luz varios casos, pero se elige hacer seguimiento a unos para producir consentimiento sobre la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, y se invesibilizan o desestiman otros, como es el caso de las empresas offshore que Macri tenía en Panamá.
Por último, y más allá de gobiernos de izquierda o derecha, sumado ahora a nuevos actores, pero nunca para bien sino a tono con la decadencia moral de estos tiempos el poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional en muchos casos se benefició de ella, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales. La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El lawfare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.
Sin dudas estas líneas obedecen a expresar la decadencia en la que paulatinamente fue cayendo la dirigencia política en general de los últimos tiempos, y también porque es menester hacerse el mea-culpa como requisito sine qua non, para poder comprender el contexto histórico por el cual atraviesa nuestra región y merced a todas estas problemáticas, diagramar el tipo o modelo de estado que queremos, en esta nueva etapa de la historia signada por las nuevas tecnologías por mencionar algunos de los cambios trascendentales y quizás el más importante, junto a las riquezas en recursos naturales que hoy marcan sin dudas la agenda mundial, y dichos potenciales aún siguen intactos, mientras tengamos políticas de soberanía y de defensa de lo nuestro, que hoy por intereses foráneos y gracias a mercaderes internos, ponen en riesgo el futuro de los mismos.
El futuro de Latinoamérica, será sin dudas estará atado a la integración regional y a la reconstitución de la hermandad en los pueblos hermanos, tal como lo soñaron y lucharon por ello San Martin y Bolívar, una Patria Grande, unida en Estados Continentales, para poder hacer frente a este nuevo mundo y su nuevo entorno.
Dr. Mario Ramón Duarte Abogado
Juez de Faltas – Corrientes – Argentina
Especialista en Derecho Municipal de Faltas y Contravencional
Sec. Gral. CEEYPP. Argentina-Mexico
Analista del Equipo Dossier Geopolítico
Experto en Ciberseguridad y Ciberdefensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_jur%C3%ADdica
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/lawfare-guerra-juridica-democracia_6_806029406.html
https://criterio.hn/2017/12/26/estados-unidos-designa-presidente-honduras-redvoltaire/
Los Estados Continentales y el Mercosur. Alberto Methol Ferre. Ed. HUM. URUGUAY (2013).-
